Desde los inicios del capitalismo en España, la situación económica de Andalucía ha venido marcada por el subdesarrollo; un subdesarrollo vinculado funcionalmente al desarrollo de otras zonas, que convirtieron a Andalucía en colonia, no sólo del capitalismo mundial, sino también del español. Andalucía así fue condenada a convertirse en, lo que en terminología de Gunder Frank se define como una colonia interna, una economía dependiente del centro que era de donde partía el impulso capitalista.

En Andalucía las consecuencias de la forma particular en que se produce la revolución burguesa en España se dejan notar con un particular vigor. Andalucía había representado una función principal dentro de la formación social española (castellana) durante todo el periodo feudal y, asimismo, en la transición del feudalismo al capitalismo. Lo cual, al menos en términos económicos, se explica fácilmente por la ventaja diferencial que, en una economía casi exclusivamente agraria, garantizaba la riqueza del suelo andaluz —fundamentalmente el Valle del Guadalquivir—. A esto hay que añadir en el plano del comercio, la condición de «puerta de América» que tienen los puertos de Cádiz y Sevilla. Hasta 1750 se mantiene el monopolio del comercio con América. El reflejo de esta situación puede comprobarse en los datos de población, de asentamientos urbanos, de contribución fiscal a la corona, así como en el ámbito cultural y artístico.

La otra cara de la moneda era, sin embargo, lo siguiente: en primer lugar, una estructura de la propiedad de la tierra que había determinado la ausencia de una capa de campesinos asentada establemente y una presión de la población notablemente superior a la del resto de los reinos peninsulares.

La evolución de esta situación al implantarse las relaciones de producción capitalista se veía afectada muy especialmente por la forma de la transición. La nueva sociedad burguesa se caracteriza en España por el hecho de que la disolución de los vínculos feudales no va acompañada, como sucedió en Francia, de un proceso paralelo de «reparto» de la tierra, de acceso a la titularidad capitalista de la tierra por parte del campesinado. Cambia el carácter de la propiedad, pero no los detentadores, como, más adelante, diría Blas Infante «los caciques territoriales y políticos, por medio de la desamortización, por medio de la contribuciones, vinieron a completar la obra de arruinar al pequeño labrador que cultivaba intensamente sus tierras, creándose así, junto a los estados de los nobles, los modernos latifundios».

En función de lo anterior, no podemos comprender el rol asignado a Andalucía dentro de la estructura económica española sin retrotraernos a 1876, fecha en la que se sella en España el llamado «Pacto de la Restauración». Pacto realizado «a tres bandas» entre la burguesía catalana, la burguesía vasca y las oligarquías castellanas y andaluzas del trigo y del aceite. Tal pacto desarrollaba las funciones de «no inmiscuirse» las burguesías catalanas y vascas en el desarrollo económico del Estado español. ¿Cuál fue (y sigue siendo) la pieza clave que logra desarrollar tal pacto? El centralismo.

En Andalucía, sobre todo, esto va a tener consecuencias especialmente graves: consolidación de una forma de tenencia de la tierra, cuyos rasgos más salientes son el latifundismo y el absentismo que bloquean el desarrollo de la agricultura. La no formación de una capa de campesinos medios que permitieran una más rápida y sólida creación del mercado interior; fracaso de los brotes de industrialización. Y, como resumen de todo esto, el problema de la tierra, de la reforma agraria que va a ser el tema principal de la vida social y política de Andalucía y España durante decenios y, que hoy, es elemento imprescindible para la construcción Andaluza sobre un nuevo modelo económico.

Ciertamente, para que existiese un desarrollo industrial en nuestro país, era necesario primero transformar la economía, en base a la explotación del trabajo de zonas que suministrasen materias primas y mano de obra barata. El subdesarrollo fue el papel asignado a Andalucía para aumentar la productividad dentro de una división regional del trabajo, que fue posible gracias al pacto entre la burguesía industrial y terrateniente, y que impulsó el desarrollo de otras zonas, provocando el receso económico de la región en pleno desarrollo capitalista. Por ello, mientras otras regiones impulsaban la industria, Andalucía vio aumentar su sector agrícola especializado en la exportación, aniquilando los minifundios y provocándose el mayor trasvase de propiedad de la tierra en la historia mientras que a la vez, el sector industrial casi desaparecía, a pesar del desarrollo de fábricas como las textiles y siderúrgicas malagueñas.

