“Me parece que las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad son las que hacen posible la vida..., son las rebeldes quienes amplían las fronteras de los derechos, poco a poco..., quienes estrechan los confines del mal y los reducen a la inexistencia” Natalie C. Barney

“Las mujeres han servido durante todos estos siglos como espejos que poseyeran el poder de reflejar la figura del hombre a un tamaño doble del natural” Virginia Wolf

 

 

1. INTRODUCCIÓN

La conquista de los derechos de la mujer a lo largo de la Historia ha sido tratada a través de numerosos puntos de vista, nosotras vamos a intentar reflejar una visión global y sintética de los hitos fundamentales que las feministas de nuestra comunidad autónoma y del Estado español han conseguido como consecuencia de una lucha y resistencia incansable. Si bien la lucha por la consecución de derechos de la mujer en el Estado español no fue pionera en Europa, ni motor de esta, si que hubo una parte de nuestra historia representada por la Segunda República en que en la carrera por la igualdad logramos estar sino del todo en cabeza si en puestos de salida, siendo la Constitución de 1931 la primera que reconoció la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por lo que el franquismo supuso la vuelta de las mujeres al sistema patriarcal imperante históricamente.

Dividimos nuestra exposición en tres apartados que pretenden cubrir cronológicamente el franquismo, postfranquismo, la transición, los gobiernos constitucionales para acabar con una visión global de lo que está suponiendo la actual crisis del sistema a la sociedad y en concreto a las mujeres.

2. DEL FRANQUISMO A LA TRANSICIÓN

Durante el franquismo, sobre todo en los años 40, 50 y 60 se construirá una sociedad por lo general  poco ilustrada, sin capacidad de influencia política y muy machacada por una dictadura. El franquismo utilizará sus leyes arcaicas, su ideología difundida por todo el sistema de dominio (Iglesia Católica, escuelas, asociaciones, propaganda institucional...) y su modelo económico para mantener a las mujeres en una posición de completa sumisión y minoría de edad con respecto al poder masculino, eliminando la conciencia de las mujeres sobre su situación de discriminación por razón de sexo.

En aquel entonces solo un grupo muy reducido de mujeres participaba en el mundo laboral, consiguiéndose el máximo del 24% en los años 70 [1], dato que disminuye en el caso de mujeres casadas. Además de la cantidad que en condiciones de semiesclavitud trabajaban en el servicio domestico, principal ocupación para la población femenina en las ciudades. La mayor parte de la actividad laboral que realizaban se consideraba trabajo no mercantil, con muy poco reconocimiento privado, muy poca consideración social y nula compensación económica directa. Para la imposición y mantenimiento de esta limitaciones, el régimen va a utilizar toda una serie de condicionantes legales, ideológicos y culturales que actuarán por una parte limitando el acceso de la mujer al mundo laboral, y por otra orientando su actividad profesional hacia sectores tradicionalmente considerados femeninos y menos valorados.

Esta legislación comenzará ya en 1938 con el Fuero del Trabajo. Disfrazado de una falsa voluntad proteccionista, encumbrará como conquista del régimen la “liberación de la mujer casada del taller y la fábrica”. Diversas leyes y reglamentaciones posteriores reforzarían este principio mediante la compensación económica, excedencias, despidos forzosos de la mujer al casarse, necesidad de que obtuviese permiso del marido para poder desarrollar un trabajo asalariado, el subsidio familiar, los bonos por hijos que se les pagaban a los hombres. Todo ello daría como consecuencia una mayor dependencia económica y social de la mujer casada.

En Andalucía en el sector rural de los 50, la mujer sigue desarrollando una intensa labor en la agricultura, aunque se va a caracterizar por su invisibilización,  desvalorización y siempre bajo una situación de subordinación económica en cuanto que el trabajo de éstas solo se va a considerar de ayuda familiar no remunerada y jamás de equivalencia con respecto al hombre.

Estas limitaciones se van a mantener por el Régimen hasta la apertura del país al turismo y cuando la posición de la economía española se hizo insostenible y convirtió en necesario el trabajo y la colaboración de la población femenina. Los años 40 y 50 fueron años extremadamente difíciles, de fuerte represión y hambre. Aun así las empleadas en el sector industrial (agro-alimentario, textil y tabacalera) participaron en huelgas y en  las protestas que se estaban dando en las grandes ciudades, por el alza de los precios en la alimentación y por la terrible situación de los barrios. La entrada de los 50 iniciará un cambio lento motivado por la salida de la emigración. A finales de esta época la realidad se harán tan insostenible que dará como resultado la imposición por parte del FMI y la aceptación por parte del Régimen del Plan de Estabilización (21-VII-1959), dando lugar a una liberalización de los intercambios comerciales y a la entrada de capital extranjero. Pocos días después entraba en vigor la Ley de Orden Público que condenará los paros colectivos.

El 22-VII-1961 se promulgó la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la mujer que introdujo la prohibición de la discriminación por razón de sexo o de estado civil en las reglamentaciones del trabajo. No obstante dejaba vigente las tres posibilidades que tenía una mujer al contraer matrimonio con respecto a su situación laboral: percibir indemnización, quedar en excedencia o mantener su puesto, si se optaba por esta tenía que seguir consiguiendo el permiso del marido. Aún en 1975, dos de cada tres trabajadoras abandonaban el empleo definitivamente al casarse y cuatro de cada cinco al tener su primer hijo. A las escasas madres trabajadoras se les unía la dificultad de conciliación de la vida familiar-laboral con  una mentalidad social que las culpabilizaba por “abandonar” a sus hijos en la guardería. En dicha Ley también se amplía las posibilidades laborales de las mujeres aunque siguen quedando excluidos determinados ámbitos como eran los cuerpos armados, la Administración de Justicia y la Marina mercante. Igualmente se establece el principio de igual salario para trabajos de igual valor, aunque esto en la práctica no acabará con ningún tipo de discriminación salarial debido a la conciencia social y del Régimen bajo el paraguas de cualquier convenio laboral de que una mujer no podía alcanzar la categoría profesional de los hombres.

A medida que nos vamos adentrando en los años 60 el despertar de la conciencia colectiva en la sociedad se va recrudeciendo en todos los ámbitos, en la lucha por la libertad, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los presos y presas y de las mujeres. Así en el 62 y 63 se van a producir importantes huelgas mineras en Asturias y otras zonas industriales, donde las mujeres sufrirán la cárcel y el maltrato por el apoyo a los huelguistas. A partir de este momento se abre la puerta a una sucesión de concentraciones en defensa de los huelguistas y presas y presos políticos, en las que la participación de las mujeres fue muy importante.

Desde 1965 va a empezar a funcionar el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) que llevará a cabo acciones de solidaridad con las presas y presos políticos, apoyo a las huelgas, a las movilizaciones sociales y reivindicación de los derechos de la mujer. Se produjeron también, claros ejemplos de participación de mujeres en los conflictos laborales como en el 66-67 en Basauri (Vizcaya) en la empresa de laminación de Bandas o en Sevilla en el 68 en Renault. En ese mismo año, hubo detenciones y procesamientos de mujeres por su pertenencia a las Comisiones Obreras. La entrada de los 70 será la entrada de la actividad reivindicativa diaria a gran escala y en todos los ámbitos, donde la presencia de la mujer empieza a ser masiva y constante. Ya en el marco del desarrollismo, se hace preciso aumentar el PIB y la población activa, dentro de las medidas tomadas el Ministerio de Trabajo crea por la Orden de 6 de diciembre de 1971, la Comisión Nacional de Trabajo Femenino, en la que participaron el sindicato vertical, la Sección Femenina, funcionarias y funcionarios y profesores de la Universidad. Dicha comisión tendrá influencia en la creación, en 1974, de la red de guarderías infantiles y la Ley de Relaciones Laborales de 1976, que dará la posibilidad a la mujer casada de firmar su contrato sin autorización del marido, ampliar los permisos para la atención de los hijos y extender al padre la excedencia para el cuidado de estos.

