La democratización de la economía es condicionante y componente de la más que necesaria..., democratización radical de las democracias representativas"
La democratización de la economía es un tema capital para la búsqueda de una alternativa transformadora a la organización política, económica y social de nuestra sociedad y que sin embargo aparece arrumbado en un cajón, no solo por nuestras autoridades e instituciones políticas y económicas, sino incluso por los que pretendemos ofrecer una propuesta que pueda superar las deficiencias de todo tipo ahora existentes, no es la panacea, sino una pieza más de un complejo engranaje, pero sí es una pieza clave.
Es evidente que en la coyuntura actual, de profunda crisis económica, esté o no llegando a su fin, con seis millones de parados, recortes de todo tipo, unas políticas de austeridad sin sentido, que no llevan a ninguna parte salvo al hundimiento de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de los trabajadores y de la gran mayoría de la población, tras tres reformas laborales y de la negociación colectiva realizadas por dos gobiernos de diferente signo (PSOE y PP) en el corto periodo de tres años (2010 a 2012) y que han supuesto un enorme retroceso en los derechos de los trabajadores y un inmenso incremento de la discrecionalidad de los empresarios en las relaciones laborales, puede parecer absurdo plantear este tema de la democracia económica, dentro de las empresas y en el conjunto de la sociedad, pero la realidad es que sin un planteamiento serio, madurado y plenamente, comprendido y asumido por esa autodenominada izquierda alternativa y transformadora, tanto de la democracia económica como de otras cuestiones clave, como son la definición de un nuevo modelo productivo y la búsqueda de un modelo de relaciones laborales, y dentro de él de un nuevo modelo de organización y acción sindical, difícilmente se va a salir de la crisis con perspectivas de futuro.
I.- CONSIDERACIONES PREVIAS
Quisiera empezar con una anécdota: hace unos doce años, en una conversación informal con un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda, este me preguntó que, estando ya jubilado, a qué me dedicaba y le respondí que dirigía un seminario sobre democracia económica a lo que me dijo que en qué consistía eso, si era el sistema fiscal; desde luego, y con esto quiero aclarar un malentendido bastante común, la democracia económica es también democracia fiscal, pero es bastante más que eso. De todos modos la anécdota vale para mostrar el reduccionismo con el que suelen operar nuestras autoridades económicas.
La democratización de la economía es condicionante y componente de la más que necesaria, urgente se podría decir, democratización radical de las democracias representativas y delegadas que se nos quiere presentar como ejemplos cerrados en el mundo desarrollado occidental en el que vivimos. Si la democracia, en todos sus órdenes, político, institucional, judicial, económico y social, es el gobierno del pueblo y para el pueblo, debería estar basada en tres principios básicos de actuación en la sociedad, el debate público, abierto y permanente de todas las cuestiones que nos afectan como ciudadanos, la participación de todos en la toma de decisiones y el control de la puesta en operación de esas decisiones hasta la comprobación de su implantación plena, y ello sean del signo que sean.
Amartya Kumar Sen, premio Nobel de Economía del año 1993 y uno de los más importantes pensadores del siglo XX, publicó a finales del mismo un pequeño libro titulado El valor de la democracia [2] , del cual me voy a permitir tomar prestado una serie de reflexiones que ilustran bastante bien la idea de democracia económica, aunque estén referidas a la democracia sin más.
"Los movimientos a favor de la democracia en todo el mundo son un reflejo de la determinación popular de pelear por disponer de una voz efectiva en materia de participación política" [3].
"[Frente a] la tentativa a la democracia de forma excesivamente restringida y estrecha- exclusivamente en términos electorales y no en términos más amplios… la posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate político y, con ello, de estar en disposición de influir en opciones relativas a los asuntos públicos… la democracia tiene demandas que trascienden a la urna electoral" [4].
"la democracia debe otorgar un lugar capital a la garantía de la discusión libre y a la interacción nacida de la deliberación, tanto en el pensamiento como en la práctica política… y no solo gracias a las elecciones o durante las elecciones" [5].
"El ideal de debate público está fuertemente ligado a dos prácticas sociales que merecen una atención específica: la tolerancia de los distintos puntos de vista (junto con la aceptación total tanto del acuerdo como del desacuerdo) y el fomento del debate público (junto con el respaldo y reconocimiento de que es posible aprender de los otros)" [6].