  Tesis 1 Manifiesto Programa PCA

 

He querido comenzar este artículo con la cita, en su totalidad literal, de la Tesis 1 del Manifiesto Programa del PCA: «La formación del Estado Burgués en España. El pacto de las clases dominantes. El papel de Andalucía». Un Manifiesto Programa que fue aprobado en el XI Congreso del PCA (La Línea 21 al 23 Febrero 2014), en el que, tras un proceso de debate en agrupaciones y Congresos Provinciales, se incorporaron al texto casi 200 enmiendas (aún guardo todos los borradores de la ponencia en los que se pueden observar los significativos cambios en la redacción desde los primeros escritos, la ponencia sometida a debate y el resultado final tras el último debate y última votación en el pleno del Congreso andaluz).

Se trataba, en el XI Congreso andaluz, de dotar al PCA de un programa económico, ecológico y feminista (rojo, verde y violeta) de transición, contenido en las tesis 13 a 47. Pero se trataba, también, de recuperar la línea de análisis y acción política que inauguró el Congreso Constituyente del PCA (diciembre del 79). En definitiva, se trataba de aprobar un Manifiesto Programa que tuviera vigencia durante varios periodos congresuales. El PCA  se creó porque llegó a la conclusión colectiva de que en Andalucía la lucha de clases (y el avance al socialismo), tenía unas determinadas condiciones específicas que se enunciaban en las tesis aprobadas en el Congreso Constituyente y se desarrollan en las tesis del Manifiesto Programa, tanto en la tesis 1, citada al principio de este artículo, como en las tesis 2 a la 8, tesis 12 y tesis 50:

 

…El PCA considera, aun reconociendo que Andalucía, en cuanto parte del Estado español, no puede plantearse un avance hacia el socialismo desligado del de España en su conjunto, que es pensable alcanzar conquistas específicas, en el plano político y económico… Los comunistas andaluces nos consideramos herederos de las tradiciones revolucionarias del pueblo andaluz cuya permanente aspiración a la reforma agraria, el trabajo, la cultura y la libertad han sido una constante a través de toda su historia. Estas tradiciones, profundamente arraigadas en Andalucía y que configuran el patrimonio político y cultural de nuestro pueblo, marcan con un fuerte contenido de clase la búsqueda de sus señas de identidad en cuanto pueblo con peculiaridades propias.

 

La historia de Andalucía, desde la segunda mitad del Siglo XIX, siempre se ha situado en el vórtice de la lucha de clases. Aquí no hubo ni hay una reivindicación «identitaria-etnicista» ni secesionista. En Andalucía el hecho diferencial siempre fue la reivindicación de la igualdad y el enfrentamiento con los que, dentro y fuera de la misma, impedían e impiden la consecución de ese objetivo. Andalucía es imprescindible para ayudar en la transformación del conjunto de los pueblos de España. En ningún  lugar del estado se da en la historia una conjunción tan natural entre las reivindicaciones de clase y las aspiraciones autonomistas, nacionales o como cada uno quiera llamarlas.

Y en este contexto, la cuestión agraria, la lucha por la tierra, la organización de grupos sociales que aspiran a sentar sólidamente sus privilegiadas posiciones económicas mediante el acceso a la propiedad de la tierra. En este sentido,

 

…en el siglo XIX, se establece toda una serie de medidas —leyes desamortizaras— tendentes a aumentar la cantidad de tierras en cultivo y a renovar el grupo de propietarios de las mismas que pasaría a estar formado por los auténticos sectores con más poder y peso económico.

En este proceso es sustituida parte de la propiedad de la nobleza y, sobre todo, de la iglesia y ascienden a la categoría de propietarios amplios sectores de los grandes comerciantes y arrendatarios de la época. En este mismo proceso son absorbidos por esos grupos no sólo los baldíos sino mucha de las tierras explotadas por los pequeños campesinos y por los jornaleros, que obtenían de ellas los medios de subsistencia con que completar los ingresos procedentes de su trabajo. Esto ocurre por la desamortización de muchas de las tierras comunales y por la compra de otras tierras donde se asentaban pequeños colonos.

I Conferencia Agraria PCA, 30-31 enero 1982. Tesis I Las clases en el campo andaluz, evolución de la agricultura andaluza.