Pero desgraciadamente durante la dictadura la vida de la mujer no solo estaba limitada en el ámbito laboral. La situación esencialmente desigualitaria está presente también en el ámbito de la legislación civil. El Código Civil vigente durante todo el Régimen va a ser el de 1889 y será objeto de múltiples reformas encaminadas a modificar la situación de partida que se le imponía, de sometimiento permanente a la potestad del varón como padre, marido o tutor. En el que, la capacidad jurídica de la persona tenía que ver con el sexo y sobre todo con el estado civil. Esta legislación discriminatoria tiene su reflejo más característico en la licencia marital, se necesitaba permiso del marido para casi todo, sin ella la mujer no podía adquirir, vender, gravar, hipotecar bienes o aceptar herencias. El marido era además el único administrador del patrimonio del matrimonio. No será hasta la primera reforma del Código, en 1958, cuando a la mujer se le dio la posibilidad de ocupar cargos tutelares o que el domicilio conyugal aunque fijado por el marido pertenezca por igual a los dos cónyuges Esta reforma no correspondía en ningún caso a una mayor sensibilización del Régimen hacia la situación de las mujeres, sino que estuvieron motivadas por la necesidad de obtener una cierta aceptación social y reconocimiento internacional [2].

Durante todo el franquismo los hijos tendrían adjetivos (legítimos, ilegítimos, legitimados, adulterinos, naturales...), se dividían en función del origen y se establecían, dependiendo de cuál era la categoría,  unos deberes diferentes para el padre aunque este siempre mantenía la patria potestad prioritaria. La mayoría de edad estaba fijada en los 23 años pero las hijas no podía abandonar el domicilio de los padres hasta los 25 salvo para casarse o ingresar en una orden religiosa. Era fundamental el decoro público y personal de las hijas.

No será hasta la reforma de 1975 cuando desaparezca la necesidad de la licencia marital en el ámbito civil, laboral y mercantil aunque en algunos casos se cambian por consentimiento. Se reconoce que el matrimonio no va a tener carácter restrictivo respecto a la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges, ninguno de ellos tendrá la representación del otro pero se van a mantener muchas excepciones en este sentido. Se permitirá que cada cónyuge posea sus bienes, sin embargo se mantendrá en el marido la administración de los matrimoniales. Por supuesto no se regulará el divorcio o la separación.

Debido a la naturaleza dictatorial del Régimen, el poder de las leyes penales para el sometimiento de la sociedad es fundamental. Vemos como la legislación penal completa esa situación de inferioridad de la mujer que el franquismo imponía. El Código Penal de 1944 representa un claro y duro empeoramiento de la situación jurídica de la mujer ante las leyes penales [3]. La mujer será considerada como un objeto de posesión masculina, símbolo del honor familiar y crisol de los valores sociales dominantes. Esta legislación incorporará el delito del uxoricidio, por el cual se podía matar o herir a la mujer o hija sorprendida en flagrante adulterio. En 1961 se suprime este delito pero se sigue juzgando aplicando la parte general del Código y poniendo como pena el destierro. Otra delito conocido por su patetismo es el adulterio en el que se castigaba a la mujer porque yazca con varón que no sea su marido, aunque exista separación de hecho del marido, mientras que esa misma conducta realizada por éste no resultaba punible, le hacía falta permanencia o habitualidad, hasta 1978 no se despenalizarán estos delitos. También estaban penados la difusión, prescripción médica y venta de anticonceptivos; el aborto aunque se privilegia al aborto “honoris causa”. En cuanto a los delitos sexuales que padece la mujer en algunos sí se encuentra protegida pero no por su condición de persona o de mujer sino para la salvaguarda de otros principios que poco tienen que ver con ella. En determinados delitos se le va a exigir que sea honesta y de buenas costumbres. Las agresiones sexuales se consideraban delitos contra la honestidad y se podía eludir la cárcel mediante el perdón de la víctima o si la llevaba al altar. En cuanto a la prostitución la normativa va a ir orientada a proteger la moral sexual colectiva.

Con respecto a la educación, el panorama general manifestaba un alto grado de analfabetismo, siendo Andalucía una de las regiones que más lo sufrían. La educación descansaba en dos principios: la separación y la diferenciación en función del género. Existiendo un curriculum diferenciado con asignaturas especificas para las niñas sobre el hogar y el trabajo domestico. El número de mujeres matriculadas desciende en la medida que se asciende en el ciclo educativo y prácticamente desaparecen en la educación universitaria, donde se les exige hacer un examen del hogar para obtener el título universitario.  Este sistema se mantiene prácticamente invariable hasta los 70, donde el proceso de ampliación de la educación para toda la población benefició también a las mujeres. En esos años constituyeron el 36% de las matriculadas en la universidad y el analfabetismo femenino bajo ampliamente.

En el terreno de las políticas sociales, todos los avances tenían como receptores a los hombres, que se consideran los cabezas de familia, mientras las mujeres solo poseían derechos derivados. Así se crea un plus familiar, un complemento salarial pagado al hombre o los bonos por hijos que se les paga también a éste.

El papel de la mujer era el de madre y ama de casa y el del hombre el del ser proveedor material para la familia. Este adoctrinamiento no varía sustancialmente en el periodo de apertura del franquismo y será sin duda la religión una fuente de legitimación de este estereotipo, ideas que todavía las seguía teniendo intactas cuando manifestaba a través de sus portavoces que “debía evitarse a todo trance que la mujer quiera ser igual al hombre” [4]. Tanto las instituciones políticas como las eclesiásticas articularon un sistema educativo que trasmitió un ideal y un modelo social y familiar basado en la diferenciación, con consignas y normas concretas para la formación de niñas. Los efectos de esa socialización para el sometimiento no se agotaron sólo en aquellas que recibieron esa educación directamente, sino que influyeron en generaciones posteriores.

Con todo lo expuesto, la gestación del feminismo en nuestro país no tuvo un contexto favorable: bajo nivel cultural, aislamiento, escasa posibilidades de acceso a publicaciones, bastante desconocimiento teórico, trabajos clandestinos, circulación secreta de materiales editados dentro y fuera de nuestras fronteras, represión... Sin embargo, autoras españolas y extrajeras contribuyeron a incrementar el escaso acerbo teórico-informativo con el que se fueron dotando mujeres dispuestas a desafiar el poder ya en los años 60. En España además de la poca experiencia y bagaje de las mujeres que participaban en el feminismo también tiene otra característica propia y es que nace con un marcado carácter político. Lleva implícito o explícito la convicción de la necesidad de un cambio de régimen político y existe un fuerte nudo entre los movimientos sociales y fuerzas políticas en torno a la lucha contra la dictadura [5].

Mediada la década de los 60 ya existían colectivos organizados como la Asociación de Mujeres Universitarias y el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer. Surge también el Movimiento Democrático de Mujeres que fue el primer colectivo, con un programa de acción política feminista. El MDM fue una organización plural aunque gran parte de sus militantes estaban vinculadas al PCE. Defendió la doble militancia (partidos políticos y feminismo) y apostó por una composición interclasista. Desde su creación, en 1965, desarrollaron una multitud de actividades protagonizadas por mujeres, elaboraron un programa y realizaban una publicación propia (La mujer y la lucha). A través de contactos y viajes consiguieron implantar su estructura, aunque de forma desigual, en las distintas partes de territorio. Su objetivo era impulsar la organización de 

las mujeres españolas para que se interesasen por los problemas generales del país, en especial la demanda de la democracia, al mismo tiempo que se trataban problemas específicos de este colectivo. Durante los primeros años muchas de sus miembros ingresaron en la Asociación de amas de casa que era una asociación legal dependiente de la sección femenina, como estrategia para salir del trabajo clandestino. A iniciativa del MDM se van a producir contactos en 1974 entre las plataformas legales de mujeres para así llegar a establecer en 1975, año Internacional de la Mujer, un plan de acción conjunta. En Madrid como resultado de estos encuentros se creará un Secretariado de organizaciones no gubernamentales que elaborará un programa unitario, democrático y feminista. Este Secretariado a su vez se puso en contacto con colectivos de mujeres, dando lugar a la creación del Secretariado de organizaciones no gubernamentales del Estado para preparar las I Jornadas de Liberación de la mujer. Dichas jornadas fueron celebradas a los 15 días de la muerte de Franco todavía en clandestinidad y fue el fruto del trabajo unitario entre mujeres de muy diversos lugares aunque en su organización desempeñó un papel muy significativo el MDM, por ser el grupo que con más mujeres contaba.