"Los defectos de la democracia demandan más democracia, y en ningún caso menos" [7].
"Un país no tiene que considerarse como adecuado o preparado para la democracia; en lugar de eso, tiene que volverse adecuado mediante la democracia" [8].
"debemos ir más allá de los estrechos límites del crecimiento económico y examinar la totalidad de las exigencias inherentes al crecimiento, que incluyen la necesidad de seguridad y estabilidad, tanto económica como social" [9].
"La definición conceptual -e incluso la amplitud- de lo que debe considerarse como ‘necesidades’, incluyendo las ‘necesidades económicas’, puede requerir en sí mismo el ejercicio de los derechos civiles y políticos" [10].
II.- LOS AGUJEROS DE LA DEMOCRACIA
Desde la perspectiva aquí planteada, una democracia radical, en las antípodas de la ‘corrección política’ a la que estamos constantemente empujados, estaría fundamentada en el debate público abierto y permanente que impulse la participación en la toma de decisiones y la participación en el control del cumplimiento de esas decisiones. La democracia debe serlo en todos los ámbitos que incumben a la vida en sociedad, el político, el social, el económicoproductivo. Su falta, carencias y/o limitaciones en uno de ellos condiciona tanto al todo como a las partes. Y para que ello no ocurra hay que comprender e impulsar que, en la toma y el control de las decisiones, no existen cuestiones técnicas que solamente pueden ser decididas y controladas por expertos.
De una forma generalizada en nuestro entorno, el capitalismo avanzado, el ámbito en el que menos está desarrollada la democracia es precisamente el económico-productivo, aquél en el que vamos a centrar nuestra atención, ámbito considerado desde el así llamado “pensamiento único” en sus vertientes neoliberal y neoconservadora, como asunto exclusivo de expertos, tecnócratas y propietarios de medios de producción y cambio.
A su vez, ese ámbito económico-productivo, que es el menos, si algo, democratizado de todos los que componen la sociedad, puede ser subdividido en dos componentes principales, relativos a las decisiones y actuaciones de tipo económico que afectan y se dan para el conjunto de la sociedad, por un lado, y a las decisiones y actuaciones que afectan y se dan para la empresa-centro de trabajo. En las primeras, si bien a través de una serie de filtros e intermediaciones, existe alguna posibilidad, laxa e indirecta, eso sí, de participación; en las segundas, en las condiciones actuales, no existe prácticamente ninguna, muy poco y delegada a través de los sindicatos, la participación directa lisa y llanamente no existe.
En lo que sigue se expondrán una serie de aspectos básicos de lo que podría ser una democracia económica tanto para el conjunto de la sociedad como para el interior de las empresas y centros de trabajo a partir de las aportaciones que en su día se hicieron en el Seminario sobre Democracia Económica de la Fundación de Investigaciones Marxistas en Madrid entre 1999 y 2004 [11] .
III.- LA DEMOCRACIA ECONÓMICA EN LA SOCIEDAD
Como primer elemento esencial para plantearnos la democratización de la economía está la superación del estatalismo, sea en su versión de derechas, llevada al paroxismo en el fascismo, o de izquierdas, llevada al paroxismo en el “stalinismo”, ligada en este último caso a los conceptos tradicionales, claramente reduccionistas, de planificación democrática y derivada de la planificación soviética para, superando esos reduccionismos, plantear la necesidad de compartir decisiones, gestión y control (es decir, participar e intervenir) democráticamente con el fin de dominar y superar los mercados en sus tres vertientes, de trabajo, monetario-financiero y de mercancías y servicios. En el primero habría que superar el esquema empleo-paro y pasar a sistemas de alternancia empleo-formación, gestionados y dirigidos por los interesados, que deberían tener acceso a los poderes y medios financieros y a las instituciones correspondientes; en el segundo habría que tender a la instauración de monedas comunes, hasta desembocar en una moneda mundial única como la vía para eliminar el chantaje de los desplazamientos descontrolados de capitales y, considerando la implementación de una tasa Tobin (impuesto sobre los flujos financieros internacionales), complementarlo con créditos y obligaciones públicas a bajo interés, regulación de la gestión de los grandes fondos de inversión y de pensiones para oponerse a las especulaciones y priorizar los criterios éticos y sociales y junto a ello el impulso a las instituciones financieras públicas y semipúblicas y al control democrático de las políticas de los Bancos Centrales; en el tercero se trataría de articular nuevos poderes en la gestión para los trabajadores que permitan el uso de nuevos criterios de eficacia social ligados a la productividad en y del trabajo y sobrepasando la eficacia estrictamente monetaria, la tan traída y llevada competitividad) [12].
En esencia, se trata de traspasar los límites de la planificación democrática dotando a cada persona de capacidades para participar adecuadamente en la toma de todas y cada una de las decisiones relevantes y centrarse en una serie de ideas-fuerza, fundamentalmente la descentralización, pero tomando en consideración el carácter contradictorio que puede llegar a adquirir (por ejemplo, las desviaciones corporativistas, regionalistas y nacionalistas más o menos excluyentes) junto con la utilización de formas de planificación secuencial según el modelo de presupuestos participativos. Habría que lograr una democratización reflexiva y un pluralismo organizativo a partir de dos condiciones fundamentales, la máxima transparencia informativa y la aceptación de la pluralidad de los sujetos sociales [13] .
De forma complementaria, un objetivo estratégico básico es la necesidad de avanzar en la desmercantilización de los comportamientos humanos, limitando el poder monetario, buscando nuevas políticas fiscales, recuperando la imposición directa y redefiniendo la indirecta, recuperando el sector público productivo, desarrollando un mejor y más amplio tratamiento de la información considerada como servicio público, planteando sistemas eficientes de reparto de trabajo y revalorizando las políticas activas de empleo. Todo ello completado con la extensión de derechos desmercantilizadores en el plano laboral, tales como rentas básicas, reparto de empleo, reducción del tiempo de trabajo, homogeneización de los derechos laborales entre los asalariados, con especial énfasis en mujeres, jóvenes e inmigrantes, la puesta en acción de marcos reguladores (alimentación sana, medio ambiente limpio, información ciudadana) lo que implica reforzar la democracia directa y el control ciudadano de las instituciones, desarrollar instituciones democráticas de carácter global, instaurar una ética distinta al individualismo posesivo y situar la idea de ciudadanía por encima de la posición individual en el mercado [14].
Finalmente, aunque es un apunte recurrente, conviene detenerse en la democratización de la información y en lo que es hoy en día su herramienta clave, la informática, que lleva a plantear la cuestión de la propiedad en su doble vertiente: la propiedad de los medios de producción, de los soportes de la información, generalmente en mano de gigantescos grupos mediáticos y la propiedad de los contenidos de la información. De ahí la necesaria democracia electrónica, fundamentalmente desarrollando las posibilidades que posee Internet [15].
IV.- LA DEMOCRACIA ECONOMICA EN LA EMPRESA
El planteamiento de la democracia dentro de la empresa obedece a una doble motivación, por un lado, la empresa y el centro de trabajo son probablemente los espacios en los que la democracia está menos desarrollada, sobre todo en lo relativo a la organización del trabajo, la organización de la producción de mercancías y servicios y la gestión detallada y global, por el otro debido a la quiebra del sistema de organización fordista y al lanzamiento desde los gestores y la propiedad de sistemas de grupos de discusión y de trabajo y de involucración de los trabajadores, dentro de límites muy estrictos, en la dinámica de la empresa. Desde esta perspectiva y en líneas muy generales se trata de superar las propuestas clásicas de control obrero y autogestión además de reconsiderar los mecanismos clásicos de representación y participación de los trabajadores a través de instancias delegadas.
Para centrar este comentario partiré de dos cuestiones previas [16], la primera de carácter terminológico referida a la equivalencia entre democracia económica dentro de la empresa y democracia industrial, que se utilizarán indistintamente en el texto, la segundase refiere a qué entendemos por democracia industrial, la definición más adecuada es la dada por Antonio Lucas Martín en el Diccionario de Sociología editado por Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres [17] :
"Democracia industrial es el ejercicio del poder por parte de los trabajadores en las organizaciones productivas, desde el lugar de trabajo hasta las relaciones económicas que condicionan su actividad y la consiguiente distribución más igualitaria del control y la jerarquía. La literatura sobre el tema es cada vez más abundante y frecuentemente descriptiva utilizando diferentes términos para referirse a la democracia industrial o a alguna de sus experiencias, como democracia organizativa, autogestión (selfmanagement), participación de los trabajadores, cogestión, codeterminación, control por los trabajadores, participación en la dirección, democracia en el lugar de trabajo, autoocupación, autogobierno, dirección participativa, dirección de alta implicación, autodesarrollo o democracia económica".
