La Memoria Democrática supone la integración de la ya larga lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia franquista, con la recuperación de la memoria de la resistencia, esto es, de la lucha organizada o espontánea, muchas veces anónima y en gran parte desconocida, que amplios sectores obreros y populares protagonizaron para acabar con la dictadura y conquistar mayores cotas de libertad e igualdad. En este sentido, conviene ampliar el marco cronológico desde la guerra civil y la posguerra (1936-1950) hasta las postrimerías del franquismo y la llamada Transición democrática, manchada también de sangre y represión, sin olvidar la propia República, donde se forjaron los potentes movimientos sociopolíticos que hicieron posible por primera vez en la historia de España una resistencia eficaz y prolongada al golpe de estado militar del 18 de Julio de 1936.

También por primera vez en la reciente historia democrática del conjunto del Estado y particularmente de Andalucia, una parte del poder político relacionado con la lucha por la Memoria está en manos de la izquierda que representa IU, y esto debería suponer un cambio, que en esencia consiste en asumir políticamente como un deber democrático el atender y responder a los derechos de las víctimas, de sus descendientes y del conjunto de la ciudadanía. Es el Estado, y no los familiares ni los colectivos memorialistas, el garante y último responsable de que de una vez se hagan realidad las exigencias de verdad, justicia y reparación. Pero para que esta afirmación poco más que teórica se lleve a la práctica -como en cualquier otro proceso transformador impulsado por la izquierda- resulta indispensable la acción conjunta entre el escaso poder político conquistado y la movilización popular y ciudadana. La noción marxista de transformación revolucionaria como convergencia de la lucha desde las instituciones y desde la calle resulta especialmente necesaria en el campo de la memoria democrática si atendemos a las condiciones de relativa debilidad institucional y social en que este se desarrolla, así como la fortaleza del bloque político y  mediático que sigue publicitando los mitos ideologizados sobre los que se asienta la interpretación  reaccionaria y filofranquista del periodo que va del inicio de la República a la instauración de la Monarquía Constitucional. Este discurso pseudohistórico no ha sido sustituido desde el Estado democrático por un relato veraz de lo ocurrido, con lo que la memoria colectiva actualmente hegemónica responde a posiciones predemocráticas.

La convergencia del marco institucional y el movimiento ciudadano requiere para ser efectiva el planteamiento de una estrategia de unidad en la acción para iniciativas  concretas. La cuestión es ¿unidad de acción en torno a qué, para hacer que cosas y con qué objetivos? Quizás para responder a este básico interrogante, resulte conveniente analizar sucintamente los ejes que estructuran al conjunto del movimiento memorialista andaluz:

1) La dimensión familiar  y emocional: Los descendientes de las víctimas.

Son numerosas las asociaciones memorialistas compuestas en su mayoría por familiares (hijos y cada vez más, nietos y nietas de represaliados) que buscan sobre todo la pronta exhumación de sus padres y abuelos. A partir de aquí, algunos familiares se contentan con el enterramiento privado como una forma doméstica de cerrar el duelo que se inicia con la desaparición y el asesinato. Otros (la mayoría afortunadamente) van más allá y exigen actos de reparación pública de la memoria de sus ascendientes, junto con el ejercicio de la justicia que establezca la culpa (aunque sea a nivel moral, sin penas efectivas) para los verdugos.

2) La dimensión pública y política.

Sin duda la que caracteriza al grueso del movimiento memorialista, y la que atañe más directamente a la responsabilidad institucional. La frase “desenterramos ideas, no huesos” que tantos foros y asociaciones han hecho suya, sintetiza bien esta posición. Se trata de reafirmar el carácter público y político de todas las actuaciones memorialistas (no solo las exhumaciones), como un derecho del conjunto de la ciudadanía a conocer su pasado y reencontrar las señas de identidad colectiva de un pueblo que sufrió la represión y luchó por reconquistar las perdidas libertades. Desde este punto de vista, todos somos hijos y nietos de los desaparecidos o represaliados, puesto que compartimos no el azar de la genética, sino la afirmación de las ideas , los valores y los intereses de clase que defendieron las víctimas del franquismo. La memoria de la represión y de la resistencia se erige así como instrumento de acción política en el presente, mostrando el hilo conductor que relaciona a los grupos oligárquicos que propiciaron el golpe de estado y mantuvieron vivo el franquismo, con las actuales élites estatales y globales que vuelven a imponernos el desmantelamiento de las conquistas sociales y los derechos democráticos. Este mismo vínculo entre pasado y presente conduce a la reinvidicación de la Tercera República, como el régimen que mejor encarnaría actualmente el espíritu social, público y laico que aplastó la dictadura, y que hoy resulta mas necesario que nunca.

3) La dimensión de investigación y divulgación histórica.

La Memoria colectiva no es más que la visión socialmente preponderante que un pueblo posee de su propio pasado.En el caso del franquismo, se ha establecido a partir de la construcción de un relato hegemónico, construido durante la dictadura y reelaborado desde la equidistancia en los primeros años de la monarquía constitucional. Este relato presenta en síntesis la República como un régimen imposible cuyo radicalismo condujo fatalmente a la guerra civil; a ésta como una lucha fraticida en la que todos fueron igualmente culpables; al franquismo como un sistema autoritario-paternalista que a costa de ciertas renuncias llevo a España a la modernidad social y económica, lo que a su vez propició el final feliz de una transición democrática irreprochable. Tal combinación de mitos ahistóricos y valores antidemocráticos está siendo laboriosa y lentamente deconstruida por un amplio colectivo de investigadores e historiadores, muchos de ellos autodidactas, que desde estudios locales a síntesis globales están poniendo las bases de un relato veraz y comprometido, que ya sirve de base para recomponer nuestra memoria colectiva y responder al derecho a la verdad de víctimas, familiares y ciudadanía. La difusión de este relato forma parte de la batalla cultural y educativa que muchos foros y asociaciones plantean como objetivo fundamental de su trabajo.