El Secretariado de organizaciones estará formado entre otras por MDM, la Asociación de Amas de Casa, la Asociación Española de Mujeres Separadas, AEMU, Seminario de Estudios sociológicos de la mujer que dará lugar a la Plataforma de Organizaciones feministas. El movimiento se está consolidando en nuestro país y en enero de 1976 se convocará la primera manifestación de la Plataforma, realizada de manera unitaria bajo el lema “Mujer lucha por tu liberación”, la convocatoria hecha de boca en boca congregó a una cantidad importante de mujeres y fue dispersada de forma contundente por la policía. La primigenia ya había tenido lugar en mayo del 62 en la Puerta del Sol cuando un grupo de mujeres se congregaron en protesta y solidaridad con las mujeres de Asturias. Pocos meses después en marzo del 76 se celebrarán las Jornadas Catalanas de la Mujer y al año siguiente las de Euskadi.

En esta nueva fase fueron muchos los grupos y miles las mujeres que con combatividad, imaginación, espíritu unitario y convicción en el feminismo como ideal revolucionario,  consiguieron que este se convirtiese en una fuerza social que planteara objetivos y reivindicaciones. La trepidante actividad de esos años gira en torno a los temas que se consideran más urgentes entre los que cabe destacar: exigencia de Amnistía para las mujeres presas por delitos de aborto, adulterio, prostitución y lucha por la supresión de esos delitos así como de la ley de peligrosidad social; abolición de todas la leyes discriminatorias; reclamación de derechos laborales, derecho de acceso al trabajo y a la formación laboral; socialización del trabajo doméstico a través de los servicios públicos colectivos como las guarderías o los comedores; enseñanza no discriminatoria; ley del divorcio; reconocimiento de derechos para las madres solteras; igualdad de derechos para todas y todos los hijos; derecho al propio cuerpo (anticonceptivos, aborto, educación sexual). Van a combinar las reivindicaciones dirigidas al Estado, con una crítica radical a las ideas, normas y estructuras patriarcales. El movimiento feminista mientras tanto no paraba de inundar las calles espontáneamente para exigir libertad y democracia. Pero también puso en marcha diversos dispositivos que van a servir como punto de encuentro, apoyo a mujeres y divulgación del feminismo. Son los casos de la creación de la primera asesoría para mujeres separadas organizada por la  Asociación Española de Mujeres Separadas o la puesta en marcha de los primeros centros de Planificación Familiar, que nacieron alrededor de grupos de mujeres que garantizaban una orientación feminista.

El objetivo de la democracia propiciará importantes huelgas políticas que se intensificaran después de la muerte de Franco. La presencia de las mujeres en éstas fue muy sustancial y supuso para ellas no solo el desafío de la autoridad del Estado o de la empresa sino también el de la familia y el de su vida personal. Se realizaron contundentes movilizaciones en sectores feminizados como enseñanza, banca, químicas, comercio y textil, emblemática fue la lucha sindical contra los talleres de confección del Corte Inglés.

Tras las primeras elecciones democráticas, fueron elegidas 21 diputadas, 3 por el PCE que dirigió específicamente su campaña electoral a las mujeres: se hizo un cartel folleto con el lema “El partido de la liberación de la mujer”, defendió la legalización del aborto y Santiago Carrillo así lo dijo en una intervención en TVE. Las feministas se van a movilizar en torno a los partidos políticos, muchas de ellas poseen la doble militancia y van a incluir el epígrafe de mujer en sus programas. Dentro de los partidos políticos y de los sindicatos fue el PCE y Comisiones Obreras donde más calado tuvieron las propuestas feministas.

Los pactos de la Moncloa adoptados en octubre de 1977 incluyeron reformas parciales urgentes para la adaptación de la legislación, tres de las cuales habían sido viejas reivindicaciones feministas: la despenalización del adulterio y amancebamiento; la regulación de la expedición de anticonceptivos, limites de publicidad y consiguiente despenalización; y la modificación de la edad de la mujer para la tipificación de rapto.

En estos años la Plataforma de Organizaciones feministas tuvo un papel fundamental a la hora de exponer al gobierno sus reivindicaciones, exigiendo políticas a favor de la mujer. En el verano de 1977 diversas asociaciones se pusieron en contacto con la Administración surgida de las primeras elecciones democráticas para formular sus propuestas, aunque desde el principio demandaron la creación de un Ministerio de la Mujer, tuvieron que conformarse con una Subdirección General de la Condición Femenina, dentro del Ministerio de Cultura. Además los obstáculos que encontraron las mujeres para acceder a la política fueron muchos. Entre 1977 y 1990 el porcentaje de diputadas ha sido bajísimo, en torno a un 6,5%.  A los presidentes del gobierno de la transición y primeros años de democracia les costó nombrar mujeres en los puestos de máxima responsabilidad. Adolfo Suárez no incluyó ninguna, Leopoldo Calvo Sotelo fue el primero en incluir una ministra, en Cultura y Felipe González a pesar del apoyo que el PSOE recibió por parte de las mujeres, no contó con ninguna ministra en su primera legislatura y en la segunda no lo hizo hasta 1988.

Octubre de 1978 es la fecha en que se despenalizan los anuncios, información, venta y a quien los facilite de cualquier método anticonceptivo. La exigencia de su legalización, libre y gratuita, está presente en todas las plataformas o asociaciones y en sus campañas. Se acompañaba de las reivindicaciones de educación sexual, aborto legal, creación de centros de orientación sexual y de investigación de métodos anticonceptivos no perjudiciales para la salud de la mujer y otros que pudieran también utilizar los hombres. La lucha por la legalización de los anticonceptivos incorporó la primera experiencia de trabajo asistencial del movimiento feminista: la creación de asesorías de información llevadas por grupos de mujeres y los Centros de Mujeres creados en Barcelona y Madrid. En los Centros se facilitan algunos métodos anticonceptivos, se realizan visitas ginecológicas, charlas sobre sexualidad y anticoncepción, se les facilitaba información sobre las posibilidades de abortar, asesoramiento psicológico y asesoría jurídica, desafían la legalidad a partir de una práctica ilegal. Esta línea la retomarán más adelante las comisiones pro-derecho al aborto. La experiencia duró hasta que se legalizaron los anticonceptivos y la creación de los Centros de planificación familiar dependientes de los primeros ayuntamientos democráticos que asumieron una atención integral a la sexualidad.

El proceso constituyente va a decepcionar. En primer lugar [6], porque el grupo de “constituyentes” estaba compuesto por hombres y eso ya era un mal comienzo en la política de igualdad, se consideraba necesario que la voz de las mujeres se hiciera sentir en la elaboración del texto constitucional. En la época de transición propiamente dicha, hasta la aprobación de la constitución, el movimiento de mujeres, al no tener representantes en la cúpula negociadora, no influirá directamente en la mecánica de la transición. Y no fue porque el tema de la mujer no fuese de los más discutidos, entre 1979 y 1982 se pronunciaron 136 discursos sobre la mujer, es un número sorprendentemente alto. Aunque eran las feministas quienes introducían a la fuerza el debate sobre los derechos de las mujeres, a la hora de atribuirse el mérito por las nuevas leyes, los diputados rara vez mencionaban al feminismo o a las mujeres. En la prensa de la transición, las feministas consiguieron mucha cobertura pero se las retrataba como personas fuera de la norma, egoístas y divisionistas, situadas fuera de los parámetros del consenso cultural. El feminismo recibía apoyo de la prensa cuando era algo que se hacía por las mujeres no algo que hacían ellas mismas; cuando era algo que se les otorgaba y no algo que reivindicaban.