De cualquier modo, cuando se trata de ver los elementos fundamentales de la democracia económica dentro de la empresa y los centros de trabajo lo primero a destacar es la enorme contradictoriedad que conlleva, sobre todo en función de quién la enfoca y propone, la dirección de la empresa o los trabajadores de la misma, es decir, en función de los grupos antagónicos dentro de la lucha de clases, porque la democracia , de cualquier tipo, no es algo por encima de la sociedad y sus grupos y mucho menos neutral a los mismos. En el momento en que se plantean proposiciones de cómo actuar y organizarse en la producción, la contraposición de intereses entre empleadores y empleados surge de forma meridiana. No tener en cuenta este hecho es cerrar la posibilidad a la comprensión de los fenómenos reales.
La democracia económica se concreta en y es impulsada desde las formas y vías de participación de los trabajadores en la empresa y/o centro de trabajo con el fin de defender y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por otro lado, la democracia económica debe ser planteada por los trabajadores como un derecho, derecho que se suma y, en muchas ocasiones, se confunde con la autoorganización y la negociación colectiva. Como cualquier otra forma de participación y de establecimiento de derechos para los trabajadores, a lo largo de la historia del capitalismo nunca han sido gratuitamente reconocidos o concedidos, siempre, de uno u otro modo, han debido ser impuestos por los propios trabajadores y en cada momento histórico son el resultado del equilibrio conseguido entre las clases sociales en una sociedad determinada.
Evidentemente, la democracia económica en la empresa, en nuestros días, no empieza desde cero, ni tan siquiera en nuestro país y en las actuales circunstancias de crisis con las organizaciones de trabajadores colocadas a la defensiva. Aunque degradadas, devaluadas y bastante reducidas, existen formas de participación y control de los trabajadores sobre sus condiciones de vida y de trabajo y sobre la situación y desarrollo de la empresa reconocidas como derechos en diferentes cartas (Constitución, Estatuto de los Trabajadores, leyes); de hecho, se puede decir que se encuentran en tres grandes bloques: aquellos derechos legalmente establecidos (a pesar de que en muchas ocasiones sean puramente formales, aunque de difícil o nula aplicación [18]) , los que existen solo de manera puntual, por acuerdos entre las partes, y los que no están reconocidos de ningún modo, que el movimiento obrero debe asumir como tales e irlos imponiendo.
Es decir, los trabajadores, organizados y no organizados, se hallan frente a una tarea difícil, pero crucial, si pretenden impulsar la democracia económica en la empresa: En primer lugar, conseguir la implantación universal, a todos los trabajadores, de los derechos de participación legalmente reconocidos (la libre asociación, la huelga, la expresión o la negociación colectiva, entre otros) que hoy en día no aplican a la mayor parte de los trabajadores del mercado laboral secundario, extremadamente precarizado (hay que tener en cuenta que en nuestro país, de acuerdo con la EPA del segundo trimestre de 2.013 ,unos 9’2 de 16’4 millones de asalariados o están parados, o tienen un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial, a los cuales hay que sumar los trabajadores de contrato indefinido en condiciones precarias, sobre todo con sueldos por debajo de los 800 euros y los falsos autónomos o muy pequeños empresarios, sobre todo negocios familiares que estén en esas condiciones, más los inactivos expulsados del mercado laboral, más gran parte de los trabajadores en la economía sumergida; En segundo lugar, conseguir los plenos derechos para todos aquellos que los poseen en condiciones de parcialidad o limitación, plenos derechos generalmente solo operativos en grandes empresas con sindicatos fuertemente asentados (pienso, por ejemplo, en la participación en seguridad e higiene, en la definición y aplicación de sistemas de remuneración y de horas extra, en los métodos y magnitudes de la externalización productiva, entre otros). En tercer lugar, ampliar todo esto con nuevos campos de participación hoy en día casi inéditos (organización del trabajo y de la producción, sistemas de cogestión y autogestión, intervención en los planes de viabilidad y futuro).
Dentro de este esquema y en el Seminario de la FIM base de este trabajo, se plantearon una secuencia de derechos y vías de participación de los trabajadores [19] que, en líneas generales, es la siguiente:
1.- Derechos esenciales y mínimos, consustanciales a una organización democrática de toda la sociedad: autoorganización; elección de representantes y tiempo y medios para ejercer la representación; expresión y reunión, junto con las formas y medios para garantizar su realización; manifestación, paro y huelga; negociación colectiva, seguimiento y control de la implantación de los acuerdos; participación en todos los niveles (desde la definición hasta la implementación y el seguimiento) de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
2.- Derechos esenciales relativos al mercado de trabajo: información, presentación de alternativas y acuerdos; control y seguimiento de las condiciones de entrada y salida de la empresa; movilidad dentro de esta, horizontal y vertical; subcontratación externa e interna, externalización y descentralización de la producción; medidas de productividad; jornada, reducción y ampliación y; reparto de trabajo.
3.- Derechos en formas primarias de participación en la gestión: información, presentación y discusión de alternativas y acuerdos sobre la situación y evolución de la empresa y sobre expectativas estratégicas; participación en los consejos de administración.
4.- Derechos a la plena participación en la gestión empresarial: en los consejos de dirección, en la organización de la producción (global y al detalle), en la organización del trabajo a todos sus niveles, en la organización de la empresa.
Existen dos cuestiones claves que deben resolver los trabajadores y sus organizaciones para impulsar en una dirección adecuada la democracia económica dentro de la empresa: la primera es que los en su día tan publicitados, y ahora, con la crisis, prácticamente olvidados (aunque muy previsiblemente serán resucitados si por fin se inicia la recuperación), sistemas de dirección participativa, estaban propuestos, o lisa y llanamente impuestos, por los empresarios y sus gerentes con la intención de obviar la representación de los trabajadores, impulsar la fijación individualizada de las condiciones de trabajo y darle un contenido de ahorro de costes laborales por cualquier medio [20]. Como cualquier otro tipo de participación en una sociedad de clases como es la capitalista, la participación de los trabajadores en la democracia económica puede ser una medida de liberación o de avance y mejora en las condiciones de vida y trabajo, o puede desembocar en una medida de integración y suponer una subordinación y sumisión mayores; la segunda, también como cualquier medida de participación en democracia, es que los trabajadores deben resolver de forma adecuada el difícil dilema entre democracia directa y democracia delegada, para llegar a una combinación, para llegar a una combinación satisfactoria de ambas que haga efectiva la participación.
Desde esta perspectiva es factible proponer los grupos de trabajo autónomos, semiautónomos o autorregulados, que son el núcleo clave de la democracia en el puesto de trabajo, que deben estar provistos de poder de decisión descentralizada con el fin de conseguir sinergias, recordando que el grupo de trabajo es un principio organizativo que debe regular el diseño de los puestos de trabajo, que debe realizarse por consenso, superando la subordinación a los objetivos económicos de la empresa para que no quede reducido a una simple manipulación empresarial [21].
Sin embargo, las posibilidades de avanzar en la democratización dentro de la empresa no son desdeñables. Desde luego, habría que partir de dos puntos básicos que supondrían una adecuada política participativa: en primer lugar, alcanzar una decisión conjunta entre capital y trabajo sobre materias estratégicas de la empresa, lo cual constituiría un concepto productivo democratizador muy cercano a la definición de democracia industrial; en segundo lugar, la apuesta por la construcción de un orden de la producción basado en que el trabajo humano debe desarrollar un papel central en el funcionamiento empresarial, con unas relaciones industriales basadas en un vínculo social de cooperación y colaboración, dentro de la resolución, no de la eliminación, del conflicto, con el fin de conseguir el interés de los trabajadores respecto a la mejora de sus condiciones de trabajo y el de los empresarios en términos de producción y flexibilidad [22].
Evidentemente, todo lo anterior supondría un profundo cambio en la cultura de los trabajadores y sus representantes, en su acción sindical y en sus reivindicaciones, considerando que son los cambios de tipo organizativo y en especial en la organización del trabajo, que no quedaría exclusivamente en manos del empleador, los que adquieren mayor importancia, tanto desde un punto de vista estrictamente económico (mejora de la productividad, penetración en nuevos mercados) como en el funcionamiento global de la empresa [23].
La gran mayoría de las posibilidades de democratización están basadas en la existencia de un núcleo de gestores empresariales que, con reticencias y recelos, han llegado a plantearse en un momento determinado la posibilidad de participación democrática de los trabajadores. Sin embargo, mayoritariamente, la respuesta empresarial a los retos de la organización postfordista lo que busca es el establecimiento de una clase obrera cooperante en los proyectos empresariales cuyo principal efecto sería la cancelación de la identidad obrera y del conflicto industrial, planteándose el que la dominación en la fábrica funcione en base a la permanente utilización de la creatividad y subjetividad del empleado, de forma que la dominación no se imponga, se interiorice [24].
V.- LA DEMOCRACIA ECONOMICA A NIVEL SUPRANACIONAL
Estamos en una economía globalizada y dentro de un país que pertenece a un espacio regional, político y económico, por encima del estado nacional, en nuestro caso la Unión Europea, por lo tanto la democracia económica, tanto en el conjunto de la sociedad como dentro de la empresa, debe considerar estas realidades.
De cualquier modo, la cuestión de los derechos de los trabajadores en la UE, entre los que se incluiría la participación de los mismos, dentro de la empresa y en el conjunto de la sociedad, es probablemente la mayor laguna en todo el largo y tortuoso proceso de su formación. Los momentos clave en los que este vacío se hubiese podido cubrir, ampliación al este, el fallido Tratado Constitucional y el Tratado de Lisboa, no lo han hecho. Si los derechos sociales aparecen siempre como el pariente pobre del entramado de tratados de la UE, los derechos laborales aparecen como el pariente pobre de los sociales [25].
Pero ello no quiere decir que no existan posibilidades factibles de ser utilizadas y desarrolladas; así, la creciente globalización empuja a definir un estatuto adecuado de los Comité Europeos de Trabajadores (CET) que permita esa democratización de la economía a la vez que establezca el lugar de los sindicatos como organizaciones, obtenga poder legal para acuerdos, gane un derecho comprensivo de huelga, agrupe a los CET por sectores y subsectores, incorpore las estructuras del sindicalismo internacional existentes, ponga límites a las clausulas de confidencialidad, cree un parlamento de CETs y garantice la legitimidad de los representantes sindicales de empresa, con el fin de obtener en una primera fase una serie de objetivos, algunos de gran urgencia: la lucha por el empleo, el control de los fondos de pensiones, desmontar el ‘dumping’ social, compartir las ganancias por productividad, que esos incrementos de productividad se conviertan en reducciones de tiempo de trabajo, imbricar a los CET en la lucha de los derechos de los consumidores, en líneas muy generales, introduciendo en el movimiento obrero organizado reivindicaciones de democracia económica en la empresa y en la sociedad [26].
Puesto que los CET representan un mínimo legal y una ventana estratégica para la participación de los trabajadores en la negociación se podrían definir cuatro áreas en las que esa intervención fuese efectiva: la reestructuración de la empresa y de la industria, que implicaría establecer un derecho comprensivo a la huelga, a realizar acciones solidarias por encima de las fronteras, a tener oportunidad, regulada y con recursos, de cambiar decisiones clave de gestión relativas a empleo y localizaciones, el que los acuerdos de todo tipo tengan por sí mismos fuerza legal, participar en los casos de regulación de la competencia y la organización mundial del comercio, tener voz y voto en los casos de regulación de la competencia y de fusiones, aplicar la idea de la regulación de ‘dumping’ económico a los casos de ‘dumping’ social; plantear la actuación de los CET desde el agrupamiento, la solidaridad y la colectivización, a nivel sectorial, a nivel de empresa y a través de coaliciones de ciudadanía reduciendo a sus justos límites las excesivas y abusivas clausulas de confidencialidad en la información en las que se acorazan las empresas para negar esta última; llevar a cabo un diálogo macrosocial por el empleo, para el que los CET deberían diseminar el conocimiento sobre estas cuestiones y plantear las propuestas y puntos de vista de los participantes sociales cercanos a los puntos de producción económica; finalmente, impulsar la negociación colectiva al nivel de toda la UE, partiendo de la base de que no se pueden igualar a la baja las condiciones de salario, jornadas y otros elementos básicos de las condiciones de vida y trabajo, sino, al contrario, igualarlas al alza, lo que implica adoptar un marco de negociación para la consecución de condiciones comunes de empleo [27].
VI.- UN CONJUNTO DE CONTRADICCIONES Y CONTRAPOSICIONES
La característica más destacable en los enfoques sobre y las propuestas para la consecución de la democracia económica, en el conjunto de la sociedad y en el interior de las unidades y centros productivos, de mercancías y servicios de todo tipo, es la de encontrarnos ante un conjunto de contradicciones y contraposiciones, derivadas en última instancia de las características peculiares de la lucha de clases en el capitalismo maduro y globalizado, conjunto que una opción crítica de las políticas económicas debe conocer, asumir y resolver-superar en un sentido positivo, transformador de la sociedad.
En el plano de la democracia dentro de la empresa, las contradicciones se dan no solo entre las opciones de clase (empleadores y empleados, o capitalistas y trabajadores si se prefiere) ni solo dentro de la clase (diferentes visiones en distintos grupos de asalariados) sino también dentro de cada miembro de la clase (entre lo que los nuevos métodos organizativos requieren al trabajador y las condiciones en las que este se encuentra para actuar en la empresa post-taylorista). En este último aspecto existe: una presión-intensificación sobre el ritmo de trabajo con la implantación de sistemas de horarios que no favorecen el desarrollo de la atención y de la actividad intelectual requerida al trabajador; la contradicción entre responsabilidad y autonomía; la cuestión salarial, puesto que el nuevo papel requerido al trabajador no es reconocido en términos de mejora salarial y profesional; fuera de la empresa, en el mercado de trabajo, con la búsqueda por parte de las empresas de formas cada vez más avanzadas de flexibilidad que contradicen a la exigencia de experiencia acumulada [28]. Este tipo de contradicciones se muestran no solamente en el análisis teórico sino al descender al estudio descriptivo de casos concretos, en donde aparecen el espejismo de la democracia industrial o el de que tras la aplicación de esos nuevos sistemas, considerados más participativos, la situación laboral de los trabajadores es similar a la que tenían antes de su aplicación [29].
Por otro lado, al nivel del conjunto de la sociedad, una sociedad económicamente globalizada, existe una práctica incompatibilidad entre desigualdades de todo tipo, que están muy directamente relacionadas con las desigualdades económicas y la democracia de todo tipo, incluida la democracia económica; se produce una contraposición básica entre el principio de igualdad en que se basan los derechos de ciudadanía y la dinámica de desigualdad propia de la economía capitalista, de hecho se da una contraposición absoluta entre globalización capitalista y democracia, el avance de la primera se hace a expensas de retrocesos en la segunda [30].
VII.- A MODO DE CONCLUSION
La democracia económica, en el conjunto de la sociedad y los centros de trabajo es un imperativo necesario para la consecución de una democracia avanzada de carácter pleno, es por lo tanto un punto necesario para la transformación de la sociedad en función de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
La cuestión es sí en este momento la así llamada izquierda transformadora está en condiciones de llevar adelante un programa de este tipo, tanto más en la difícil situación en que la izquierda, en general, se encuentra en medio de la actual crisis económica. La respuesta debería ser positiva, pero la realidad plantea enormes dudas, con gran parte de la izquierda política centrada en una actuación casi exclusivamente parlamentaria y un objetivo que parece centrarse en el aumento del número de representantes institucionales, en la integración pura y dura, y con las cúpulas de los dos grandes sindicatos plenamente instaladas e integradas en el sistema.
Es decir, la búsqueda de una alternativa que incluya un proyecto de democracia económica dentro de los centros de trabajo y para el conjunto de la sociedad, del mismo modo que la búsqueda de un modelo de organización y acción sindical acorde a las realidades sociológicas y económicas del siglo XXI o la búsqueda de un nuevo modelo productivo que se adapte a esas realidades y sustituya al que nos ha llevado a la gravedad específica de la crisis en nuestro país [31] no parece estar en el centro de las reflexiones y de las propuestas de la así llamada izquierda transformadora, situadas en posiciones absolutamente defensivas y a remolque de las propuestas y acciones de aquellas fuerzas políticas y económicas a las que se pretende combatir.