Como puede observarse, las tres perspectivas de pensamiento y actuación memorialista no se excluyen ni se oponen, sino que pueden reforzarse en la acción de modo dialéctico. Carecen de sentido las posiciones sectarias que identifican la lucha por la memoria solo con las exhumaciones y los derechos familiares, solo con lo político-ideológico o solo con la búsqueda de la verdad histórica. Por tanto, existe un elemento objetivo que propicia la unidad de acción en torno a propuestas concretas y realizables a corto y medio plazo, en el marco geográfico y político andaluz. Los condicionantes o límites de este marco son evidentes: En primer lugar, las limitaciones estatales que se encuentran por ahora fuera de la capacidad legislativa o transformadora de la propia Junta (Ley de Amnistía de 1997, ley de Memoria Histórica de 2007 y la última jurisprudencia del Tribunal Supremo). Además, no conviene olvidar la diversidad ideológica y las diferencias estratégicas del propio movimiento asociativo memorialista.

Teniendo en cuenta todo lo anterior ¿Cuáles son las actuaciones posibles con la actual correlación de fuerzas, y cómo puede la Dirección General de Memoria Democrática contribuir a su realización efectiva? Comenzando con la segunda parte de la cuestión, creo que la capacidad de intervención política se sustenta en cuatro campos:

1) El ejercicio del poder simbólico.

Tras años de desistimiento e inhibición de lo político en todo (o casi todo) lo relacionado con la recuperación de la Memoria, la simple presencia y apoyo institucional en exhumaciones o actos de reparación suponen un refuerzo  que amplía la proyección social de las actuaciones y evidencia ante posibles detractores la legitimidad política de las asociaciones y foros implicados.

2) El debate mediático.

A pesar del creciente sesgo reaccionario de los medios escritos y audiovisuales, resulta clave aprovechar la capacidad de convocatoria y de difusión que otorga el carácter institucional, para hacer oir nuestro discurso, dar a conocer las actuaciones memorialistas y llevar a la opinión pública las evidencias de la represión y la violencia del franquismo.

3) La capacidad legisladora.

Cuestión esta fundamental e irrenunciable para consolidar hacia el futuro las líneas estrategicas de trabajo, y el marco ideológico subyacente. Es preciso un impulso legislativo que amplie y dinamice la declaración y el Catálogo de Lugares e Itinerarios de la Memoria y que mejore el reconocimiento moral y material a las víctimas, especialmente a las mujeres represaliadas. Sobre todo, necesitamos una Ley de Memoria Democrática de Andalucia, que establezca la obligada presencia pública y la responsabilidad política en los procesos de exhumación y reparación de las víctimas (lo que supone elaborar un nuevo protocolo de exhumaciones), que acabe con la persistencia de símbolos franquistas y que establezca mecanismos permanentes de participación entre lo institucional y la ciudadanía organizada, mediante el Consejo de Memoria Democrática de Andalucia.

4) La coordinación institucional.

Muchas de las reivindicaciones y necesidades del movimiento memorialistas poseen un carácter transversal, por lo que requieren del compromiso y la colaboración política de diversas Consejerías. Pensemos en en la posible implicación de la Fiscalia para activar la presencia judicial en los desenterramientos, la actualización y uso público de los registros civiles, los convenios para la puesta en marcha de proyectos y programas educativos relacionados con la Memoria, la firma de convenios con Universidades o el necesario apoyo de las instituciones legales para aplicar la Ley de Memoria Histórica... entre otros posibles ejemplos. Es preciso utilizar al máximo los recursos públicos que dependen de la voluntad política de organismos públicos cargados a veces de enfoques rutinarios o claramente conservadores. Se trata de un reto dificil, para el que es indispensable la presión y la movilización social a través de foros y asociaciones.

5) La optimización de las disponibilidades presupuestarias y de los recursos públicos.

El incesante ataque a la oferta pública de servicios sociales que lleva a cabo el bloque  político-económico dominante en el marco europeo afecta de lleno a la recursos económicos públicos destinados a la Memoria Democrática, pero esto no debe impedir la asignación para el 2013 de una adecuada partida presupuestaria, que se gestionará, mediante una orden de subvenciones, con criterios objetivos   que eviten el clientelismo y la discriminación. Resulta además imprescindible implicar en los procesos de exhumación e identificación de víctimas a aquellas instituciones públicas (Departamentos e Institutos universitarios, por ejemplo) que cuentan con los medios humanos y técnicos necesarios, acabando con el sinsentido de tener que pagar con dinero público y a coste elevado las intervenciones técnicas (arqueólogos, forenses, historiadores, pruebas genéticas, detección por georradar...) que pueden obtenerse en el ámbito público. El impulso a la actualización y mejora del mapa de fosas y la celebración del Primer Congreso de Memoria Democrática son retos que también exigirán de la participación activa del movimiento memorialista.

Creo que solo desde la conjunción de la lucha social y ciudadana con la lucha institucional será posible avanzar de verdad en estos cinco campos de actuación. Para que esto pueda producirse, habría que responder previamente a dos cuestiones: ¿Resulta realista este conjunto de propuestas, esto es, pueden llevarse a cabo con las fuerzas con las que contamos y con la oposición esperable de los sectores conservadores, más los tibios y equidistantes? y ¿pueden ser asumidas por el conjunto de foros y asociaciones, manteniendo líneas ideológicas y prioridades diferenciadoras? Si la respuesta es afirmativa, solo nos queda ponernos manos a la obra, o mejor dicho, seguir poniendo cada vez más manos en la tarea compartida de ganar la batalla de la memoria.