Pero el movimiento feminista en aquellos momentos se planteó la necesidad de llegar hasta el último rincón: fábricas, barrios obreros, colegios, universidades y organizaciones culturales. El caso era agitar la conciencia de las mujeres. Este surgir promovió la solidaridad, lazos comunes de trabajo y entusiasmo colectivo en todas ellas como grupo, pero al mismo tiempo también generaba conflictos y reflexiones sobre sus propias vidas. Estos grupos de mujeres utilizaban como su escenario de acción la calle, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones culturales, los grupos teatrales... Se abrieron bares y librerías para mujeres, en Andalucía se abrió una en Sevilla y Granada, donde además de la venta de libros eran lugares de encuentro, exposiciones y difusión de información feminista. La actividad del movimiento entorno a los fascines y revistas fue muy elevada, Vindicación feminista fue la que tuvo más alcance en cuanto a la distribución y número de ejemplares; Poder y libertad era editada por el Partido Feminista; Mujeres del Sur en Sevilla; Gaceta feminista, de la Asociación Democrática de la Mujer; La mujer feminista de la Unión de mujeres feministas e innumerables publicaciones y boletines circulaban profusamente. La Editorial Debate creó en 1977 la Colección Tribuna Feminista, dirigida por dos mujeres del Frente de Liberación de la Mujer, fue un canal para la publicación de libros feministas. También el feminismo en España fue solidario con las mujeres de otros lugares, como la campaña que en 1971 organizó el MDM por la liberación de Angela Davis o con las Iraníes cuando en 1979 fueron obligadas a llevar chador.

El proyecto constitucional será motivo de análisis, debate y propuesta de las organizaciones feministas y centrará gran parte de sus esfuerzos en 1978. En el manifiesto frente a la Constitución, la Plataforma de Organizaciones Feministas, plantea sobre el articulado que la familia no sea objeto de especial protección por parte del Estado sino que se reconozca el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y sexualidad mediante el matrimonio o cualquier otra fórmula; que el estado civil de las personas no pueda ser causa de discriminación; derecho de todos y todas a la educación pública, mixta, gratuita y obligatoria; implantación de la coeducación y sanción para los establecimientos que no lo cumplieran.

El análisis del texto constitucional derivó en una posición de rechazo prácticamente unánime de las organizaciones feministas (independientemente de la posición final del voto) ya que a pesar de que contenía algunos principios de reconocimiento de igualdad seguía sin recoger las aspiraciones de las mujeres y se mantenían discriminaciones explícitas o implícitas que supondría a la larga un escollo para el reconocimiento de derechos concretos, como en lo referente al aborto  permitir la modificación del texto constitucional de “la persona tiene derecho a la vida” por “todos tienen derecho a la vida” abrió la puerta al PP para recurrir por inconstitucional todas las leyes que a este se refieren. Los sindicatos mayoritarios UGT  y CCOO por otras razones defendieron el Sí a la Constitución. Y  tanto el PCE como el PSOE retiraron los votos particulares que habían presentado respecto al divorcio o al aborto. El lema del cartel en que determinadas organizaciones feministas expresaban su oposición fue “La mujer, víctima del consenso” en él expresaban la idea de que la transición pactada dejaba fuera buena parte de lo planteado por el feminismo dado que esas reivindicaciones chocaban con los límites de esos pactos. La consideración de lo posible era la idea que regía el consenso, marcado por los límites que imponía la derecha y por la tendencia de relegar siempre a un segundo plano las reivindicaciones feministas.

En la Constitución española como avances frente a la situación anterior tenemos el reconocimiento de igualdad tanto formal como material. Se va a producir una igualdad ante la ley y una igualdad en la aplicación de la ley (art.9). Ese mandato de igualdad va a implicar trato igual en situaciones iguales, sin prohibir diferencias de trato a situaciones diferentes, pero en este caso exigirá que esté suficientemente justificado, razonado y sea proporcionado. Va a exigir la no discriminación en lo referente a la titularidad, ejercicio y garantía de los derechos y prohíbe que esos derechos puedan ser restringidos o insatisfechos por razón de sexo (art.14). La inclusión de la igualdad material va a responsabilizar a los poderes públicos de la eliminación de las discriminaciones sociales. Ya que esa igualdad material para llevarla a cabo requiere de una intervención estatal y puede justificar la adopción de tratamientos diferenciados a favor de determinados colectivos desfavorecidos para superar las desigualdades existentes en la sociedad, estos mecanismos son genéricamente conocidos como acciones positivas. Estos artículos más genéricos son los que se utilizan para poder establecer medidas dirigidas a la consecución de la igualdad, pero al ser tan poco específicos han necesitado la interpretación continua del Tribunal Constitucional, lo que en algunas ocasiones ha parado avances y en el mejor de los casos ralentizado. Junto a estos artículos también posee otros más concretos como el de igualdad de los cónyuges al contraer matrimonio, derecho al trabajo sin que se pueda establecer discriminación por razón de sexo. Asimismo consagra discriminaciones como en la sucesión a la corona o títulos nobiliarios.

La aprobación de la Constitución española llevó al gobierno de UCD a la derogación de normas discriminatorias preconstitucionales que todavía se encontraban vigentes. En julio de 1981 se legisla la necesaria reforma del Código Civil para adecuarlo a la concepción igualitaria del matrimonio contenida en la Constitución. Esta reforma supuso el reconocimiento de la igualdad de la mujer casada en la administración de los bienes y en el ejercicio de la patria potestad, se modificó la regulación de la filiación, estableciendo las mismas consecuencias para las hijas e hijos habidos o no dentro del matrimonio y se establecieron los procedimientos de nulidad, separación y divorcio.

La despenalización del divorcio abrió las puertas a la formación de nuevas familias. Sin embargo, con esta ley se va a producir una notable diferencia entre el número de separaciones y de divorcios  debido a que dificulta el acceso al divorcio con la exigencia de repetición de los trámites ya realizados para obtener la separación legal, esta doble instancia fue una rémora que los conservadores lograron mantener, mientras que la única ventaja del divorcio en la práctica frente a la separación legal es la de poder volver a contraer matrimonio civil. Este nuevo marco jurídico no tendrá un efecto muy acusado a corto plazo debido principalmente a la coincidencia de los primeros años de democracia con una coyuntura de crisis económica que golpeará con fuerza a la economía española y dará lugar a un aumento del desempleo afectando fundamentalmente a la mujer por su incorporación más tardía al mercado laboral y por sus condiciones de acceso mucho más precarias. En este contexto de crisis y con la desventaja comparativa en su integración en el mundo laboral, las mujeres por lo general van a seguir sin ser económicamente dependientes, no pudiendo por tanto hacer uso de su libertad formal. Un rasgo a señalar en cuanto a la composición de los nuevos hogares es la diferenciación inicial que se produce entre las áreas rurales y las urbanas. Se da en aquellos años una permanencia de hogares de tipo tradicional en las zonas rurales, sobre todo hogares extendidos o polinucleares. Mientras que en las zonas urbanas se tiende a la nuclearización de la familia y a un aumento de la proporción de hogares monoparentales consecuencia del creciente número de procesos de divorcio y separación desde el 81, así como de hogares unipersonales. En la actualidad la evolución social en cuanto a la familia no ha desembocado aún en una sociedad realmente modernizada ya que sigue existiendo un predominio claro de la familia nuclear.

Una vez superada la crisis económica la tasa de actividad femenina no ha dejado de crecer, aunque se aprecia una brecha generacional entre las mujeres que alcanzaron la edad legal para trabajar antes de los 70 y las que llegaron a ella con posterioridad, que tuvieron más oportunidades de acceso a la educación secundaria y universitaria, pudieron retrasar su maternidad, en un momento en que el uso de los anticonceptivos empezaba a generalizarse, redujeron drásticamente el número de hijos y buscaron formulas para permanecer en el empleo tras el nacimiento de estos. La incorporación de la mujer al mercado laboral es una cuestión que va a contribuir de manera esencial al cambio social y económico del país. Una incorporación donde la igualdad laboral ha sido más teórica que real ya que ha significado un coste y esfuerzo enorme para las mujeres.

Además de la hostilidad que surgía por sus propios compañeros varones en el trabajo, a la mujer no se la liberó de las cargas familiares tradicionales, una inmensa mayoría asumió la doble jornada lo que limitaba su promoción profesional. Todo esto unido a la precariedad en cuanto a la forma de acceso, contratación temporal, salarios más bajos, contratos parciales, medidas que en todos los años de democracia la legislación no solo no los ha paliado sino que ha profundizado en ellas.

Las asociaciones feministas, conscientes de la importancia que tenía la incorporación de la mujer al empleo, plantearon la igualdad laboral como objetivo prioritario. En 1977 el MDM, ya convertido en Movimiento de Liberación de la Mujer, organizó las I Jornadas de la Mujer Trabajadora. En 1980 el Estatuto de los trabajadores reconoció la igualdad en el trabajo de los hombres y mujeres, aunque en la práctica es una asignatura pendiente. Antes de iniciarse el debate del Estatuto en sede parlamentaria las mujeres de CCOO, UGT, USO, SU y CSUT con el apoyo de la Plataforma de Organizaciones Feministas dieron a conocer en acto público sus propuestas que fueron presentadas ante la Comisión de Trabajo del Congreso, se encontraban: inclusión del servicio doméstico en el ámbito del Estatuto, no fue incluida; derogación de la prohibición de trabajos penosos o nocturnos a las mujeres, no fue incluida; no discriminación en el acceso y condiciones de trabajo, sí fue incluida; no establecimiento del contrato a tiempo parcial porque feminiza la conciliación de la vida familiar y laboral, no fue aceptada; no discriminación y acción positiva hacia las trabajadoras en la clasificación y promoción profesional, incluida parcialmente; a igual trabajo igual salario, incluida parcialmente; añadir 10 días/año de permiso para atención a hijas e hijos enfermos o personas dependientes y que sean utilizados tanto por hombres como por mujeres, no fue incluida; garantía del derecho al reingreso por excedencia de maternidad o paternidad, no incluida hasta 1989; no consideración de baja por parto como enfermedad y 14 semanas a distribuir por la interesada antes o después del parto, si fue incluida; no computar las ausencias justificadas por enfermedad o cuidado de familiares para el despido por absentismo, no fue incluida; que en protección al desempleo el sujeto protegido fuera la persona, no la familia y desaparición del concepto “salario familiar” atribuido tradicionalmente al hombre, no incluida; No presunción del requisito de “cargas familiares” en los hombres para cobrar el subsidio y en cambio que la mujer tuviera que justificarlas, no incluido. Si se consiguió la nulidad de la dote de la trabajadora por despedirse al casarse, se entreabrió la puerta de reingreso de afectadas por la excedencia forzosa por matrimonio en la banca, RENFE, Telefónica y otras grandes empresas y se inició el acceso a categorías y profesiones antes prohibidas como maquinistas, minería o altos cuerpos de la Administración.

En lo que respecta a la educación el gobierno de UCD no afrontó ninguna modificación. Tras la reforma de 1970 en la que la enseñanza había pasado a ser mixta, se habían unificado los curriculum y desaparecido los programas académicos específicos de Enseñanza de Hogar para las mujeres, el debate se postergó. Se consideró que la coeducación no era un tema prioritario, el curriculum no integró elementos básicos de ambos sexos para su formación sino que se limitó a generalizar el modelo masculino. De este modo, la escuela contribuyó a reproducir las desigualdades, manteniendo de forma sutil los roles sexistas, ignorando los valores y experiencias de las mujeres.

En 1978 se celebró en Granada el II Encuentro de mujeres; Supuso la ruptura de la Plataforma de Organizaciones feministas, que llegó a coordinar cerca de 55 grupos. La ruptura se produjo debido al foso abierto entre autónomas y dobles militantes y entre estas últimas debido a la afinidad a uno u otro partido político.

3. LA ILUSIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

Con las elecciones de 28 de octubre de 1982, llegan al poder, por primera vez desde que desapareciera el Régimen en España y por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lo que a las mujeres del movimiento feminista les supone una posibilidad real de plantear y hacer efectivas muchas de las reivindicaciones que habían sido ignoradas previamente. De romper definitivamente con la sociedad patriarcal impuesta por el franquismo en el estado español, pero como iremos analizando, si bien es verdad que a lo largo de estos años se avanza considerablemente, también nos encontramos con una manifiesta dispersión de los movimientos sociales que afectan de igual manera a los movimientos feministas.

A lo largo de los años 80 asistiremos a cambios fundamentales desde el punto de vista institucional, que intentaremos resumir a lo largo de los siguientes párrafos.

Con la llegada del PSOE al poder empiezan a tenerse en cuenta de forma más seria, las reivindicaciones autonomistas existentes en el País, en nuestro caso Andalucía donde se consigue la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983, afianzándose los derechos de igualdad de todos los andaluces, si bien es cierto que las andaluzas no aparecemos por ningún lado es cierto también que viene a reconocer la condición de andaluza y la igualdad de género entre hombres y mujeres. Estos derechos vienen de la mano del art. 14 de la Constitución española de 1978, anteriormente explicada.

A consecuencia de esta nueva normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, y como reconocimiento a los movimientos feministas de las últimas décadas, la socialista Carlota Bustelo, primera directora y encargada de su puesta en marcha crea el Instituto de la Mujer como organismo autónomo, lo que supone la existencia de un organismo intermediario entre las reivindicaciones del movimiento y las instituciones, cuyo primer objetivo es el de conseguir la implementación de las políticas de igualdad en todos los ámbitos institucionales. Aquí nos vamos a detener un poco para explicar lo que supuso esto para el movimiento feminista, como se ha podido ver a lo largo del artículo éste se divide tras las Jornadas de Granada de 1978 entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia, entre feministas con doble militancia y las que no, las dobles militantes socialistas tuvieron en esta ocasión la oportunidad de hacer efectivas ciertas reivindicaciones de la mano de la apertura del Instituto de la Mujer suponiendo esto la Institucionalización del Feminismo, cuestión que vino a ser muy discutida a lo largo de toda la década, que conllevó la desaparición de algunos grupos dentro de sus partidos políticos, y la creación de otros grupos autónomos desvinculados de las organizaciones políticas institucionales, abriéndose a su vez el feminismo a otros “sujetos” diferentes a los que habitualmente conformaban el movimiento.

Volviendo al Instituto de la Mujer es conveniente decir que se le dota de competencias y presupuesto propios en base al Real Decreto 1456/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Organismo autónomo Instituto de la Mujer, donde quedan fijados en art. 8 [7] los objetivos del Instituto, a través de los cuales podemos ver como se le dota de capacidad para crear y dotar de competencias a las instituciones autonómicas.

A través del Instituto se pone en marcha en esta década el Primer Plan de Igualdad de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de 1988 a 1990, teniendo que esperar en Andalucía hasta 1990 para tener el primero. En este Primer Plan Estatal, muy parecido a una carta de intenciones,  se exponen en torno a seis grandes áreas de trabajo 120 medidas destinadas a mejorar la situación de la mujer en la época, teniendo como referencia los Planes de Igualdad ya existentes en la Comunidad Europea. Los dos primeros se centran en marcar la necesidad de educar a la sociedad en cuanto a cuestiones de género. El I Plan Andaluz, era muy parecido al estatal, marcando siete áreas de actuación: jurisprudencia, educación, cultura e investigación, salud, formación, empleo y relaciones laborales, de atención social y reparto de responsabilidades, de sensibilización y comunicación social y de participación, todas ellas con el objetivo de hacer conocer a la sociedad andaluza la realidad que el 52% de la población vivía, aunque este plan estaba pensado para que se cumpliera entre 1990 y 1992, no será hasta 1995 cuando se ponga en marcha el segundo actualizando los objetivos y las reivindicaciones.

Pero ¿Qué es un Plan de Igualdad y cómo afectó su existencia a los colectivos feministas? Se trata fundamentalmente de un instrumento más para poner negro sobre blanco la problemática con la que se encuentran las mujeres del Estado español o de la Comunidad Autónoma, para poder generar las herramientas que erradiquen el sistema patriarcal imperante. El problema que empieza a surgir con esta institucionalización es que nos encontramos con que el movimiento feminista se vuelve a dividir de nuevo, ya que hay colectivos que sí creen en estas medidas y otros que consideran que se está olvidando a muchas identidades, empiezan así a formarse  colectivos que hablan de nuevos feminismos y que tienen en cuenta a los sujetos de los márgenes y no solo a la mujer estandarizada que creían defender los colectivos clásicos, pero de eso hablaremos más adelante.  Lo más interesante de esto es que se empieza a hablar de medidas específicas y a teorizar sin miedo alguno sobre feminismo, es a raíz de estos planes cuando empezamos a escuchar hablar y a entender conceptos tan fundamentales para la lucha de la igualdad efectiva como transversalidad, mainstreaming, conciliación,…

Una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista español era la despenalización del aborto. En España el aborto sólo ha sido legal durante un corto periodo de tiempo en la II República mientras era Ministra de Sanidad Federica Montseny [8], lo que no ha evitado que se practicara. Con los objetivos de los mandatarios del Estado puestos en conseguir el Estado del Bienestar y como consecuencia de que ya se había legalizado en otros países europeos, se empiezan a escuchar en el Congreso estas reivindicaciones, es así como en 1983 se aprueba la ley orgánica que despenaliza el aborto en casos de riesgo físico o psíquico para la salud de la mujer sin límite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un máximo de 22 semanas) o violación (hasta las 12 semanas). Tras este avance en abril de 1985 el Tribunal Constitucional falla en contra de la Ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de la mujer, el gobierno la modifica, aplicando la necesidad de la existencia de un informe médico que constate los riesgos médicos. La despenalización tal y como queda reflejada supone un importante revés para los grupos feministas que lo habían defendido hasta ese momento, pesando una vez más los principios conservadores de la derecha del país. Muchos colectivos reivindicaban la necesidad de que fuera libre, nombrando expresamente el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad o no, pero no fue así, ya que a día de hoy se sigue reivindicando la libre interrupción del embarazo. Es así como a pesar de todos los esfuerzos del movimiento, el aborto seguía siendo delito excepto en los supuestos conocidos como aborto terapéutico, ético o embriogénico, poniendo de manifiesto la necesidad de la sociedad por seguir manteniendo a la mujer en un papel de minoría de edad, siendo incapaces de darles la capacidad de tomar decisiones por voluntad propia.

Posteriormente, alrededor de 1988 asistimos a la puesta en marcha dentro de los partidos políticos, y gracias a los grupos feministas que participaban de ellos,  cuotas de representación femenina dentro de sus listas de presentación a las elecciones y de los órganos internos que conformaban dichas organizaciones. La necesidad de que éstas existieran y existan vienen dadas de la mano del hecho de que por mucho que estas mujeres estuvieran convencidas y preparadas para gobernar, al igual que muchos de sus compañeros, la educación patriarcal histórica de la sociedad española, hacía que tuvieran que luchar mucho más que sus compañeros para llegar a cotas de poder suficientes dentro y fuera de sus organizaciones, como dato exponer que a comienzos de los 80 tan solo el 6% de las y los parlamentarios del país eran mujeres. Hecho que manifiesta claramente la difícil lucha que quedaba por delante para conseguir la tan deseada igualdad, eran mujeres que a parte de tener que luchar en su ámbito más cercano de convivencia, tenía que hacerlo llevando una doble o triple jornada laboral. Es así como tras numerosas reivindicaciones, las feministas del PSOE como del PCE, empiezan una lucha interna en la que intentan a lo largo de toda la década de los 80 poner de manifiesto la imposibilidad de seguir siendo representación minoritaria dentro de sus organizaciones y de las instituciones. En 1986, tras la incorporación del PCE a Izquierda Unida podemos ver en su programa electoral como “Las mujeres, que representan el 52 por ciento de la población, son olvidadas y marginadas, tanto en su representación política y parlamentaria como en su situación económica y social” [9]. Consiguiendo que a nivel interno se comprometieran a una participación de mujeres del 25%. En el PSOE la trayectoria es muy parecida, estableciéndose tras numerosas promesas, la cuota de representación femenina en un 25% en 1988. Por desgracia no será hasta entrados los años 90 cuando se consigue una aplicación de la cuota de participación en un 60%-40%, y no será hasta el S XXI cuando veamos la aplicación de listas paritarias tanto en la cabecera como en la cola de las listas.

Otro hecho fundamental que marca la década de los 80 es la Huelga General de 1988, cuando se realiza una de las peores reformas laborales de la Historia de España, donde las y los jóvenes, sobre todo iban a llevarse la peor parte, sometiéndolos a un abaratamiento importante del despido y a una reducción de sus derechos laborales. Aquí una vez más las mujeres tuvieron mucho que decir, siendo uno de los colectivos que más activamente participaron de la misma, poniendo de manifiesto la escasa atención que se le estaba dando al problema del desempleo femenino y a la desigualdad salarial existente entre empleos de la misma categoría, hartas de que sus empleos fueran considerados de menor cualidad que los de los hombres, decidieron pasar a la acción participando de la que quizás haya sido la huelga con mayor éxito de la historia del país, siendo los datos de participación en Andalucía de un 70% de las y los trabajadores. La histórica discriminación social de la mujer en el ámbito laboral y el esfuerzo de las mismas por conseguir equipararse a los derechos laborales masculinos, hacen que a partir de 1989 se pusieran en marcha en España medidas de acción positiva para combatir dichas desigualdades, sobre todo a través de los Planes de Igualdad que hemos comentado anteriormente.

Tras la Huelga General de 1988 a Felipe González le es imposible revalidar la mayoría absoluta, lo que supone una subida importante de representación para otros partidos políticos de izquierdas. Con la mayoría de la cámara conformada por fuerzas de izquierdas vemos una subida en la representación institucional femenina, que lucha para conseguir junto con el Instituto de la Mujer otras reivindicaciones históricas como son la reforma del Código Penal o lograr la ampliación del permiso de maternidad a 16 semanas. Fundamental fue la reforma del Código Penal en que se consigue hacer pasar como delito la violencia entre cónyuges o personas unidas por análogos lazos afectivos [10]. Esta reforma viene a suponer un pequeño reconocimiento a una realidad que ya venían poniendo de manifiesto ciertos colectivos feministas de la época, la violencia denominada en aquellos tiempos doméstica.

A continuación intentaremos aclarar cuál es el devenir de los movimientos feministas a lo largo de estos años en los que la institucionalización de las políticas de igualdad es una realidad. Podemos comenzar afirmando que son años caracterizados por la unidad de acción aunque no por la unidad organizativa, ya que veníamos de la ruptura provocada dentro del movimiento en las jornadas de emancipación de Madrid de 1975, entre feministas de la igualdad y de la diferencia, que aunque con diferentes enfoques en ciertas temáticas por ejemplo, en cómo afrontar la prostitución, si es cierto que el objetivo de consecución de derechos para la mujer era prácticamente el mismo. Además viene a ser una división entre aquellas feministas con doble militancia (participantes de partidos políticos y movimientos feministas) y las que opinaban que participar en los partidos políticos no servía para nada al no dejar de ser estructuras patriarcales que participaban de la misma opresión a la mujer que la sociedad existente.

Es también importante, para encuadrar el contexto conocer la desmovilización que se produce en los movimientos sociales en general a lo largo de los años 80, en la primera mitad de los años 80 el movimiento social por antonomasia fue el movimiento pacifista, lógico tras la oleada conservadora producida por los gobiernos de Reagan y Tatcher. La discusión de entrada en la OTAN o no, produce un fuerte movimiento antimilitarista del que participan muchas de las mujeres que militaban en los movimientos feministas. Además desde que en 1982 gana en España las elecciones Felipe González, muchas de las personas que participaban de grupos revolucionarios antifascistas, ven en el nuevo gobierno una cercanía que produce en España una desmotivación de los movimientos sociales existentes, entre ellos en el feminista.

Es interesantísimo cómo en esta época empiezan a cuestionarse materias fundamentales del feminismo como ¿Cuál es el sujeto del mismo? En este sentido tanto las feministas de la igualdad como las de la diferencia coincidían en que existía un sujeto común, mujer, que vivía una realidad opresora por el mero hecho de serlo. Siendo otras feministas las que empiezan a poner encima de la mesa otras realidades de las que parecía que el feminismo clásico se había olvidado, siendo así como empiezan a surgir grupos que reclaman otro sujeto o sujetos diferentes del mismo, tomando como referencia grupos existentes en EEUU. Estas feministas notan que los temas clásicos del feminismo no responden a sus inquietudes y demandas, reclaman que el movimiento clásico se ha olvidado de los sujetos de los márgenes, a saber negras, lesbianas, transexuales, intersexuales, etc. Apareciendo nuevas temáticas de discusión en torno a la construcción del género, que hace que surjan grupos con otros debates como la transexualidad, los cuerpos sexuados, la pornografía o en torno al trabajo sexual remunerado. Estos grupos explotarán a lo largo de los años noventa y principios del SXXI, habiendo conseguido que en la actualidad los colectivos feministas más acordes con las teorías clásicas se vean obligados a trabajar teorías como la teoría queer.

A finales de los años 80 se producen las Jornadas Estatales de Santiago de Compostela, con las temáticas específicas de violencia hacia las mujeres, agresiones sexuales, pornografía, prostitución y violación. Donde queda patente la profunda división entre feministas marxistas (igualdad) y radicales (diferencia).

Llegamos a los años 90 del SXX con un movimiento debilitado y una situación de desmovilización social tanto en España como en Andalucía importante, donde las luchas históricas del movimiento obrero para muchos miembros de la sociedad han dejado de tener sentido y en el que el feminismo se ha institucionalizado plenamente, no solo a través de la entrada de mujeres feministas en cotas de poder o la creación del Instituto de la Mujer, sino a través de una amplia red de mujeres que se especializan en género en distinto ámbito, las promotoras o agentes de igualdad, que son las encargadas de a través de los planes detectar las carencias de igualdad existentes en todos los ámbitos. También surgen numerosas empresas que se dedican a organizar planes de igualdad para empresas privadas o instituciones. Si bien es verdad que esto es un éxito, no es menos cierto que las teorías clásicas feministas tienen poco arraigo entre la juventud de los años 90, pensando que el discurso es arcaico y que la igualdad real existe, siendo las nuevas prácticas vinculadas al movimiento estudiantil u okupa las que tratan temas de mayor interés para las mismas.  

Aún así hasta 1996, año en el que por primera vez gana las elecciones el Partido Popular, se consiguen avances como la sustitución oficial del término hembra por mujer o la incrementación de las penas por violencia conyugal en la Reforma del Código Penal de 1995, aunque estas no aseguraban la prisión preventiva para el maltratador.

Durante los mandatos del Partido Popular, la línea en cuanto a políticas de igualdad fue continuar la senda marcada por el Partido Socialista, limitándose sus reformas a la posibilidad de elección del orden de los apellidos en la inscripción en el registro civil del nacimiento de los hijos.

En 2004 gana las elecciones el PSOE de nuevo por mayoría simple, lo que supone un nuevo horizonte para las políticas de igualdad, siendo durante su primera legislatura cuando se ponen en marcha las leyes que más van a marcar la diferencia respecto al periodo anterior, como hitos fundamentales de este periodo cabe destacar la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Matrimonio homosexual (Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio), la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la reforma educativa de 2007 con la entrada en las aulas de la asignatura educación para la ciudadanía,  la Creación del Ministerio de Igualdad en 2008 y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010.

Empezaremos comentando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral sobre la Violencia, en la que se recogen muchas de las reivindicaciones realizadas por los grupos feministas a lo largo de la historia, pero que también carece de otras cuestiones como iremos viendo. La Ley era cada vez más necesaria, tras las numerosas campañas de sensibilazión llevadas a cabo por los movimientos feministas, en 2004 las denuncias por “violencia doméstica” se elevaban a un total de 91.865, lo que suponía un reto real a la instituciones para solventar el problema, la valentía que mostraban estas mujeres tenían que tener respuesta en la legislación. Las reformas previas, realizadas en 1985, 1995 y 1999, sirvieron para esclarecer el problema, visibilizarlo, pero no para ponerle solución. La Ley de 2004 es la primera que no deja solo en manos del derecho penal el problema sino que entiende que se tiene que tratar desde numerosos puntos de vista, intervención policial, asistencia sanitaria,…Agrava la pena de los delitos por  lesiones, en el delito de malos tratos no habituales eleva la pena mínima de prisión de 3 a 6 meses, también en el quebrantamiento de las penas, constituye como delito las amenazas leves contra la esposa o mujer, eleva a delito las coacciones leves, que previamente eran faltas,… Estas reformas lo que vienen a afirmar es que las coacciones, lesiones y amenazas que pueden ser leves en las relaciones interpersonales, si se producen en el marco del conflicto de género en la pareja y en los términos del síndrome de la mujer maltratada, deben ser más graves [11]. En Andalucía todo esto tiene su reflejo en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, donde se articulan las medidas de protección, atención y de recuperación integral de las mujeres, se crea para esto también el Observatorio Andaluz de Violencia de Género y una Comisión institucional de Coordinación y Seguimiento de acciones para la erradicación de la Violencia de Género, donde tienen representación las consejerías de la Junta, los ayuntamientos, las asociaciones de mujeres y otras entidades que trabajan en la prevención del maltrato y en la atención a las víctimas. Pero estas medidas y en concreto la Ley integral ha carecido de cuestiones fundamentales como la participación en la elaboración de las mismas de las mujeres a las que se dirigen las acciones, esta destinada a las mujeres que denuncian estos abusos, pero qué sucede con aquellas que no tienen la situación o formación necesarias para denunciar, tras los recortes económicos acaecidos durante los últimos años encontramos un conflicto entre las Comunidades Autónomas, que tienden a recortar en estas cuestiones al no ser primordiales o no se ha tenido en cuenta la situación de las mujeres migrantes que a consecuencia de la existencia de la Ley de Extranjería no se atreven a denunciar a sus parejas y lo más importante se habla de las soluciones a la violencia machista pero no se plantean alternativas a la de la estructura patriarcal existente en Andalucía, España y las instituciones en general, siendo ésta la que genera todas las violencias posibles realizadas sobre la mujer.

Otra de las leyes que entran en vigor a lo largo de la primera década del SXXI es la Ley de Matrimonio Homosexual, que supone una enorme conquista de los grupos de LGTBI de este país, pero que entra en un feroz conflicto con la derecha y la Iglesia convirtiéndose de un día para otro en grupos perfectamente organizados que deciden salir a la calle a intentar frenar el avance de los derechos adquiridos en el país. Dentro del movimiento feminista el conflicto que se plantea es si realmente es positivo adquirir un derecho sobre una institución tan sumamente patriarcal como es el matrimonio, pero independientemente de eso, la adquisición de un nuevo derecho en base a la organización civil existente es un logro. En 2005 50 diputados ‘populares’ encabezados por Ignacio Astarloa, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la norma en el mes de septiembre, apelando a la definición que la Carta Magna hace del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer y a la protección de los menores de edad. Desde entonces la Federación estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, no han cesado en su intento de solicitar la retirada de tal recurso del Tribunal Constitucional al Partido Popular.

Se aprueba también la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que tiene su reflejo en Andalucía en la Ley 12/2007, y que intenta abarcar, sin éxito, de forma transversal todos los aspectos de la sociedad para evitar las discriminaciones por razones de sexo. Donde como principio fundamental se plantea la transversalidad de las políticas de género en todos los ámbitos de las administraciones públicas, la inclusión de informes de impacto de género en todas las propuestas de Ley, la aprobación de un Plan estratégico de igualdad cada cuatro años, el uso de un lenguaje no sexista y el cuidado en la imagen pública que a través de campañas o medios de comunicación se dé de las mujeres y la igualdad, se instaura la participación equilibrada en todos los ámbitos de participación e institucionales de los dos sexos de forma paritaria, se pide el fomento de la igualdad en los centros universitarios y enseñanzas obligatorias, etc. Pero no dejan de ser medidas tímidas que a falta de recursos económicos no se pueden poner en marcha en su totalidad, ya que a día de hoy, la igualad real en Andalucía y España no deja de ser una utopía a la que no se llegará hasta que no empecemos a comprender que lo que hay que cambiar es el imaginario social en torno a la mujer, desvincularla de sus responsabilidades “extras” para que puedan acceder con los mismos derechos que los varones a todos los estratos de la sociedad, y no de una sociedad patriarcal como la actual, que nos seguirá dejando fuera del sistema, sino de una sociedad igualitaria. Porque al mismo tiempo que las instituciones consideran que es necesario realizar una ley de igualdad de oportunidades, planean y plantean la Ley de Dependencia, ley profundamente criticada por los sectores feministas del país, ya que ante el espejismo de querer premiar económicamente a las cuidadoras, nos encontramos con que de un plumazo se quitan de las listas del paro a miles de mujeres que así se quedan en casa sin necesidad de tener que buscar nada más para realizarse, y se ahorran inversiones en especialistas y centros especializados en la atención a las personas con algún tipo de dependencia.

Otra reforma de 2007 digna de mención es la Reforma educativa, en la que entre otras medidas se implanta como nueva asignatura educación para la ciudadanía, que a pesar del triste debate generado en contra por los sectores conservadores del país, no dejaba de ser una asignatura en la que lo que se pretendía era inculcar educación en valores, pero reduciendo toda la transversalidad de los mismos en una materia. En la reforma educativa se plantea desde primaria la necesidad de educar en los principios de igualdad a las y los estudiantes.

Como consecuencia de esta institucionalización del feminismo, que no deja de ser otra forma de generar el espejismo de la igualdad, se crea el Ministerio de Igualdad en 2008, lo que supone que por primera vez en la historia del estado español iba a existir una institución específica orientada a conseguir la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, y a implementar las leyes que se estaban aprobando, dándole la importancia que se merecía al tema que estamos tratando. Pero a consecuencia de la crisis económica que sufre el país tan solo dos años más tarde se decide su eliminación, lo cual no deja de ser triste al suponer tan solo el 0,03% de los presupuestos generales del estado, pero esto solo era una alerta ante lo que nos esperaba y era el recorte de todas las políticas de igualdad en todo el país, hasta llegar prácticamente a su eliminación total en la actualidad, siendo una vez más las mujeres las que sufrimos la situación social, política y económica existente.

Por último comentar la entrada en vigor en 2010 de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que aunque no supuso la libertad absoluta de la mujer a la hora de decidir sobre su cuerpo, si contenía nuevos supuestos a despenalizar, estos son la consideración de la educación sexual como materia curricular, la formación de profesionales en materia de interrupción de embarazo, el acceso universal a los métodos anticonceptivos, la libre decisión de la mujer para abortar dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la posibilidad de las menores de 16 años para abortar sin la autorización del tutor o tutora legal o la regulación individual de la objeción de conciencia. Quedando fuera peticiones del movimiento feminista como son la gratuidad de los métodos anticonceptivos o la libertad absoluta de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. En la actualidad este debate se ha reavivado de forma drástica ya que el actual gobierno pretende, con la puñetera excusa de defender la vida, volver la vista atrás y deslegitimar eliminándo los derechos conseguidos.

En cuanto al movimiento feminista en los primeros años del SXXI es importante reivindicar el papel que los movimientos autónomos feministas están teniendo con un importántísimo auge de los movimientos queer, no cesan en su intento de dar a conocer las nuevas realidades sexuales existentes en la sociedad española, caben destacar en este aspecto la importancia que tuvieron las Jornadas Estatales de Granada de 2009, cuando por primera vez en la historia del feminismo español se convirtieron en protagonistas del cambio. Los temas tratados suponían para estos nuevos feminismos la oportunidad perfecta para reivindicar los nuevos modelos sexuales y los nuevos sujetos de los que el feminismo clásico se había olvidado, se habló y mucho de identidades, cuerpos y sexualides, devenires, en un ámbito que a muchas nos hicieron abrir los ojos sobre la evolución del movimiento.

4. LA REBELIÓN DEL SISTEMA

Desde el año 2008 nos encontramos dentro de la mal llamada “crisis de sistema capitalista-financiero” que está dando como consecuencia el desmantelamiento del Estado y de las políticas sociales que tanto afectan en la consecución de la igualdad. Los resultados de estas políticas económicas tienen un impacto rápido y visible en la vida de las mujeres y es que el estado redefine y expande lo “privado” para así invisibilizar los costes de desplazamiento de la economía remunerada a la no remunerada. El trabajo invisible de las mujeres aumenta cada vez que el estado deja de asumir funciones relacionadas con las ayudas sociales, ya que son las mujeres las que sustituyen al estado [12].

Los recortes brutales en gasto público comenzaron en diciembre de 2009, tras ellos no han dejado de sucederse Reales Decretos que arrollan los derechos sociales, laborales y civiles que después de tantas décadas de lucha conseguimos conquistar. Las medidas que han aprobado para arrebatarnos nuestro medio-estar han sido muchas, muchísimas, tantas que debido a la extensión del artículo nos vemos obligadas a destacar las que han supuesto una mayor conflictividad social o un mayor conocimiento por la sociedad. Se han producido recortes presupuestarios en la Administración General, la Autonómica y la Municipal, lo que ha afectado a la intensidad y calidad de los servicios públicos, tan escasamente desarrollados en nuestro país, repercutiendo inevitable y fundamentalmente, no solo en la degradación de Sistemas como el educativo (reducción del profesorado, aumento de horas lectivas, disminución de sueldo, elevación de ratio escolar, aumento de las tasas universitarias, disminución de becas, recorte en la partida presupuestaria, etc.) o el sanitario (aumento del tiempo de trabajo, reducción salarial, recorte en los recursos, medicamentos fuera del sistema sanitario, recortes en el transporte sanitario, etc.) que ya estamos viendo, sino en un agravamiento de carencias tan notables como la falta de escuelas infantiles, la atención a la dependencia, las ayudas a las familias, transporte rural... que, según todo el mundo reconoce, lastran o truncan el desarrollo profesional y laboral de las mujeres. Porque todavía subsiste la insostenible asunción por las mujeres del 83% al cuidado de la infancia y de los 2,8 millones de personas en situación de dependencia en nuestro país. