I. In media res

No hay Autonomía posible sin la institución de lo imaginario, sin explorar, como sugiere Castoriadis, la organización y praxis de lo social como ruptura con el relato del acontecer que lo haga posible. Es común sin embargo que toda referencia a la autonomía local se plantee, por lo general, en términos de descentralización territorial, en el plano físico, y no como un proceso de autodeterminación, en el plano simbólico. Hablar hoy no obstante de Proceso Constituyente y de Andalucía pasa, a nuestro juicio, por explorar y definir, prioritariamente, el imaginario del cambio en el plano comunicológico y cultural, en el campo simbólico de construcción de un país para las gentes que habitan y sufren la mayor precariedad y desigualdad del Estado español. El marco de partida, en este punto, es francamente adverso por décadas de omisión de las fuerzas transformadoras, así como el contexto estructural de la economía-mundo que condiciona los márgenes de intervención a este nivel. En palabras de Arriola:

 

al mantener la peculiar cultura política del franquismo en la gestión del nuevo capitalismo español, la modernización de este no es completa: la acumulación de capital no se determina a partir de la compulsión de las fuerzas de mercado, sino en un conjunto de actividades que se reproducen gracias a la protección del estado, la realización de beneficios privados con el presupuesto público y la generación de grandes empresas fruto de privatizaciones y no del proceso de centralización del capital; se protegen frente a las fuerzas de la competencia —que arrasa con gran parte del tejido industrial en los años de la apertura al mercado común—. Este bloque dominante instituye un peculiar régimen político-social basado en la articulación de los grandes sectores empresariales beneficiados por el pacto de la transición (banca, constructoras, energía, gran distribución,...) y la clase política, que se traduce en un método de financiación opaco de los partidos, y un sistema de cooptación de cuadros políticos hacia los consejos de administración (y también en sentido contrario (…) que garantiza un enriquecimiento personal que justifica la permanente adhesión al régimen y facilita un flujo regular en la cooptación de cuadros intelectuales desde el espacio de oposición en un proceso de transformación molecular. (Arriola, 2017: 10).

 

Ahora bien, en la actualidad, asistimos, con la crisis del régimen, a la configuración de un nuevo escenario atravesado por la centralidad de la cultura en las estrategias de desarrollo local y regional a tenor de la intensiva internacionalización y mercantilización de las industrias culturales, que, necesariamente, han experimentado un crecimiento exponencial. Esta situación nos enfrenta a la necesidad de reformular las acciones políticas que tradicionalmente venían mediando las complejas relaciones establecidas en el mundo contemporáneo entre cultura, economía y democracia. Los principales debates en los organismos internacionales de regulación (UNESCO, OMC, UIT, etc.) se desarrollan de hecho a partir del desacuerdo acerca del estatus de la cultura como bien público o como servicio sujeto a los principios mercantiles. La tendencia general apunta hacia una progresiva retirada de los actores públicos que reducen sus funciones a la de simples gestores del patrimonio, cuya capacidad de intervención sucumbe ante la vertiginosa integración y concentración, sobre todo cruzada, de las industrias culturales. Es en este contexto donde toma sentido la reivindicación del papel activo de las administraciones públicas a la hora de actuar sobre el ámbito de la comunicación y la cultura enfrentándose a la deriva actual de primar lo comercial a lo creativo, lo rentable a lo innovador en una apuesta por alternativas democráticas frente a los cercamientos que se extienden sobre las culturas locales.

La voluntad política de esta lógica instituyente de la soberanía y la autonomía lugar se justifica por la racionalidad de una lógica del capitalismo que tiende a articular el proceso de valorización en torno a los espacios regionales y locales con el paulatino vaciamiento del Estado central. La doble dinámica de desterritorialización y centralización cultural constituye la paradoja más significativa de la realidad de la globalización en nuestro tiempo. Así, nuevas fracturas y jerarquías acompañan al cambio tecnológico que supone, al mismo tiempo, una oportunidad de desarrollo para las economías periféricas y una creciente determinación ajena a las necesidades endógenas de desarrollo. Resulta de este modo dominante una forma contradictoria de integración que tiende a favorecer las sinergias entre desarrollo territorial y actividades inmateriales (capital social, comunicación, conocimiento, cultura) prefigurando las líneas de acción de los principales programas públicos de integración en el escenario digital sin que, por el momento, en el caso de España, haya contribuido a una mediación productiva. Antes bien, las instituciones del Estado y la captura por el capital financiero han contribuido a un bloqueo de las fuerzas emergentes y el proceso de reformulación, necesariamente constituyente, en la coyuntura histórica actual. Desde este punto de vista, pensar Andalucía y el futuro como país en un nuevo marco de convivencia, desde el campo de la comunicación y la cultura, pasa por definir una nueva agenda para la acción.

En las siguientes páginas, se apuntan algunos elementos para la crítica a modo de cartografía para el cambio social posible y necesario, desde el Sur y desde Abajo, del proceso constituyente centrándonos en el papel que habría de jugar, en términos de teoría normativa, la comunicación para una agenda política propia que despliegue las potencialidades de las culturas populares en el país.

 

II. Mapa y estado de la cuestión

Andalucía, como señala el preámbulo del nuevo Estatuto, ha venido forjando su identidad como pueblo singular y espacio de encuentro, más allá de su territorialidad, a partir de prácticas culturales subalternas y periféricas que acrisolan una pluralidad histórica y un patrimonio inmaterial distintivo, tal y como reconociera el padre de la patria andaluza a principios del pasado siglo. La naturaleza híbrida y difusa de esta construcción identitaria ha tenido lugar, por lo mismo, de forma irregular e inconsistente, desde el punto de vista político, en su voluntad de autonomía y capacidad de determinación dándose la paradoja de una rica y potente producción simbólica a nivel del imaginario con incluso una amplia y consolidada proyección de sus señas de identidad al tiempo que una débil e irrelevante presencia nacional e internacional como actor político. Más aún, a día de hoy, gran parte del debate regional sobre el Estatuto de Autonomía se centra casi exclusivamente en el marco de descentralización de competencias y su financiación y sostenibilidad sin una hoja de ruta propia para la autodeterminación que, a partir de la fortaleza y puesta en pie de las formas propias de identificación, permita liberar las potencialidades de las comarcas y las localidades andaluzas. Si uno sigue los debates de los actores locales en el campo cultural y de los medios (si es posible calificarlos como tales) andaluces, pareciera que la única agenda existente y el objetivo político exclusivo es tratar de gestionar con herramientas propias el espacio cultural en busca de una mayor eficacia, algo de equilibrio y mayor cohesión social ignorando que, con el proceso de globalización, tiene lugar el despliegue de una lógica y captura de las formas locales de vida y resistencia marcadas cuando menos por cuatro realidades objetivas que no cabe ignorar en el actual momento histórico. A saber:

• En un escenario marcado por la domesticación de las creatividades y las identidades culturales locales por unas pocas transnacionales, la defensa de la diversidad cultural y lingüística se convierte en una prioridad y un problema cuasi de subsistencia para regiones como Andalucía, con dependencia estructural en sus industrias culturales, dada su posición periférica.
• La disminución de las barreras de entrada a productos y productores independientes se enfrenta a la tendencia a una integración vertical extrema entre nuevas redes y productores de contenidos. Hablamos de Amazon, Netflix o cualesquiera otras corporaciones transnacionales que amenazan también sectores de la comunicación y la cultura más consolidados como puede observarse en Francia o en Cataluña.
• El enorme potencial de generación de empleo del sector cultural contrasta con la generalización de un modelo de precariedad en las condiciones de trabajo que para el caso de Andalucía no es nuevo si se consideran las carencias de las políticas culturales y el tejido industrial en el sector de la comunicación y la cultura desde el proceso de transición.
• Las políticas culturales corren el peligro de caer en el hipnotismo tecnológico y olvidar que la verdadera integración en las sociedades del conocimiento pasa por la formación de recursos humanos especializados en el desarrollo de servicios y contenidos culturales propios, tal y como uno puede observar en el análisis del PAIDI o en planes fallidos como el proyecto de Sociedad de la Información para Andalucía.

En este escenario, toda política de contención está condenada a fracasar en un proceso de transición que amenaza la pervivencia de las culturas locales. Más allá del fracaso del plan de Diversidad Cultural de la UNESCO, y pensando desde Andalucía, frente a este escenario solo cabe la ruptura y el antagonismo como reconstrucción del tejido político y social en función de una estrategia constituyente que refunde el Estado y dote de sentido, en la praxis, el contenido del nuevo Estatuto de Autonomía y la construcción de lo común.

Asumiendo en parte las tesis de Castoriadis, el devenir del dominio público (Ecclesia) implica que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pertenezcan al pueblo y sean ejercidos por él con garantías plenas (Castoriadis, 1998: 85). Esto es, el principio de autonomía presupone cumplir el principio de emancipación, esto es, que no debe haber decisión sin participación en el autogobierno y producción de lo común del sujeto político de la soberanía. Si la autonomía, siguiendo a Castoriadis, es la gestión colectiva como institucionalidad permanente y creativa de la colectividad, como una praxis de dominio del proceso histórico-social, la toma de conciencia de estos obstáculos inciden en la necesidad de adaptar los objetivos y las herramientas de las políticas culturales en Andalucía a los nuevos desafíos que se dibujan a medio y largo plazo en el proceso de construcción ordoliberal de la globalización.

A pesar de la tendencia a reducir la intervención pública en el campo de la comunicación y la cultura, el espacio de lo simbólico nunca ha sido ajeno a la articulación de políticas activas del Estado privatizado, con lo que el seguimiento y análisis de éstas se hace hoy más necesario que nunca ante los retos derivados de la creciente interrelación entre cultura y desarrollo territorial en un escenario, como hemos apuntado, paulatinamente cercado en su capacidad de autodeterminación por las exigencias de la dinámica de acumulación y valorización del capital financiero internacional. 

Considerando estas limitaciones y estructura internacional y la posición geopolítica, interna e internacional de Andalucía, pensar la autodeterminación como comunidad política en un proceso constituyente pasa, a nuestro juicio cuando menos por cuatro condiciones:

1. El desborde y superación del modelo de acumulación dependiente que ha lastrado la economía y las formas de reproducción de la estructura social andaluza.
2. La crítica y reformulación de la forma Estado y el sistema autonómico:

 

La masiva descentralización del gasto público que acompaña la evolución del régimen se traduce en una creciente autonomía de la reproducción de las estructuras económicas y políticas del poder desde las instituciones del estado autonómico, es decir, desde las comunidades autónomas. Este proceso es más ágil en aquellas regiones en las que la representación política de la burguesía se expresa en una formación política local: País Vasco, Cataluña, Navarra, Canarias. En algunos casos, ese reforzamiento del poder político autonómico alimenta la ilusión de poder conformar un espacio autónomo de acumulación, cuando este solo existe —y ni siquiera de forma plena— en las actividades y sectores que se articulan al presupuesto público como la construcción, los servicios profesionales y culturales, energía, gas y agua o la agricultura, un sector sometido, desde mediados de los años 80 y gracias a la política agrícola común, a una planificación de producción y rentas casi completa. (Arriola, 2017: 10)

 

1. La inversion del imaginario del franquismo sociológico que impregna y coloniza la identidad andaluza entre el folklorismo, la invisibilidad y la subalternización. Para ello es preciso empezar a impugnar, antagónicamente, el tradicional antiintelectualismo que justifica dos preceptos básicos de la dependencia cultural en Andalucia: la desconfianza en el análisis de toda lectura ajena al liberalconservadurismo y, por otra parte, una suerte de desafección a los trabajadores de la cultura en tanto que poseedores, en el sentido de Bourdieu, de capital simbólico.
2. La articulación de poder popular y gestión de cuencas de cooperación y antagonismo de base local en los municipios, comarcas y mancomunidades de Andalucía, fortaleciendo, como en su momento hiciera el PCI en Italia, los medios de proximidad y las formas mancomunadas de comunicación, educación y cultura popular, hoy principio inexcusable del nuevo Estatuto de Autonomía (artículo 44).

La hipótesis que sostenemos en este artículo es que, en el actual contexto de crisis financiera internacional y de modelo de acumulación y desarrollo de Andalucía, la disputa por la hegemonía y en defensa de la democracia pasa por priorizar la lucha en los frentes culturales. Pues es en el terreno simbólico donde se definen las condiciones de autonomía y modelo de desarrollo de nuestro país. Las políticas de comunicación y cultura pueden desempeñar en este sentido una función estratégica de cara a proyectar nuevas lógicas de mediación, contribuyendo desde las instituciones y políticas públicas autonómicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades y la autonomía cultural necesarias en pro de salidas creativas y rupturistas. En el marco de crisis, subalternidad y dependencia de Andalucía, la lucha cultural ha de plantearse, por lo mismo, como un espacio contradictorio de trabajo con las que imaginar formas singulares de sociabilidad y de desarrollo de la cultura propia contribuyendo a nuevos procesos de desenvolvimiento y construcción colectiva frente a las formas asimétricas de globalización y mercantilismo que amenazan la vida en común de las culturas populares en Andalucía. Las dimensiones y complejidad de la actual coyuntura histórica exigen no obstante a este respecto reformular las acciones políticas que institucionalmente vienen mediando las complejas relaciones establecidas en nuestra región entre cultura, economía y democracia. La doble dinámica de desterritorialización y centralización cultural constituye, según hemos señalado, la paradoja más significativa de la actual dinámica que experimentamos en los ámbitos de proximidad con el capitalismo y el modelo de vertebración territorial pensado por la troika para Andalucía, relegada a un espacio de consumo producido y modelado desde fuera por actores de la globalización hegemónica del Norte.

En el marco de descentralización subalterna y dependiente de competencias que sufre nuestra tierra, las fuerzas políticas del cambio en Andalucía deben procurar por ello tratar de construir un nuevo frente cultural con los diversos agentes sociales del campo de la comunicación y la cultura confrontando viejos retos y nuevos obstáculos que han de ser redefinidos para un óptimo y adecuado desarrollo de las potencialidades que ofrece nuestro campo cultural desde una lectura otra de la autonomía y el proceso constituyente que ha de priorizarse en la agenda política nacional. Así:

• En un escenario marcado por la domesticación de las creatividades y las identidades culturales por unas pocas transnacionales, la defensa de la diversidad cultural y lingüística se convierte en una prioridad para Andalucía, carente históricamente de una industria cultural realmente propia. Al tiempo es preciso, tal y como se apunta en el documento estatutario aprobado por el Parlamento de Andalucía, reforzar la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, la investigación y difusión de su patrimonio histórico por todos los medios posibles (Artículo 10.3).
• La disminución de las barreras de entrada a productos y productores independientes se enfrenta a la tendencia a una integración vertical extrema entre nuevas redes y producción de contenidos que ha de ser objeto de intervención de los poderes públicos bien formulando la creación de nuevas plataformas o promoviendo políticas estatales de protección y defensa de la libre expresión de los actores locales.
• El enorme potencial de generación de empleo del sector cultural contrasta hoy con la generalización de un modelo de precariedad en las condiciones de trabajo y en los salarios que cada vez afecta a más sectores, incluidos los regulados y asalariados como el caso de la industria periodística. La era del entusiasmo, criticada por Zafra (Zafra, 2017), es la era del precariado y una política pública ha de situar en el centro del debate la situación de los trabajadores de la comunicación y la cultura intensivamente explotados y migrantes ante la falta de oportunidades en la propia tierra.
• El determinismo y dependencia tecnológica relegan, por otra parte, el papel de Andalucía a una posición secundaria en calidad de mero mercado de consumo, limitando las potencialidades de creación de aplicaciones, tecnologías y recursos para la llamada Sociedad del Conocimiento, lo que plantea un reto de formación de recursos humanos especializados en el desarrollo de servicios y contenidos digitales, pero también de cuestionamiento del código propietario y la renuncia a los derechos comunes con independencia de los pronunciamientos y planes como Guadalinfo.

Considerando tales retos, y en el marco de un escenario internacional determinado por el proceso de crisis del capitalismo, uno de los principales retos que cabe plantear desde una perspectiva alternativa para la autonomía andaluza es el de saber conectar nuestro discurso político con los imaginarios de las clases populares, adaptando prioridades y teniendo en cuenta los cambios generacionales que, en términos políticos, han marcado la historia reciente de nuestro país. Este es un difícil reto por cumplir, por múltiples razones.  Primero, y antes que nada, nos encontramos con un escenario mediático fuertemente concentrado, fundamentalmente privado, y regido por la lógica del espectáculo antes que por la de la construcción de un espacio público democrático, junto a la ausencia de una intervención más decidida y estratégica en los frentes culturales por la disputa de la hegemonía. Bien es cierto que, históricamente, desde la izquierda transformadora, pese a la reivindicación gramsciana de construir un nuevo liderazgo intelectual y moral, han sido escasos, desde la caída del Muro de Berlín, los proyectos políticos centrados en el plano de la lucha cultural. Considerando los antecedentes de lo que representara Convocatoria por Andalucía, y a tenor de los elementos arriba señalados, parece razonable afirmar que es preciso a medio y largo plazo pensar, en Andalucía, la alternativa de nación, de proyecto autónomo, disputando justamente en el plano de la hegemonía cultural el dominio político del modelo liberal del PSOE y de la oligarquía conservadora del PP/Ciudadanos, tal y como se acordara en la X Asamblea Federal de IU.

Sabemos que para construir la hegemonía política es necesario (re)construir previamente una hegemonía cultural. Valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la primacía de lo colectivo sobre lo particular, de lo comunitario sobre lo individual, de la democracia sobre los mercados, del trabajo sobre el capital, etc., que han dado sentido a las luchas de la izquierda, han ido siendo sustituidos por valores como la disciplina, la austeridad, la desigualdad, la competitividad, la estabilidad, el beneficio, la primacía de lo individual sobre lo comunitario, de los mercados sobre la democracia, de la acumulación sobre la distribución, de la rentabilidad sobre los derechos sociales y culturales. Por ello, hoy más que nunca, es preciso plantear una rebelión democrática de las matrices culturales que nos definen en Andalucía desde una visión estratégica para la construcción de un nuevo bloque histórico en la región, una Andalucía en Pie como Revolución Ciudadana por el Porvenir de Andalucía Libre y Digna.

Veamos, en lo concreto, como materializar este proyecto utópico de liberación para un pueblo y una tierra por siglos condenada a la dominación y subalternidad. En las siguientes páginas, vamos a definir, a modo de diagnóstico y prognosis, algunos ejes centrales de discusión que conviene, como mínimo, replantear en la agenda política.

 

III. Diagnosis y ejes de intervención

El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía marca un sistema normativo progresivo cuya realidad se afirma en la apuesta de avanzar en el reforzamiento de la identidad y la soberanía del pueblo andaluz. La demanda de un nuevo impulso democrático para reivindicar, como en 1978, el derecho a la autonomía como un proceso popular está en la base del nuevo espíritu constituyente que ha de ser recuperado en el marco de una crisis de régimen y legitimidad democrática que ha lastrado, desde su aprobación, el alcance y el sentido histórico del nuevo marco normativo. A fin de poner en valor las potencialidades liberadoras de Andalucía por sí, para sí, como para España y los procesos de emancipación de la humanidad, es preciso disputar el campo simbólico de la comunicación y la cultura. No viene al caso hacer aquí una exégesis del nuevo marco estatutario de la Autonomía. El objeto del presente artículo apunta más bien a repensar las políticas públicas en este ámbito. Ahora, resulta del todo oportuno recordar, no obstante, algunos principios contenidos en el Título VIII relativo a los Medios de Comunicación Social para una crítica del estado de la autonomía a este respecto. En él, se reconocen:

1. El derecho universal a la información.
2. La centralidad del servicio público de radiotelevisión de gestión directa, en un momento en el que otras comunidades, como Valencia, gobernado por la derecha, ponían en peligro, y posteriormente, hicieron desaparecer su ente público autonómico.
3. El derecho de acceso.
4. La regulación de la publicidad institucional.
5. La promoción de la lengua y cultura andaluzas.
6. La potencial creación de nuevos canales audiovisuales para proyectar la imagen de Andalucía y atender a los distintos sectores y públicos que habitan nuestra Comunidad.
7. Y la elección por mayoría cualificada del Director de Canal Sur.

Estos elementos progresivos siguen, a fecha de hoy, sin cumplirse, pasada ya una década de la aprobación del Estatuto por el Parlamento de Andalucía. En el tema que nos ocupa, además, se considera la comunicación y la cultura un campo, el de lo simbólico, desde una visión tecnocrática más que política, favoreciendo la captura del imaginario popular andaluz en la administración comunicativa autonómica dominado por la élite que impide o ha bloqueado el proceso de emancipación del pueblo andaluz hasta la fecha.

En esta línea, conviene hacer pedagogía democrática reivindicando la plena democratización y el desarrollo social y autónomo de la ciudadanía en materia de comunicación y derechos culturales. De acuerdo al mapa o estado del arte reseñado, por fuerza sucintamente, convenimos afirmar la necesidad, como prioridad política, de la disputa ideológica sobre qué es y cómo debemos reconstruir Andalucía. Ello pasa por reconocer experiencias significativas de extensión y mejora de la democracia participativa con iniciativas estratégicas de impulso de la industria cultural regional y de desarrollo de los espacios y programas de apropiación de los recursos de información y conocimiento, explorando nuevas propuestas de comunicación integral dirigidas a ahondar y definir formas creativas de gobierno y de articulación de los espacios comunitarios de proximidad si, en verdad, se ha de ganar la disputa del sentido en los frentes culturales en un momento especialmente relevante de transición y crisis.

Cinco ejes constituyen, a nuestro juicio, en este sentido, los elementos centrales en este proceso antagonista de movilización y autonomía en la dinámica constituyente:

I.- La centralidad y promoción de la participación ciudadana en el campo de la comunicación y la cultura.

II.- La apropiación y desarrollo endógeno de las nuevas tecnologías de la información.

III.- La defensa y reorganización autónoma de los medios públicos y comunitarios como sector convergente en la confluencia digital.

IV.- La educación para la comunicación como pedagogía democrática de la ciudadanía y la cultura andaluza.

V.- El fortalecimiento y rediseño de las políticas culturales desde lógicas inclusivas y populares.

Hasta la fecha se observa que, desde la Junta de Andalucía, los sucesivos gobiernos del PSOE han incidido, tradicionalmente en todo lo contrario:

• El abandono del ámbito cultural como cuestión prioritaria en las políticas de la organización autónoma de la región en tanto que campo productivo de desarrollo económico.
• El uso elitista y conservador de determinados elementos culturales para la construcción del imaginario colectivo de la sociedad andaluza, en torno a la religión y el folclore desconectado de la diversidad y prácticas populares reales.
• El acaparamiento por parte de las élites y sus partidos políticos de referencia, de los medios públicos e institucionales (espacios e infraestructuras, licitaciones, desarrollo de políticas públicas, etc.) y los escasos recursos de expresión cultural socializados.
• La instrumentalización de los medios públicos contra los intereses de los andaluces por razones partidarias y de reproducción del poder oligárquico.
• El derroche de medios para la cultura de élites y mínimo apoyo al desarrollo de la cultura popular.
• El fomento de los elementos reproductivos del capitalismo y su universo axiológico.
• La ruptura entre lo rural y lo urbano, prevaleciendo el segundo ámbito, con ausencia de políticas comarcales, locales y territoriales de desarrollo sostenible en materia cultural.
• La extensión de una cultura de la obediencia y funcional en la educación formal y la oferta cultural institucional.
• La falta de apoyo a los agentes culturales y de continuidad de los ejes y proyectos de las políticas culturales andaluzas.

Frente a esta lógica de desvertebración de Andalucía como país, como proyecto colectivo, parece conveniente, si de construir un país para los andaluces se trata, situar el campo de la cultura como eje político de primer orden procurando:

. La construcción colectiva de un modelo cultural alternativo y de los consensos necesarios para ello a partir de modelos de cocreación, cogestión y de democracia participativa radical.

. La democratización de los accesos, contenidos y economía del tiempo para un ocio que contribuya a la identidad, autonomía y solidaridad que distinguen nuestra tierra.

. El impulso de medios, canales y espacios de autonomía ciudadana para la promoción y empoderamiento de las señas de identidad del ser andaluz.

. La articulación de políticas culturales que prioricen las culturas populares, tradiciones y nuevas formas de expresión tanto en el ámbito urbano como a nivel rural.

. El diseño de una política de comunicación conectada con las prioridades de educación, desarrollo cultural y autonomía, programando contenidos que divulguen nuestro talento y fortalezcan las industrias culturales andaluzas.

Vamos a detenernos en algunos de los ejes reseñados para discutir, con mayor profundidad, los elementos nucleares de una agenda para la acción en esta dirección.

 

IV. Andalucía ante la sociedad de la información y del conocimiento

El Artículo 10.12 del nuevo Estatuto establece la necesidad de incorporar al pueblo andaluz a la Sociedad del Conocimiento. Aunque sólo han pasado tres lustros desde el cambio de siglo y milenio, ya podemos hablar de un profundo cambio en las economías occidentales que ha acarreado serias transformaciones de índole política, social y cultural, sacudiendo estas sociedades y la tendencia de desarrollo y crecimiento que habían protagonizado desde mediados de los años 70. El colapso del modelo económico europeo, con la profundización de las desigualdades y de la exclusión social que conlleva, coincide con el surgimiento de nuevas formas de expresión políticas y culturales, que tienen en el movimiento 15M o en colectivos como Democracia Real Ya nuevos modelos de referencia en la organización y representación política, donde la lógica de las redes ocupa un lugar central. Todo ello en el marco de la ruptura del pacto capital-trabajo que hasta hace poco había dominado las relaciones sociales en los países centrales del capitalismo avanzado y que es muestra del cambio de paradigma operado en el modo de regulación de espacios de integración supranacional.

Si la Unión Europea es uno de los actores que está experimentando en primera persona la nueva recomposición del poder, España está presa de los compromisos adquiridos para su integración en la UE que, a medio y largo plazo, en el contexto de la actual crisis, ha significado una mayor dependencia y pobreza para Andalucía, por las directrices definidas por la troika. La situación de dependencia y marginación que protagoniza el Estado español con respecto a Europa es la misma que la que experimenta Andalucía con respecto a aquel. Si podemos hablar de una evolución de la economía andaluza desde su Estatuto de Autonomía de 1978 es para remarcar que, aunque en las últimas cuatro décadas ha crecido económicamente, su función sigue siendo secundaria con respecto a la dinámica motriz de otras economías como la catalana, encontrándonos con que, además, no sólo sigue aportando el 13% a la economía española (cifra similar a la del año 1980), sino que presenta una situación cada vez menos diversificada, con mayor peso de la agricultura, una tendencia al despoblamiento del medio rural, un aumento espectacular del desempleo y de la pobreza y, finalmente, una reordenación oligárquica del poder similar al modelo caciquil del siglo XIX. Este recorrido nos sirve para ilustrar de manera sucinta el marco en el que se desarrollan las políticas de Sociedad de la Información en Andalucía y para explicar también el calado que medidas como la Segunda Modernización o la Estrategia Digital tienen para el desarrollo político, económico y social de la región.

Las esperanzas de desarrollo aparejadas al boom de las nuevas tecnologías de la información y comunicación justificaron en regiones como la andaluza el recurso a programas con el que a principios de siglo se proponía hacer de Andalucía una de las regiones más avanzadas de Europa, superando a través de la modernización tecnológica el atraso que acarreaba no haber experimentado de manera integral el paso hacia la sociedad industrial. En una suerte de pancomunicacionismo que replica el discurso y panoplia de argumentaciones a favor de la llamada nueva economía digital, Andalucía Imparable asumió esta política como argumento legitimador de una nueva etapa en el desarrollo autónomo que, de facto, los datos económicos de empleo, riqueza y tejido productivo cuestionaban en la práctica. Lo sorprendente es que, a día de hoy, esta visión política no ha sido modificada ni lo más mínimo. De hecho, que en la actualidad haya dejado de hablarse de la Segunda Modernización de Andalucía, coincidiendo con los primeros años de la crisis económica y la constatación de que el modelo de desarrollo de Andalucía estaba más vinculado al ladrillo y al turismo que a la innovación, no quiere decir que las políticas sobre Sociedad de la Información en general y sobre inclusión digital en particular no hayan tenido continuidad hasta hoy. Así, al plan de la Comisión Europea «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» y a su iniciativa emblemática «Una agenda digital para Europa», siguió la Estrategia Digital en Andalucía (EDA), concebida como la continuidad del Plan Andalucía Sociedad de la Información (PASI, 2006-2011) y hoy el Plan Andaluz de Investigación (PAIDI-2014-2020) que incide en los mismos objetivos y discurso: la «creación de un mercado único digital basado en un acceso a Internet y unas aplicaciones interoperativas rápidas y ultrarrápidas» que sitúen a Andalucía a la vanguardia del nuevo modelo de desarrollo.

Poco o nada se especifica sobre las dimensiones materiales y la lógica social que han de definir el rol de la ciudadanía, la inclusión y/o la participación digital entendidos como ámbitos de actuación no instrumentales. No obstante, los datos cosechados por estas políticas tecnocráticas apuntan justamente la necesidad de un cambio de rumbo cuando advierten del crecimiento de las brechas sociales e interterritoriales.

En este sentido, el ámbito de la comunicación, como energía social y como espacio de articulación de la dialéctica de mediación social, debe ser repensada en Andalucía si se quiere afrontar un proyecto integral de autonomía. El impacto de los nuevos sistemas y redes de telecomunicaciones en el desarrollo económico y social de las ciudades y pueblos de la región hacen necesaria una estrategia anticipadora de los poderes públicos que, a la par que garantice el progreso y avance económico, integre los territorios y aporte nuevos valores culturales en la configuración del espacio público. La influencia de este sector en el desarrollo autónomo exige, en consecuencia, el diseño de un Plan Integral de Comunicación y Desarrollo Local que partiendo de un consistente diagnóstico de nuestro entorno afronte críticamente los impactos de las nuevas tecnologías en las formas de reorganización del territorio y de ejercicio de la ciudadanía, a fin de avanzar políticas sostenibles que garanticen no solo la modernización telemática de la Administración Pública sino, más allá aún, y sobre todo, la integración de distritos, barrios y colectivos sociales en un proyecto común de futuro. En este sentido, las políticas públicas en Andalucía deben avanzar cuando menos en los siguientes ejes de actuación estratégicos:

1. La innovación y socialización de las redes de telecentros municipales. El acceso público a las nuevas tecnologías es una responsabilidad de los poderes públicos. Pero ello exige impulsar políticas de extensión de la red pública de telecentros garantizando la apropiación social de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía, a fin de superar no solo la brecha digital, sino los desniveles territoriales y las propias carencias de infraestructuras públicas de ocio y consumo cultural. En línea con las conclusiones del Informe CITIZ@MOVE, liderado por la ciudad de Sevilla, la plena socialización de la red exige la promoción de acceso libre, gratuito y universal no solo en edificios públicos sino en calles, plazas y lugares de encuentro, además de promover prioritariamente iniciativas ciudadanas para la democratización de la Administración Pública Local, reformulando de este modo las metodologías, programas y objetivos del Plan Guadalinfo en línea con experiencias más productivas y sostenibles como las de algunas comunas italianas o proyectos innovadores en los países nórdicos.
2. La creación de un Observatorio de Prospectiva Tecnológica de la Sociedad de la Información. Los estudios de diagnóstico y desarrollo de la Sociedad de la Información de Andalucía liderados por el Instituto de Estudios Sociales (IESA), con sede en Córdoba, deben ser complementados con la creación de conocimiento y diseños de futuro en la que además de expertos participen asociaciones empresariales como ETICOM, y representantes ciudadanos para el diseño de políticas activas de impulso de la Sociedad de la Información frente a las actuales políticas de ampliación del mercado de consumo de nuevas tecnologías que representa el Plan Guadalinfo o los programas de superación de la brecha digital.  Para ello es preciso conocimiento fidedigno, veraz y contrastable, del que la Junta de Andalucía carece en parte para el diseño de sus políticas públicas, dada la habitual confusión entre propaganda y realidad. La creación de un observatorio de análisis y prospectiva de la Sociedad de la Información que sirva de referencia regional en Andalucía con el concurso de expertos, profesionales de la información y colectivos ciudadanos, a fin de contribuir al desarrollo de este sector, asesorando al gobierno regional en la extensión de las políticas públicas sectoriales, es un paso pero necesario en tanto que proceso de autoconociencia y reflexividad dialógica de los actores concernidos en este vector estratégico de la economía nacional.
3. El desarrollo de un Plan Integral de Formación y Acceso a las TICs. El modelo Guadalinfo no ha contribuido significativamente al empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales, ni ha logrado permear transversalmente y alterar los modelos de mediación y organización de la administración pública local, por lo que parece conveniente, desde nuevas matrices y lógicas de articulación, impulsar un plan integral de formación a ciudadanos, voluntariado, funcionarios públicos y responsables institucionales en la extensión de una nueva cultura de la gobernanza a partir de metodologías participativas y una visión más dialéctica e instituyente del proceso de apropiación social de las nuevas tecnologías en nuestra región.
4. La promoción de la Economía Social de la Comunicación. Frente a la lógica de creación de infraestructuras y redes tecnológicas (como los telecentros), la política de Sociedad de la Información en Andalucía debiera ser concebida como una apuesta por el empoderamiento del Tercer Sector y de la ciudadanía, como una decidida voluntad, en fin, de configuración de las condiciones propicias para una comunicación no burocratizada, ni mercantilizada, en virtud de un modelo genuino y diferente de creatividad y economía social que se inspira en la investigación-acción y la capacidad de comunicación de las organizaciones no gubernamentales y los sectores tradicionalmente excluidos del proceso de modernización tecnológica, si en verdad se trata de reconstruir espacios comunitarios, de participación y encuentro, de diálogo y cooperación, que puedan resultar efectivos en el fortalecimiento de la gobernabilidad e instituciones democrática. A fecha de hoy ni los planes de capacitación de monitores de los telecentros ni de los funcionarios públicos contempla la formación de competencias en dinámicas participativas de desarrollo local y menos aún en la promoción del cooperativismo que podría favorecer la economía de contenidos digitales de comarcas y municipios de la región. La prioridad de la Junta de Andalucía sigue siendo la concentración empresarial para el fomento de una economía de mayor escala y la promoción del sector privado en un espacio tradicionalmente dependiente y con un tejido industrial raquítico, por no decir irrelevante desde el punto de vista de la competitividad neoliberal que propone como solución de continuidad en sus políticas públicas. De ahí la importancia de promover otra racionalidad económica del sector de las TICs.

En esta línea, la apuesta por la Comunicación Participativa participa de una idea compleja de comunicación según la cual la extensión de redes telemáticas, la promoción de grupos autónomos de intervención y el diseño de proyectos comunitarios, a partir del lenguaje de los vínculos, debe ser la base de cooperación productiva para construir comunicación local democrática, multiplicando tres formas estratégicas de la comunicación alternativa:

1. La reflexividad colectiva y liberadora sobre las prácticas de comunicación.
2. La cultura dialógica de construcción del consenso.
3. Y el reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia.

La política de redes de pensamiento e intervención social en la comunicación constituye, en este sentido, otra forma de hacer cultura, otra forma de organizar la comunicación y la participación ciudadana en Andalucía:

1. Articulando dinámicas de consenso e integración de los diferentes actores sociales de la ciudad en la discusión del modelo organizativo de la comunicación pública.
2. Garantizando la cobertura y acceso de todos los usuarios.
3. Observando el principio de igualdad en la participación pública del sistema cultural organizado por las industrias de la comunicación.
4. Facilitando la multiplicidad de emisores y el pluralismo real en la estructura de la información local.
5. Y promoviendo el uso creativo y crítico de los medios, a partir de una pedagogía de la comunicación transformadora.

Está de más reseñar que en modo alguno la Junta y las diferentes Consejerías con competencias en la materia han tratado de considerar, aun marginalmente, esta estrategia, siendo como es, la alternativa posible para una construcción consistente del modelo de planeación de la Sociedad Andaluza de la Información. Algo similar ocurre con la política audiovisual, un campo de disputa más sensible por el rol que ha desempeñado el operador público en la reproducción del modelo de desarrollo hegemonizado por el PSOE desde el acceso a la autonomía siguiendo el modelo del sistema Partido-Estado del PRI de México.

 

V. Servicio público e industria audiovisual regional

Las radiotelevisiones públicas, herramientas fundamentales desde su creación para la independencia que sólo puede garantizar lo público, sufren hoy un doble ataque en la disputa ideológica de crisis del régimen que representan las fuerzas del cambio para otra Andalucía Posible. Los intentos de manipulación partidista por parte de los gobiernos central, autonómicos y locales, y la campaña sistemática de descrédito liderada por los medios de comunicación privados, controlados por grandes corporaciones y grupos de presión que pretenden hacer negocio con la información, la cultura y el entretenimiento de la ciudadanía, marcan lo que algunos expertos denominan el déficit democrático de la transición en España.  En este sentido, reforzando la idea de que los medios públicos son un pilar del desarrollo social y democrático, es preciso recordar:

1. Que la ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación que sean garantes de las libertades democráticas y del acceso de la ciudadanía a los mismos.

2. Que los medios de comunicación públicos deben prestar un servicio público esencial, teniendo en cuenta la pluralidad social, atendiendo a las minorías y ofreciendo programaciones de calidad, tal y como se refleja en el Estatuto de Andalucía.

3. Que el sistema radiotelevisivo debe ser un servicio universal fomentando el acceso a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.

4. Que es preciso inspirar y salvaguardar el desarrollo autónomo local de la creatividad audiovisual en nuestro territorio.

5. Que, atendiendo al nuevo Estatuto de Andalucía, la titularidad y gestión han de ser íntegramente de titularidad pública, con una financiación estable que garantice su sostenibilidad y futuro desarrollo.

6. Que, en coherencia con la exigencia de autonomía profesional y de los derechos sociales a la comunicación, deben garantizarse condiciones de trabajo reguladas, dignas, y protegidas, conforme a los principios definidos por el Colegio Andaluz de Periodistas.

7. Que, para proteger el sistema audiovisual andaluz, el Consejo Audiovisual debe tener poder sancionador para regular la adjudicación de licencias y la retirada de estas en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, bien por la concentración en pocas manos o al contravenir intereses generales para el desarrollo de la Autonomía.

El nuevo Estatuto de Autonomía garantiza hoy que los medios de comunicación social y los servicios audiovisuales sean de titularidad y competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. El gobierno de Susana Díaz, no obstante, en sus primeros años ha venido debilitando este principio de obligado cumplimiento por la vía de los hechos y la omisión de políticas activas (Artículo 68). Pese a que se indica claramente que la Comunidad Autónoma puede regular, crear y mantener todos los medios de comunicación social necesarios para los fines que recoge el Estatuto, el proceso ha sido más bien el debilitamiento de Canal Sur y no digamos la red de medios municipales agrupados en plataformas como Onda Local Andalucía.

En la misma línea, y a fin de garantizar el principio de pluralismo y participación de la sociedad civil, los poderes públicos no han tomado iniciativa alguna en dirección a impulsar un Plan Regional de Medios Comunitarios y Ciudadanos, de formación y apoyo económico a la industria cultural del denominado Tercer Sector. Hasta el momento esta y otras políticas activas necesarias para la sobrevivencia del sector han brillado por su ausencia, quedando fehacientemente demostrado que no forma parte de la agenda de prioridades del gobierno de la Junta de Andalucía.

Considerando la gravedad de la situación que vive el sector público y a tenor de los hechos reseñados, parece conveniente impulsar con la mayor urgencia un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural de Andalucía que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil con la vista puesta en la apertura de un debate nacional que, con el concurso de todos los actores, y la ciudadanía en general, contribuya a crear un polo andaluz del sector y nuevos clusters de desarrollo de la industria audiovisual andaluza desde otra racionalidad y visión estratégica. A tenor de la ausencia de grupos propios de comunicación y una burguesía que promueva el desarrollo cultural de Andalucía, es deseable que en la región se garantice desde el sector público:

1. La creación de una Plataforma de Servicio Público de Radiotelevisión, una red de coproducción andaluza con televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrolle el sector audiovisual con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones del audiovisual andaluz.
2. La reorganización de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica como vías para generar recursos, con una mayor relación con la RTVA, la Universidad y la sociedad civil.
3. La planificación industrial del audiovisual andaluz como un sistema integrado, que articule el audiovisual andaluz (Universidades, tejido productivo, ETICOM, medios locales, etc.),  como generador de empleo en convergencia con las empresas públicas o participadas por la Junta de Andalucía en el sector de las telecomunicaciones.
4. La regulación de forma transparente y organizada de la contratación con el sector privado privilegiando el talento y empresas de origen y base andaluza.
5. El desarrollo de un sistema y plataforma de medios dentro y fuera de la comunidad. Dentro, en torno a la RTVA, y fuera, tal y como apunta el Artículo 6, para los andaluces en el exterior, a fin de atender a la migración, que ha jalonado de forma determinante la historia del pueblo andaluz, dando cobertura tanto por radio como por televisión a los andaluces en Cataluña y Madrid, cuando menos.

La asunción de estos objetivos mínimos de la agenda política sobre el audiovisual andaluz pasa por articular la política y gestión de los medios públicos desde nuevos criterios:

1. Trasladar el debate de lo económico a lo político, pues el servicio público de radiotelevisión se rentabiliza no en términos económicos, sino en términos de calidad informativa, de democracia, de pluralismo, de derechos culturales y de participación ciudadana. La defensa de lo público, frente a las pretensiones desreguladoras y privatizadoras azuzadas por los operadores privados, significa la apuesta no sólo por la existencia de un servicio público de radiotelevisión, sino también ha de representar la exigencia de una regulación que afecte a las emisiones de los operadores privados, pues también estos tienen una responsabilidad en términos de democracia, de cultura y de educación que no puede ser dejada al arbitrio del libre mercado (que se traduce en precariedad y homogeneidad informativa).
2. Asumir que los valores que tienen que regir el sector público de radiodifusión son la independencia, la libertad informativa, el dominio público y los derechos ciudadanos.
3. Plantear un sistema de financiación claro y preciso para la radiotelevisión pública, como existe en otros países que, también afectados por la crisis, no condenan a su servicio público de radiodifusión a la marginalidad e irrelevancia social con sus recortes.

Tales reivindicaciones distan sin embargo de definir el escenario a corto y medio plazo de la RTVA. El Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía perfila, antes bien, una política poco o nada favorable a las exigencias apuntadas. Siguiendo la Directiva de la UE (2010/13/de 10 de Marzo de 2010) y dando respuesta a la Propuesta no de Ley (PNLC 000149) promovida inicialmente por la Mesa de Organización e Impulso del Audiovisual de Andalucía (MOISA), el marco normativo que se prefigura lejos de avanzar un sistema estable para la Autonomía incide en las brechas y falencias que determinan el Sistema de Comunicación Autonómico. Si bien el nuevo Estatuto de Andalucía define en el Título VIII la titularidad y gestión directa por la Junta del Servicio Público Audiovisual, parte del articulado de la propuesta de Ley favorece en la práctica al sector privado. Lejos además de ser una propuesta integral, deja de lado el problema de las multiplataformas, la convergencia con las telecomunicaciones y la revolución digital como parte sustancial de desarrollo del servicio público audiovisual.

Desde el punto de vista normativo, prevalece incluso una concepción liberal al insistirse en el libre acceso, en un sistema de por sí dependiente de Madrid y Barcelona, o derechos como el de propiedad intelectual (Art.1 g) equiparado al Derecho de Rectificación en importancia. Aunque la norma establece elementos novedosos como la alfabetización mediática o la promoción informativa de la cultura de protección del medioambiente, aspectos sustanciales para el proceso de autonomía como la defensa de los valores y cultura popular de Andalucía son apenas referidos y ocupan un papel secundario en el articulado.

A modo de síntesis puede señalarse al respecto:

1. Que el concepto de medios comunitarios que se establece en la norma reproduce una visión liberal, privada, y no pública o comunitaria, de esta modalidad de acceso a radiofrecuencias. La influencia de cierta cultura autonomista, contra toda forma de lo público y del Estado, de los pocos participantes en la redacción original de la propuesta de Ley tiende así, como se puede observar en los debates de MOISA, a equiparar ideológicamente lo comunitario con lo libre frente a lo público coincidiendo en ello con los operadores privados en una lógica concurrencial aunque sean sin ánimo de lucro del acceso al mercado.
2. Que el papel del Consejo Audiovisual de Andalucía continúa relegado y capitidisminuido, al igual que el Consejo de Participación Audiovisual que queda como una instancia meramente consultiva sin trascendencia ni función relevante alguna desde el punto de vista social.
3. Que instancias fundamentales ya operativas como la Fundación Audiovisual dependiente de la RTVA quedan sin función clara en la definición del Plan Estratégico del Audiovisual de Andalucía pese a que debiera contar, cada cuatro años, con el concurso de los Agentes del Conocimiento del Sistema Andaluz de Ciencia y Tecnología (SICA2) y las universidades, relegadas a un papel meramente representativo, lo que constituye una contradicción con el propio PAIDI.
4. Que los Indicadores de Rentabilidad Social quedan sin desarrollar normativamente, a espera de un Reglamento, sin que se garantice por norma transitoria su ejecución y desarrollo. Considerando el incumplimiento de la norma en la renovación de órganos como el Consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual o la propia dirección de Canal Sur, cabe esperar que esta propuesta resulte, finalmente, un brindis al sol.
5. Que el marco normativo mantiene como pauta una visión mercantil y comercial en contra del Estatuto de Autonomía, preservando para el sector privado la publicidad total (de la que quedan exentos los medios comunitarios y los futuros medios educativos vinculados a la Universidad) e incluyendo contenidos de nocivos efectos para la salud pública como los espacios comerciales de esoterismo y juegos. Nada se dice, además, de la publicidad que atenta contra la identidad y los valores de la cultura andaluza. En suma, se asimila en la norma la doctrina liberal de la UE sobre la publicidad en todos sus formatos, modalidades y en exclusiva para los operadores privados, lo que a medio plazo garantíza un dominio del espacio audiovisual por los grupos nacionales de comunicación de Madrid.
6. Que la visión del Sistema Audiovisual Andaluz sitúa al operador público en una posición de subalternidad con respecto a los grupos foráneos de comunicación, proyectándose sobre el operador público funciones propias de una lógica mercantil como el emprendedorismo (art.31.2), la promoción del empleo (37.6), sin mencionar entre los fines estratégicos la promoción y desarrollo de la identidad y la cultura andaluza. Esta posición marginal del sistema público va en contra del espíritu del propio Estatuto que no solo garantizaba la titularidad de la Junta en la prestación del servicio sino que anticipaba la voluntad de un liderazgo y protagonismo del que carece hoy por hoy. Por ejemplo, a los medios públicos y comunitarios, como se hace en Bruselas, se les limita la cooperación en redes de información (Art. 38.4) que garantizaría, con sinergias, compartir recursos, conocimiento, y cobertura para alcanzar al mayor número posible de población. Como resultado se termina favoreciendo así al sector privado que puede operar en cadena sin ningún tipo de restricción como ya pretendiera en su origen, de forma fallida, el proyecto audiovisual del Grupo Joly. La norma además no garantiza la estabilidad financiera ni presupuestaria de Canal Sur, como sería deseable para que cumpla esa función motriz de articulación del sistema audiovisual andaluz, y sabemos que sin una financiación suficiente, productoras, creadores cinematográficos, y sectores auxiliares conexos a la principal empresa de comunicación de Andalucía no podrían subsistir. En esta línea, se abunda en la misma lógica cuando se aborda la comunicación de proximidad, al no comprender la posibilidad de medios locales de diputaciones, mancomunidades y comarcas, dado que solo podrá solicitar concesión un municipio con apoyo de otros, visión restrictiva de la composición territorial y riqueza del país que debiera tomarse en cuenta para facilitar los medios de proximidad, como en parte se asevera en la introducción de la norma.
7. Que el papel de la Universidad es irrelevante. Paradójicamente, no se habla de I+D, de tecnopolos audiovisuales, de industria y política económica para el sector, por más que se insista en la promoción del empleo y la importancia para Andalucía. La marginación de las Facultades de Comunicación en este proyecto ya se manifestó en la MOISA y el borrador de PNL por parte de los decanos de Sevilla y Málaga, que no fueron consultados ni tomados en cuenta. De hecho, el proceso de borrador fue financiado con investigadores cercanos al propio PSOE a partir de redes como la EMA, históricamente liderados inequívocamente por el PSOE de Andalucía, en la que fueron excluidos las voces disidentes. El proceso, calificado de ejemplar en términos participativos, ciertamente dio lugar al primer debate con la ciudadanía sobre el papel de la Comunicación a nivel regional. Pero el diseño de la norma vino viciado de inicio, por quienes fueron financiados desde la Dirección General de Comunicación de la Junta a fin de evitar veleidades que cuestionaran el modelo y control del aparato mediático en el país, hasta por la poca o nula representatividad de algunos de los actores tanto a nivel técnico (por el desconocimiento de las políticas de comunicación como objeto de conocimiento e intervención) como por las asociaciones involucradas. El caso es que finalmente la Universidad quedó ausente, no fue consultada, las Facultades excluidas (salvo los dos o tres contratados con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía) y las Universidades relegadas al acceso a radio, no a la televisión, en un marco que previsiblemente, condene a estos agentes del conocimiento a una mera función decorativa en la construcción del Sistema Audiovisual Andaluz. De I+D+i ni se habla en la norma ni se piensa, como tampoco de órganos verdaderamente independientes que contribuyan a un proceso constituyente y a la construcción de la nacionalidad andaluza, como sí se hizo por ejemplo en Cataluña a propósito del diseño de las políticas públicas en el sector.

En este caso, como en el proyecto de Andalucía y la Sociedad de la Información, estamos pues ante una política pública meramente enunciativa, sin valor de alcance ni efectividad alguna, salvo garantizar el dominio del aparato ideológico por parte del PSOE y las élites usufructuarias del dominio del territorio y el juego político. En este escenario, y ante la necesidad de un nuevo sujeto y proceso constituyente, se abren varios interrogantes sobre el futuro de la radiotelevisión pública autonómica que conviene asumir:

1. Lo primero es si desde la constitución de un bloque de progreso tenemos algo que decir / influir en el futuro de Canal Sur. Incomprensiblemente, este tema estuvo fuera de las negociaciones del pacto IU/PSOE, lo que hizo posible mantener el poder del medio público directamente en manos de Susana Díaz, como sucediera con sus antecesores en el cargo.
2. Se está planteando una modificación de la ley en relación al nombramiento y atribuciones del Director General de la RTVA. Si ya con Pablo Carrasco la propuesta de modificación incidía en que el Consejo de Administración cumpliera una función consultiva, sin valor fiscalizador, cosa que agravara la situación de dependencia del canal, hoy con un director provisional la situación puede decirse que ha empeorado notablemente. Y de hecho se cuestiona toda propuesta de elección cualificada del Director General como, en otro orden, ha sucedido con la RTVE y la contrareforma del PP, apoyada por el PSOE a nivel estatal, lo que marca un antecedente que, con probabilidad, aprovecharán las fuerzas conservadoras para evitar un cambio de calado en el ente autonómico.
3. Con la crisis de Canal Sur y la reducción de presupuesto en un marco en crisis se vienen suscitando preguntas acuciantes: ¿qué hacer con una plantilla sobredimensionada y que tiene decenas de cargos directivos que cobran cantidades desproporcionadas con el nivel de desarrollo regional? ¿qué hacer con las producciones externas que, aún siendo mediocres, garantizaban mantener el share medio en el 9-10%, por debajo de lo cual no es viable como modelo de tv? ¿qué alternativas proponemos como sustitutas de esos programas? ¿qué hacer con las producciones externas de calidad que resultaban las más baratas pero que con la supresión de Canal Sur 2 se quedan sin hueco en la parrilla? ¿qué hacer con la industria cultural que ha dependido casi exclusivamente de las ventas a Canal Sur pero que daba empleo a muchos autónomos creativos que eran subcontratados por las grandes productoras que ejercían la mayoría de las veces de intermediarios ?. Hasta la fecha la respuesta sindical es reactiva y cortoplacista: incremento presupuestario y mantenimiento del empleo. Pero convendría tomar en cuenta que el marco de desarrollo de Canal Sur debe ser interpretado políticamente con una visión instituyente y no de restauración de lo instituido, considerando el escaso valor aportado en términos de derechos de la ciudadanía y construcción de país para todos.
4. Un elemento a tener en cuenta es que la opinión pública andaluza puede no estar por mantener la RTVA si pensamos de hecho en los jóvenes. La crisis de audiencia y las presiones liberalizadoras de los conglomerados corporativos privados agudizan la crisis de viabilidad en un contexto, el de la UE, claramente partidaria del modelo estadounidense de primacía de la comunicación comercial. El propio desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de radiodifusión (Plan de Impulso de la TDT y Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo) lejos de revertir la situación de partida y favorecer una mayor democratización de los emisores ha supuesto en la última década la explosión de los porcentajes de cuota de pantalla de los operadores privados hoy organizados en un duopolio. La entrada de nuevos actores al negocio de la comunicación audiovisual andaluza procedentes de grandes grupos empresariales es, en este sentido, un hecho y la concentración y homogeneización de los canales de televisión en busca de su viabilidad como modelos de negocio una realidad que debería ser cuestionada radicalmente desde la izquierda andaluza.
5. La ausencia de un modelo estratégico no ya de radio-televisión pública, sino de industria cultural, deja por ello en papel mojado la declaración estatutaria. Por ello, cuando pensamos Andalucía en Pie es preciso, como parte del proceso constituyente andaluz, reflexionar en el nivel de las políticas culturales y de comunicación a partir de nuevas matrices, más allá del articulado del nuevo Estatuto. En otras palabras, cuando hablamos de Industria Cultural nos referimos a un proyecto en el que la RTVA tenga un papel protagónico de vertebrador dentro de una estrategia capaz de establecer sinergias entre Turismo, Comunicación, Educación, Cooperación y Cultura. Pero para articular un nuevo modelo de mediación no basta con voluntad «interna» sino que es necesario establecer alianzas con los principales sectores implicados en una tarea de esas dimensiones: universidad, sindicatos, industria cultural, movimientos sociales.