 

Tan importante es la cuestión de la tierra, que ésta no quedó relegada al recuerdo histórico. Al contrario, no se entendería el proceso de conformación de conciencia andaluza, ni la lucha por la autonomía en la transición sin la reivindicación de la Reforma Agraria. Una cuestión que no se limitó a la repetición de una consigna gritada en movilizaciones jornaleras o manifestaciones por la autonomía. Tras el triunfo del 28-F se introdujo en el debate de la ponencia del Estatuto de Autonomía (Estatuto de Carmona) y, defendida, fundamentalmente, por el PCA pasó a formar parte del articulado (Art.12.11) del Estatuto refrendado por el pueblo andaluz el 20 de octubre de 1981. La Reforma Agraria, por tanto, forma parte del bloque constitucional y continúa impresa en el artículo 10.13 (aunque, a mi juicio, rebajada por la alusión a la PAC) del reformado Estatuto de Autonomía cuyo texto fue ratificado en el referéndum celebrado el 18 de febrero de 2007.

En la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (Díaz del Moral: 1967), su autor, Juan Díaz Del Moral, profundiza en este tema, con una rigurosa investigación histórica de la conflictividad social del campo andaluz. Estudia las organizaciones obreras y patronales de la provincia de Córdoba y su conflictividad centrándose en el periodo 1918-1920, el «Trienio Bolchevique». Esta denominación de «trienio bolchevista» se debe a Díaz del Moral, que llama así a un periodo de enorme agitación revolucionaria en Andalucía, sobre todo aglutinada por los anarcosindicalistas de la CNT, mucho más que por los socialistas, alentada por las noticias del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, la Revolución de Octubre (Primera edición, 1929. Aunque la edición más conocida sea la de Alianza Editorial, 1967). En la misma línea, y tomando el término «Trienio Bolchevique» acuñado por Díaz del Moral, el camarada, e historiador, Miguel Ángel Peña Muñoz nos relata ese periodo en su libro Andaluces Levantaos (Peña: 2018).

Este mismo autor, Miguel Ángel Peña, en un artículo publicado en el Diario Córdoba (Peña: 2019), con motivo de cumplirse un siglo de la Asamblea Regionalista, celebrada en Córdoba, en 1919 (no ajena a la influencia del citado trienio), escribía:

 

Sea vuestro grito de combate y victoria: ¡Por Andalucía, por España y la Humanidad!». Así acaba, llamando a organizarse y redimirse a la clase obrera andaluza el manifiesto de la Asamblea Regionalista de Córdoba de 1919, de la que se cumple un siglo en estos días.

Un acontecimiento que apenas si fue reflejado en la prensa de la época; como tantas cosas que no aparecen en la páginas de la prensa «oficial» de cada época, pero que en el silencio cotidiano de las clases populares adquieren la dimensión de históricas. Pasó en 1872 con el Tercer Congreso de la Región Española de La Internacional —al que Díaz del Moral da la categoría de primer congreso anarquista del mundo, y que se produjo en nuestra ciudad—, y volvió a pasar con la segunda Asamblea Regionalista, dónde Blas Infante, el padre de la Patria Andaluza, y sus compañeros terminaron de configurar, en cuanto a lo ideológico se refiere al andalucismo, que aún hoy sigue siendo la identidad del pueblo andaluz.

Un año antes se habían reunido en Ronda los andalucistas en la primera Asamblea Regionalista, de dónde salió la bandera andaluza y el escudo de Hércules. Sin embargo, la configuración del andalucismo de Blas Infante, en el contenido y en el continente está relacionado con nuestra ciudad y la provincia.

La Córdoba del momento vive el cenit de la agitación obrera conocida como Trienio Bolchevique (1918-1920). En octubre de 1918 había tenido lugar el Congreso de Castro, donde las organizaciones jornaleras de Córdoba, y alguna de Sevilla y Jaén, se coordinan en sus reivindicaciones; noviembre y diciembre se produce un terremoto huelguístico en toda la provincia; en enero, junto a una huelga campesina, los andalucistas redactan en Córdoba el Manifiesto de la Nacionalidad que se debatiría en la Asamblea dos meses después. En febrero, en una manifestación obrera anticaciquil aparece el grito de «¡Viva Andalucía Libre!»; y en marzo la capital vivía una huelga general durante cinco días. Esa es la Córdoba en la que se reúnen doce días después los regionalistas, una provincia que pasados dos meses tendrá declarado el estado de guerra como reacción del gobierno a la agitada clase obrera cordobesa. La influencia de la conflictividad obrera en la elaboración se muestra en la inclusión de Castro del Río, capital del Trienio Bolchevique, en la Ruta de Blas Infante, siendo la única localidad de la Ruta, en la que no vivió el malagueño.

El Manifiesto de la Nacionalidad aprobado en Córdoba fue acusado de ser anarquista por parte del sector de derechas, que tomando como modelo al catalanismo de Cambó, estaba hasta entonces adherido al andalucismo. El de Córdoba era un manifiesto en el que se entroncaba con el republicanismo federal, a través de la alusión a la Constitución de Andalucía de la Asamblea de Antequera de 1883; un regionalismo que proclamaba a Andalucía como nacionalidad (cuestión por la que se menciona el manifiesto en el preámbulo del actual Estatuto de Autonomía); un regionalismo que era iberista, planteando la hermandad de los pueblos de España y el portugués; con alusiones a la Rusia soviética y claramente situado en una postura antioligárquica contra el caciquismo y a favor de la reforma agraria.

El andalucismo nacido en Córdoba tenía un claro componente de clase, hasta en el sitio dónde se celebró; el Centro Obrero Republicano.

 

Desde el citado periodo histórico (hasta nuestros días), se ha mantenido el papel de Andalucía en la división internacional del trabajo. La agricultura sin creación de sector agroindustrial, sin estructura de comercialización de la producción, es decir, sector primario sin apenas correcciones. Al mismo tiempo, el segundo sector, la industria, está cinco puntos por debajo en el PIB que la media estatal (11,6% frente al 16%), sufriendo, incluso, una pérdida de dos puntos en los últimos 20 años, mientras que, en el mismo periodo, el sector servicios experimentaba un aumento cercano a los seis puntos (del 63,5% al 69,2%). Si nos centramos en la cuestión concreta de la agricultura, todo empeora con la persistencia de una estructura de propiedad en la que menos del cinco por ciento de los propietarios detenta más de un cincuenta por ciento de la propiedad de la tierra cultivable.

Y, por supuesto, la entrada de España  en la Comunidad Europea no sólo no sirvió para comenzar a revertir esta situación, sino para consolidarla. Por ejemplo, la Política Agraria Común ha supuesto también el bloqueo preventivo de cualquier estrategia de diversificación agraria en la perspectiva de alcanzar la soberanía alimentaria. Se ha impuesto, en contra, la subutilización o el abandono directo de buena parte de las explotaciones en favor de la concentración en aquellas producciones con proyección netamente exportadora, siguiendo los dictados de la propia PAC. Esto es, la producción agrícola y ganadera no se orienta hacia la satisfacción primera de las necesidades del pueblo andaluz, sino hacia los requerimientos de los mercados europeos.

Asimismo, se ha garantizado el mantenimiento del «statu quo» en el medio rural andaluz mediante una política de subvenciones a los principales propietarios agrícolas. De los 1.870 millones de euros aportados por la UE en Andalucía, el 20% de los terratenientes se embolsaron el 80% del total. Y más aún, un mero 0,5% de los empresarios se llevó el 25% de estas subvenciones: entre ellos se encuentran Hermanos-Figueroa Domecq, Hermanos-Hernández Barrera, Nicolás Osuna, Duquesa de Alba e hijos, Íñigo Arteaga, Hermanos López de la Puerta y Samuel Flores. Estos «siete magníficos españoles» se llevan 14,5 millones de euros, la misma cantidad que la destinada a 12.700 explotaciones agrarias pequeñas y medianas de toda España.

La situación de la agricultura, el incesante desmantelamiento industrial («Andalucía no se cierra» gritábamos en las manifestaciones convocadas por IULVCA en el 95-96) y el aumento del sector servicios, con altos niveles de temporalidad y precariedad conforman la «tormenta perfecta" para que Andalucía continúe siendo, casi 150 años después del «pacto de restauración" (citado en la tesis 1 del Manifiesto Programa del PCA), un territorio de reserva de mano de obra barata, tanto para la emigración como para la explotación aquí. Este proceso de «tercerización» de la economía andaluza, profundizado en las últimas dos décadas, tiene mucho que ver, en consecuencia, con las determinaciones de las políticas impulsadas desde la UE.

Y junto a la cuestión social (la cuestión de la tierra), no podemos obviar el peso del debate territorial en el proceso de construcción de las identidades nacionales. En concreto el peso del federalismo, que no sólo contiene en su espíritu la búsqueda de un pacto territorial, sino que éste lleva implícito la propuesta de un pacto social. En 1883 el Partido Republicano Democrático Federal celebra un Congreso en Antequera y aprueba una propuesta de «Constitución Federal Regional de Andalucía», fue la propuesta constitucional de dicho partido para el «Estado Andaluz» integrado en la República Federal Española.

El Federalismo español (que es republicano), siempre entendió que la construcción del país había que hacerla en un proceso de abajo a arriba, desde los pactos de libre adhesión de los diferentes territorios. Este fue el debate que subyació durante el corto periodo de la I República española, es decir, si se construía la «nación» manteniendo los privilegios de todos los monárquicos y el modelo económico y de propiedad o se hacía cambiando el modelo social, acometiendo la Reforma Agraria y reconociendo el poder territorial diverso. Por eso no se puede entender el republicanismo sin federalismo ni puede existir un federalismo «no republicano».

De hecho, en la Primera Asamblea Regional de Andalucía, celebrada en Ronda en 1918, se asume el proyecto de Constitución Federal para Andalucía de 1883, conocido como Constitución de Antequera, como Carta Magna para Andalucía y se esboza un programa político de actuación. En la asamblea se debatieron temas como centralismo, caciquismo, hambre y pan, y se reclamó la autonomía de «la Patria Andaluza» ante la Sociedad de Naciones. En ella se llama a Andalucía «país» y «nacionalidad».

Resumiendo, la construcción histórica de Andalucía, como realidad con personalidad propia, no se puede disociar de la lucha de clases, la lucha por la Reforma Agraria, el republicanismo y el federalismo. La convicción de que una España «unitaria» siempre se dará desde el hurto de una parte de la soberanía popular e, incluso, desde la imposición y que una España Federal sólo se puede construir desde la más amplia participación democrática y, por tanto, desde el ejercicio de la plena soberanía. Es ahí, precisamente, donde reside el gran potencial transformador de Andalucía. Un potencial que hay que cuidar y cultivar para evitar justamente lo contrario, es decir, que el bloque monárquico-reaccionario siga utilizando a Andalucía como la imagen de la «España una» y como «seguro» del régimen del 78.

Toda esa tradición política, social y cultural la asumió como propias la organización regional del PCE en Andalucía desde años antes de su legalización. A finales de octubre de 1976, el Comité Regional elabora el Programa regional del PCE para Andalucía. En el mismo se contemplan reivindicaciones históricas como la Reforma Agraria junto a la apuesta de los comunistas andaluces por un modelo Federal para el Estado Español, en el que tuviese cabida Andalucía en igualdad de condiciones con el resto de territorios, es decir, la idea de la compatibilidad de la unidad de España con el reconocimiento de sus nacionalidades y regiones y su consiguiente derecho al autogobierno; a la vez que se proponía una Asamblea Parlamentaria Andaluza compuesta por 140 diputados y diputadas.

En diciembre de 1977 (un año antes de la aprobación de la Constitución Española), el Comité Regional del PCE en Andalucía aprueba el Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía compuesto por cinco títulos y 28 Artículos. En esta propuesta se establecía la estructura territorial, los poderes autonómicos, las competencias compartidas con el Estado, las de ejecución andaluza legisladas por el Estado y las Competencias exclusivas de Andalucía y se hacía una completa y acabada propuesta en materia de Hacienda andaluza. Hay que señalar, que gran parte de los organismos propuestos y de  ideas planteadas en los artículos, alguno de ellos literalmente, pasaron a conformar el primer Estatuto de Autonomía (1981).

Pero no eran estas propuestas fruto de un «calentón» andaluz. Hay que recordar que el Manifiesto Programa del PCE, aprobado en 1975, fijaba el horizonte de una República Federal y reconocía el derecho de autodeterminación o que en Cataluña el PSUC se definía como «partido nacional y de clase».

El papel determinante del PCE en la lucha por la autonomía, desde antes de la «transición democrática», no sólo es una afirmación interna, es un hecho reconocido en los ámbitos políticos, sindicales y académicos:

 

El papel de los comunistas andaluces en la articulación de un discurso identitario andaluz no es un papel menor o subordinado. Por el contrario sirve muy bien para entender las dimensiones del proceso y el elevado grado de acuerdo básico entre las formaciones de izquierda en torno a una concepción de Andalucía en la que se vincula la reivindicación del autogobierno con la solución de los problemas económicos y la consolidación de la democracia. El relato que se ha ido convirtiendo en canónico del proceso autonómico ha concentrado la atención en el enfrentamiento ideológico e institucional por un lado entre PSOE y PSA por los réditos de la defensa de los intereses de Andalucía; y por otro entre PSOE y UCD por alcanzar la hegemonía política. Sin embargo la capacidad movilizadora del PC y de las CC OO juega un papel central en el éxito de las reivindicaciones autonomistas (por ejemplo en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977).

«El Partido Comunista y CC.OO ante la cuestión regional” (Soto Fernández; Villa; Infante; Jaén: 2015, pp. 73-84).

 

A pesar de que todos los partidos, que en Andalucía, obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 habían defendido en sus programas la idea del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sólo el PCE tomó una postura clara en este punto, defendiendo la constitución de una Asamblea Parlamentaria Andaluza (APA), la iniciación de las negociaciones con el gobierno para conseguir la preautonomía, la iniciación de los trabajos de redacción del estatuto de autonomía y la popularización de la autonomía mediante campaña en todo el territorio andaluz que culminaría con manifestaciones unitarias en todas las provincia.

El 4 de diciembre de 1.977, millones de personas tomaron las calles de las ocho capitales, numerosas localidades del territorio andaluz y otras ciudades de distintos lugares del Estado (destacando Cataluña), para reivindicar la autonomía plena para Andalucía. El pueblo andaluz exigió su condición de Nacionalidad Histórica y esa reivindicación corrió como un torrente que desembocó en el 28 de febrero de 1.980, rompiendo así el esquema diseñado en Madrid por el «Constituyente», compartido, en parte, por,  las burguesías catalana y vasca, que consistía en «confederar el norte y regionalizar el sur». Con esta victoria se abrió la posibilidad a todos los territorios de España de optar a un autogobierno en igualdad de condiciones y, por tanto, de abrir en un futuro (que es nuestro presente), el debate sobre el Estado Federal.

En este contexto histórico, el asesinato en Málaga por una bala de la policía de Manuel José García Caparrós, militante de CC.OO, añadió al 4-D la sangre derramada de un joven que cometió el terrible delito de, junto a cientos de miles más, ponerle voz colectiva a un pueblo andaluz que sólo había sido considerado apto para el «folklore». Este crimen no fue un hecho aislado, se suma, a los otros cientos que, entre 1.976 y 1.981 (la llamada «modélica y pacífica transición»), fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las propias fuerzas de orden público y que nunca fueron investigados.

Todo el primer periodo de lucha autonomista, indisociable (en Andalucía) del conflicto y la reivindicación social fueron la base material que impulsó al PCE de Andalucía a su constitución en PCA y, en consecuencia, la lucha contra la desigualdad social y la denuncia de la discriminación territorial de Andalucía fueron los ejes centrales de su actuación del en su primera andadura. En el año 1981 el PCA pone en marcha una gran campaña reivindicando un Plan de Urgencia para Andalucía (PUA), con el objetivo de concienciar a la población acerca de las causas de la situación de retraso de Andalucía en niveles de renta, educación, atención sanitaria, protección social infraestructuras públicas y falta de tejido industrial y de reivindicar un ambicioso programa de inversiones públicas por parte del Estado. En enero de 1982, se celebra la 1ª Conferencia Agraria de PCA. Se populariza, a partir de ahí, la Reforma Agraria integral (RAI). En el documento aprobado se contemplan, junto a la reforma de la estructura de la propiedad de la tierra; la reforma de las estructuras de comercialización; la creación de una industria andaluza de transformación de los productos agrícolas; el apoyo al cooperativismo y a la explotación familiar, la planificación democrática desde las comarcas con la participación de sindicatos, cooperativas y ayuntamientos; la construcción de infraestructuras de comunicación en el medio rural y la propiedad social de la tierra del pueblo andaluz.

En marzo y abril de 1983 se producen huelgas de hambre y encierros de más de 90.000 jornaleros en paro, en cientos de municipios de toda Andalucía exigiendo un cambio en el Empleo Comunitario y el derecho al trabajo en el campo. La fuerte implantación social y municipal que tenía el PCA se pusieron al servicio de aquella movilización sin precedentes. Los ataques que históricamente había sufrido el partido procedentes de la derecha, llegaron con la misma virulencia por parte del PSOE.

En el mismo año, entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre, tiene lugar la Marcha por la Reforma Agraria, convocada por la Federación del Campo de CC.OO de Andalucía, que se hizo del brazo del PCA, que puso toda su capacidad organizativa, influencia social y poder municipal al servicio de la misma. Casi 1300 KM, de 7 provincias, recorridos a pie por cientos de jornaleros y jornaleras dieron cuerpo a una de las más masivas, solidarias, extensas y míticas movilizaciones de la historia del movimiento obrero andaluz.

En función de los párrafos anteriores, se puede afirmar con seguridad que la actividad política en los cuatro primeros años de vida del PCA como partido autónomo (incluidas las campañas electorales del 28-F, las elecciones parciales al Senado, la ratificación en referéndum del Estatuto, las primeras elecciones autonómicas y las Municipales de 1983), estuvo condicionada por la reivindicación de superación del subdesarrollo andaluz en materia de infraestructuras y servicios públicos, a la conflictividad social por los derechos y el empleo de trabajadores y trabajadoras del campo y a la lucha por la tierra (Reforma Agraria). Todas estas cuestiones contempladas como inherentes a la profundización de la Autonomía y el desarrollo del Estatuto andaluz, para que las  conquistas ganadas entre el 4-D de 1977 y el 28-F de 1980 no se convirtieran en papel mojado como así ocurrió, en gran medida, por culpa de la tradición de tándem Felipe-Guerra al impulso autonómico protagonizado por millones de andaluces y andaluzas.

A partir de ahí, utilizando un terminología que no me gusta pero que está de «moda», habría que certificar un hecho objetivo: en Andalucía no se ha construido un «relato» para contar, de generación en generación, todo el proceso de lucha social y política acaecida en nuestra tierra. Un relato que siempre es fundamental para construir una conciencia colectiva de pueblo.

Muy al contrario, más de cuarenta años después de aquellos hechos, vuelven a sonar en España las voces del centralismo, las voces que quieren volver a enseñar la historia desde la uniformidad de un único libro, una sola religión y una única lengua. Y lo hacen desde el cinismo más burdo, en nombre de la «igualdad de todos los españoles». A esta falacia reaccionaria no siempre se la combate con total contundencia, desde unos mínimos principios democráticos y desde los datos más objetivos: LA MAYOR DESIGUALDAD SUFRIDA POR ANDALUCÍA SE HA DADO EN LOS PERIODOS DE MAYOR CENTRALISMO.

Pero lo más grave de esta «amnesia planificada» no está en la ausencia de ese «relato» en las escuelas, en los libros de texto, en universidad andaluza, en la RTVA que, por omisión consciente del todo poderoso PSOE de Andalucía, ha provocado que casi la práctica totalidad de las personas menores de 40 años desconozca el 4-D, el 28-F, el Estatuto, el asesinato de Manuel José García Caparrós, las notas más básicas de la vida y obra del también asesinado Blas Infante, las asambleas de Ronda y de Córdoba, el proyecto de estatuto en 1933, la lucha por la tierra, el origen de los símbolos andaluces (bandera e himno); lo más grave (valga la autocrítica incluida la personal) es la renuncia, por la vía de los hechos, de la izquierda transformadora andaluza, incluido el PCA, a enarbolar la bandera de Andalucía en la lucha social, el trabajo político, la pelea electoral, la responsabilidad institucional, la batalla ideológica y hasta en las Escuelas y los planes de Formación a la militancia. Y cuando hablo de bandera, evidentemente, no hablo (que también) del trozo de tela. Enarbolar la bandera andaluza desde un proyecto transformador significa, aparte del mencionado relato, hablar del nuevo modelo productivo (el trabajo de nuestro gran Pedro Vaquero en toda la parte económica del Manifiesto), la Reforma Agraria, la vocación antimonopolista (aunque incompatible con la UE), enarbolar la bandera significa aspiración a la soberanía popular, con discurso solidario y federal, con solidaridad internacionalista y antiimperialista (OTAN NO, bases fuera).

Es cierto que en las grandes declaraciones de principios no se ha renunciado a un proyecto andaluz. En junio de 1996 el VI Congreso del PCA aprobó la apuesta del partido por la «Construcción Nacional de Andalucía», que un mes después la Asamblea Andaluza de IULVCA aprobó lo propio y, que después, ningún congreso y ninguna asamblea han derogado tal apuesta política… al menos sobre el papel. La realidad es que la vorágine del día a día, las campañas electorales y la aplastante hegemonía interna del trabajo institucional siguen provocando que lo urgente siempre sustituya a lo importante. Y así con todo.

La verdad es que llegados a esta última etapa de nuestro devenir histórico, la Unidad Popular, la política de convergencia y, también, los acuerdos electorales quedarían incompletos si no los abandera un discurso y un proyecto que vuelva a conectar con el «sentimiento andaluz» y que transforme la «conciencia dormida» en aspiraciones materiales de justicia social, cultura y desarrollo.

En este sentido, Adelante Andalucía nació tan cargada de buenas intenciones como de grandes déficit, empezando por la escasa participación colegiada en su gestación. También se percibía un pecado original, parecía que pretendiera sustituir, en lugar de sumar, y ocultar en lugar de aprovechar la riqueza política y la experiencia de sus componentes más conocidos. El discurso andaluz de Adelante quedaba limitado a un glosario de sentimientos desligados de análisis de clase y despojado de proyecto estatal («¿y Andalucía pa cuando?» repetía la candidata en los debates televisados cuando aparecía la cuestión catalana). Y un miembro del equipo de comunicación de Adelante llegó a publicar un artículo en  que defendía que AA se convirtiese  en una fuerza andalucista «sin las viejas y derrotadas banderas rojas».

La posibilidad de comenzar a construir un «Sujeto Político Andaluz» sufría una voladura controlada con la inscripción de AA como partido político, la ruptura de la solidaridad federal y los tirones por las siglas, en fin, el desastre. Un desastre que algunos no queremos ver convertido en tragedia electoral. Habrá que seguir construyendo la unidad como necesidad histórica.

Ahora nos volvemos a encontrar ante el reto de no parar en nuestra incesante búsqueda de la Construcción de la Alternativa. No se entendería el «Nuevo País» sin el concurso del potencial transformador de Andalucía. No es posible entender Andalucía fuera de  la lucha por un cambio en la forma y el modelo de Estado y por otro sistema económico y social. La III Republica (que llegará más temprano que tarde), será construida con el concurso y la adhesión libre de los diferentes pueblos y Naciones de España. En cuanto Andalucía se despoje de la maldición de ser el sostén del Régimen del 78, habrá caído el último andamiaje que sostiene a la monarquía. Es ese el potencial transformador de Andalucía, el único territorio capaz (en palabras de Blas Infante) de contribuir a la transformación del conjunto de España.

El PCA, desde su reconstrucción, su soberanía y su visibilidad, debe poner toda su capacidad colectiva a disposición de esa búsqueda de la construcción de la alternativa. El «Nuevo Sujeto Político Andaluz» más que una aspiración es una necesidad (sin que nadie quede descolgado), el proyecto ha de ser superador (no liquidador de sus componentes), unitario en el programa y diverso en la riqueza ideológica (lo que decíamos en IU). Y, claro está, el «andalucismo de izquierdas» tiene que ser asumido como una seña de identidad colectiva (no excluyente). No es posible tal proyecto sin banderas rojas.

 

Referencias Bibliográficas

Díaz del Moral, Juan (1967). Historia de las agitaciones campesinas en Andalucía, Madrid: Alianza Editorial.

Peña, Miguel Ángel (2018). Andaluces Levantaos. El Trienio Bolchevique andaluz. Córdoba (1918-1920), Sevilla: Atrapasueños.

Peña, Miguel Ángel (2019). «Un siglo de la Asamblea de Córdoba», en Diario Córdoba 23-03-2019.

Soto Fernández, David; Villa, Inmaculada; Infante, Juan; Jaén, Santiago (2015). La identidad andaluza como identidad cívica durante la construcción de la autonomía (1975-1982), Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.

Manifiesto Programa del PCE (1975)

Programa Regional del PCE para Andalucía (1976)

Anteproyecto del Comité Regional del PCE de Estatuto de Autonomía para Andalucía (1977)

Tesis aprobadas en Congreso Constituyente PCA (diciembre 1979)

Estatuto de Autonomía para Andalucía (aprobado en 1981)

Tesis aprobadas en la primera Conferencia Agraria  del  PCA (1982)

Estatuto de Autonomía para Andalucía (reformado en 2007)

Manifiesto Programa del PCA XI Congreso del PCA (La Línea 21 al 23 Febrero 2014)