Es en este sentido que parece del todo pertinente abrir la discusión a la ciudadanía. En este sentido, la creación de un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural en Andalucía, que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil como espacio de deliberación, observación, acuerdo y proyecto regional puede ser un primer paso para reformular las líneas dominantes de organización del sector al amparo del modelo extractivista que ha prevalecido a día de hoy en la comunicación y la cultura regional.

 

VI. Campo profesional y desarrollo autonómico

En línea con la defensa que el Foro de Periodistas propuso a través de IU en el Congreso de Diputados, la situación de precariedad de periodistas, profesionales de la comunicación y de la cultura, exige que la lucha por la autonomía en el proceso constituyente comience por los sectores más vulnerables y afectados. En nuestro campo de reflexión, es preciso, en otras palabras, empezar la obra por los trabajadores proletarizados reivindicando con las asociaciones gremiales y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía la necesidad de un Estatuto Profesional de los Periodistas y una política específica de dignificación y estabilidad de los profesionales de la cultura que, dicho sea de paso, la Junta y los ayuntamientos andaluces, incumplen sistemáticamente incluso a la hora de planificar su propia relación de puestos de trabajo. En esta línea, cabe observar que es preciso en Andalucía:

• El fortalecimiento y asignación de competencias sancionadoras del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, tal y como viene demandando la Federación Estatal de Sindicatos de Periodistas (FESP).
• La promoción de las industrias culturales de la región con medidas fiscales, asesoramiento y apoyo desde un Observatorio de Políticas Culturales que analice y proyecte nuevos nichos o demandas de profesionales.
• La elaboración del Libro Blanco de las Industrias de Comunicación y Cultura de Andalucía para el diseño de las políticas necesarias, a fin de impulsar el sector de la información y la comunicación regional y, como consecuencia, el empleo de calidad y no estacionario.
• El diseño de un Plan Estratégico de Formación Profesional del Sector de la Comunicación para la convergencia y adaptación a la sociedad digital.
• La creación del Observatorio Regional de la Profesión Periodística dependiente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para conocer y contribuir a mejorar las condiciones sociolaborales y profesionales de los trabajadores del sector de la información periodística, conjuntamente con el Colegio Andaluz de Periodistas.
• Y la regulación y desarrollo de una Relación de Puestos de Trabajo en instituciones autonómicas y locales de técnicos superiores tanto en el campo de la comunicación como en el ámbito de la cultura para fortalecer las condiciones sociolaborales del nuevo precariado que se aprecia en este sector cultural como un campo emergente en disputa en el que es preciso intervenir decididamente.

Ello solo será posible con la creación de un Consejo Sectorial de Comunicación y Cultura con representantes de los profesionales, los sindicatos, las organizaciones de usuarios y consumidores, y el sector empresarial, y un foro profesional permanente, a fin de planificar el desarrollo y las políticas públicas del área en colaboración con organismos autónomos reconocidos en el nuevo Estatuto de Andalucía como el Consejo Audiovisual.

 

VII. Democracia digital, ciudadanía y trasparencia

Como marco general, y en el Título Preliminar que encuadra las directrices normativas del nuevo Estatuto se establece, como principio, la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social y cultural, además de la economía y la política, por defecto, a fin de contribuir a una democracia participativa, socialmente avanzada. Este espíritu está presente en los artículos 33 y 34 referidos a la cultura y las tecnologías de la información. Nuevos derechos y nueva política que habría que garantizar, en la práctica, incidiendo en un nuevo proceso constituyente como realidad nacional. De ahí que se exija un esfuerzo institucional de la Junta en el desarrollo de competencias digitales para el libre acceso a la sociedad del conocimiento de la ciudadanía andaluza.

A fin de garantizar la máxima participación pública de la población y contribuir a la democratización del ámbito de la comunicación y la cultura, hace años propusimos en el Foro Andaluz de Comunicación la creación de un Observatorio Regional de Políticas Culturales en convenio con la Universidad Internacional de Andalucía, para analizar las tendencias del desarrollo de las industrias culturales en la comunidad y evaluar la acción de las políticas públicas desde el punto de vista de las desigualdades que limitan o cercenan los derechos de comunicación de la ciudadanía. Esta medida no es la panacea para promover el cambio social.  La formación en la e-república hace necesario sobre todo tratar de enseñar a  cómo expresar con sencillez la complejidad de las nuevas lógicas de mediación haciendo visibles las demandas a partir de:

- Una estrategia activa de difusión y sensibilización sobre la construcción colectiva del gobierno digital.

- La formación de comunicadores en materia de desarrollo urbano capaces de formar a la ciudadanía en la participación de la planeación estratégica y el cambio social.

- El desarrollo de sistemas de evaluación formativa en los proyectos de comunicación local que se ejecuten.

La promoción de una política activa en esta dirección exige, como es lógico, una política de planes de formación con los actores locales de toda Andalucía a varios niveles

1. La Administración Pública Local. La idea de planificar las nuevas tecnologías con énfasis en el desarrollo y la formación de la ciudadanía debe ser territorializada en el ámbito local contando con las políticas municipales de apropiación y extensión de los equipamientos tecnológicos de acceso al ciberespacio como los telecentros. Desde este punto de vista, la implementación en la educación no formal de las nuevas tecnologías debe contar prioritariamente con los poderes públicos locales. Y más concretamente con los técnicos y responsables públicos del gobierno local, hoy por hoy financieramente debilitados por las políticas ordoliberales de austericidio y la recentralización del gobierno del PP. Contrariamente a esta lógica, conviene desarrollar acciones formativas que facilite:
   1. El conocimiento de las prácticas de gestión de la información.
   2. El conocimiento ligado a la detección de las potencialidades de las TICs.
   3. Las competencias tecnológicas para explorar las demandas, conocer a los usuarios e involucrar a la comunidad en la participación.
   4. La competencia para formar redes de cogestión, de inclusión de usuarios para organizar canales horizontales de relación y coordinación mediante métodos participativos.
   5. La competencia comunicativa.
   6. El manejo de técnicas de información.
   7. El conocimiento del sistema normativo y de las políticas públicas en la materia.
2. Las organizaciones sociales. La era de la revolución de la información  y del conocimiento tiene dos actores principales: el MERCADO y el ESTADO. Ahora bien, la Comunicación Educativa podría contar con otro tipo de agentes en el proceso de extensión de las nuevas tecnologías. Marc Nerfin distingue a este respecto, entre el Príncipe (Estado) y el Comerciante (Mercado), al Tercer Sector, la sociedad civil organizada  en las redes de cooperación, solidaridad y participación democrática. El desarrollo de la cibercultura  como nueva esfera pública abre un espacio potencial para la gestión  y desarrollo local  de la telépolis por parte de este tipo de actor colectivo. La sociedad civil, los colectivos ciudadanos, los agentes no formales de la educación, los sindicatos, las organizaciones juveniles y otros movimientos sociales, además de las asociaciones lúdicas (deportivas, recreativas o sectoriales) constituyen, en Andalucía, un sector dinámico, prácticamente abandonado por la Junta, que puede liderar nuevas lógicas y procesos de construcción de ciudadanía, transformando las nuevas tecnologías en espacios de aprendizaje al servicio del desarrollo y las necesidades comunitarias.
3. El sistema formal de enseñanza. Los ayuntamientos no tienen competencias significativas en la formación reglada, ni en investigación, pero pueden impulsar la implicación de la ciudadanía en el conocimiento creativo de las TICs colaborando en actividades de extensión con los centros de enseñanza del municipio. Las autoridades locales han de tratar de planificar para ello de forma participativa los recursos infocomunicacionales del municipio y expandir las redes comunitarias como experiencias de innovación tecnológica y social a partir de los telecentros, las redes ciudadanas o las comunidades inalámbricas, convirtiendo la ciudad en un laboratorio creativo de iniciativas ciudadanas en esta materia. En este empeño, todo Plan de Formación debe procurar garantizar el interés social del programa y la orientación de los contenidos específicos según las actitudes y valores que definen la estructura de las relaciones sociales y los elementos comunes de la cultura popular de la población. El establecimiento de las áreas de coincidencia, o de máximo acercamiento, entre los diferentes grupos y movimientos sociales es donde más productivamente deberá intervenir la estrategia de Pedagogía de la Comunicación que implementemos, al construir con el conjunto de la comunidad local, un proyecto colectivo de ciudad y de desarrollo comunitario cuyo alfa y omega sea el proceso de liberación de Andalucía del modelo dominante de comunicación y cultura.

 

VIII. A modo de conclusión

Hace trece años, en 2005, publicábamos una columna en un diario desaparecido (El País) a propósito del debate sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. En aquella ocasión apuntábamos cómo el descrédito de nuestras instituciones y representantes autonómicos, por la baja calidad democrática y, especialmente, el paulatino "cercamiento" de libertades públicas esenciales, pareciera derivar en un proceso,  que hoy se constata, sin duda, en toda Europa, y día tras día en Estados Unidos,  por el que, en realidad, el ámbito de dominio público en la mayoría de los países del mundo termina por dejar, como así hemos visto, la Constitución en pura retórica o arma arrojadiza del inmovilismo, en un documento inhábil, por no decir justificativo, del proceso de acumulación por desposesión. En esta lógica del significante vacío, del formalismo abstracto, se impone como necesaria la racionalidad del discurso cínico, verdadera antesala del autoritarismo y las formas de fascismo social. Si por crédito, según la RAE, hemos de entender apoyo o autoridad, afirmarse y establecerse en la buena reputación del público por medio de sus virtudes o de sus más que loables acciones,  la clausura institucional de la deliberación ciudadana sobre asuntos estratégicos como el modelo de Estado -bien por la limitación del derecho de acceso y participación o, por omisión, al impedir una campaña de movilización y compromiso político con las organizaciones sociales y la ciudadanía- resulta así, en nuestro país, una suerte de renuncia a un proyecto social de progreso, a un nuevo marco y alianza verdaderamente autónomo e instituyente de nuevas lógicas modernizadoras. Antes bien, la función de los medios no es otra que quebrar la confianza por la repetición de los reforzadores de opinión en forma de extensión de la violencia simbólica que no tiene otro propósito sino imponer de forma autoritaria un único modelo «de destino universal» que podemos llamar post Fernando VII. En la dialéctica de recorte de libertades, y de autonomía, llama en este sentido poderosamente la atención el comportamiento unánime de los medios dentro y fuera de Andalucía. Como la obra de Castoriadis, da que pensar. Más aún con un gobierno de tradición franquista que confunde el derecho de información con la difusión de propaganda y la democracia con la forma orgánica de las Cortes ocupadas por personajes como Fraga, a la sazón Ministro de Información y Turismo, como el padre de Aznar, funcionario del régimen destinado a propagar los tiempos de silencio y de paz de los cadáveres en las cunetas.

De acuerdo a esa lógica del cercamiento 155, si la política, según Aristóteles, es el arte de lo posible, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación. Una técnica conocida de propaganda, muy del tipo del Estado Nuevo de Salazar, por la que se administra, jerarquiza y controla los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estado, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas publicables, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Pues si no es posible pensar, desde los albores de la modernidad, la Democracia sin Comunicación, la acción política también debe cualificar la comunicación reforzándola activamente. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, que las conexiones, los actores y las iniciativas de articulación social se multiplican, se traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro.

Desde este punto de vista, parece claro, a nuestro entender, que el Gobierno y los partidos de todo el arco parlamentario deben comenzar por reconocer la inteligencia colectiva del pueblo andaluz, como la del conjunto del territorio del Estado, garantizando la soberanía y poder de autodeterminación del pueblo como sujeto activo de su autonomía, como actor protagonista capaz de construir y desarrollar creativamente su modelo de nación, su política de reconocimiento y desarrollo institucional, sin tutelaje alguno, sin administración de los niveles de conciencia posible, ni la guía paternalista de una política de información que menoscaba los derechos profesionales y el estatuto autónomo de los periodistas, restringiendo así el natural derecho de la ciudadanía a informarse de las deliberaciones y posturas ideológicas en torno al futuro del Estado que o será plurinacional o no será.

De todas las lecciones a aprender en la actual crisis capitalista, parece claro que si hemos de dar crédito, en definitiva, y creer, otorgar nuestra confianza a los representantes del Estado, y en particular del gobierno, será solo posible porque concurrimos con ellos, esto es, porque avanzamos juntos. Parafraseando un célebre lema de campaña institucional de la Junta: Andalucía, y España, será imparable sólo si avanzamos juntos, si todos caminamos, si la ciudadanía está comprometida, implicada y en pie. Y esto sólo es posible con información, con debate, con movilización popular, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política. De libertad e información, de diálogo y participación pública, de medios y mediadores conectados, imbricados en el nuevo debate constituyente con las puertas abiertas a todos y a todas. Aún estamos a tiempo de cumplir estas condiciones. Todavía podemos abrir este espacio para formar, informar y fortalecer la autodeterminación de los pueblos de España como un proyecto en común. Ello depende de la voluntad política de nuestros representantes. Son ellos quienes tienen la primera palabra, pero —adviértase— no siempre la última. El tiempo además ha mudado. Como explicara Balibar, citando a Lenin, si antaño sucedía que los de arriba ya no pueden gobernar, los de abajo ya no quieren ser gobernados como antes. Hoy los unos no pueden no gobernar como antaño, y los otros no pueden ya resistir o luchar como antes. En esta posición y tiempo-encrucijada nos encontramos, sea transición o ruptura. Pero el Gobierno andaluz, y las élites que la sostienen, parecen no entender esta paradoja. En su lugar, prefieren seguir controlando Canal Sur como si de verdad eso fuera útil en la era de los jóvenes y multitudes andaluces conectadas. Como la propia acción de gobierno, no es posible el dominio absoluto de lo común. Menos aun si no hay políticas activas ni evaluación de las decisiones relativas a la comunicación y la cultura, pese a ser una exigencia del nuevo Estatuto de Andalucía.

Valgan estas notas para abrir un debate sobre lo concreto. Por circunstancias ajenas a mi voluntad, casualidades de la vida, me he visto obligado a releer a Castoriadis. Cosas de la academia y los colegas de la Universidad de Zaragoza, empeñados en mirar, necesariamente, de forma oblicua la realidad. Difícil empeño en esta tierra nuestra del Sur y desde abajo. El caso es que tal relectura, a contrapelo de lo que vemos y oímos en los medios, no solo se antoja de plena actualidad para repensar la autonomía andaluza. Da, como decimos, que pensar. Más no se puede pedir a un en la era del disimulo y dispersión hipertextual, estando como estamos en una dialéctica contrarrevolucionaria de represión y despojo, y, no lo olvidemos, de ataque a la autonomía. Bien merece por ello recordar, a modo de cierre, una de las tesis nucleares del célebre autor greco-francés: la necesidad de pensar el imaginario y los procesos instituyentes reconociendo, como es por otra parte pertinente, la autonomía como consustancial a la praxis social. Pero qué relación se da entre los medios de comunicación y la autodeterminación, si es que la hubiera. Toda la posible y necesaria. Discutir y evaluar las políticas de comunicación y cultura, la ausencia de la Junta en el campo de producción simbólica del imaginario, da cuenta de la renuncia a la propia libertad de un necesario proceso constituyente. Corresponde ahora pensar QUÉ HACER y CÓMO

 

Referencias

Arriola, Joaquín (2017). «De la crisis de régimen a la crisis de representación», El Viejo Topo, número 359, Diciembre, pp.9-15.

Castoriadis, Cornelius (1998). Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Buenos Aires: EUDEBA.

Sierra, Francisco y Moreno, José Manuel (2009). «Pensar la comunicación y construir ciudadanía. El inicio de los Presupuestos Participativos de Sevilla» en VV. AA. Comunicación popular o comunicación alternativa. ¿Un falso dilema?, Sevilla: Editorial Atrapasueños.

Sierra, Francisco (2010). «Ciudadanía, comunicación y gobernanza local. Consideraciones para una nueva política de lo común» en Sierra, Francisco; García Galindo, Juan Antonio; Ramos, Murilo César y Del Bianco, Nelia (Orgs.) (2010): Políticas de Comunicaçao e da Cultura: Contribuçoes acadêmicas e intervencao social, Brasília: Casa das Musas/INTERCOM, PP. 57-74.

Sierra, Francisco (2011). «Ciudadanía y espacio público. Una lectura crítica de los Derechos Humanos como cultura del cambio social», en VV.AA. Reinventemos los Derechos Humanos. Aportaciones a la memoria y a la obra de Joaquín Herrera Flores, Sevilla: Atrapasueños, pp. 63-80.

Sierra, Francisco y Sáez, Víctor Marí (2011). «Citizenship and Local Development for the Participation and Digital Governance. Innovative experiences in Southern EU Member States», International Journal of Electronic Governance, IJEG 17640, INDERSCIENCE, Octubre-Noviembre, pp. 121-135.

Sierra, Francisco y Garrossini, Daniela (2012). «Análisis de redes y enfoque sistémico-crítico. Apuntes metodológicos para una intervención productiva en la era de la cultura digital» en Sierra, Francisco y Matínez, Marcelo (Coords.). Comunicación y Desarrollo. Prácticas de comunicación y empoderamiento local, Barcelona: Gedisa (ISBN: 978-84-9784-691-2), pp. 179-200.

Sierra Caballero, Francisco (2012). «Cidadania, comunicação e ciberdemocracia» en: Soares, Murilo César; Vicente, Maximiliano Martin; Napolitano, Carlo José; Rothberg, Danilo (Orgs.). Mídia e cidadania: conexões emergentes. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012, pp. 37-56.

Sierra Caballero, Francisco (2013). «Ciudadanía, comunicación y ciberdemocracia. Un enfoque sociocrítico del Capitalismo Cognitivo» en Sierra, Francisco (Coord.). Ciudadanía, Tecnología y Cultura. Nodos conceptuales para pensar la nueva mediación digital, Barcelona: Gedisa.

Zafra, Remedios (2017). El entusiasmo. Madrid: Anagrama.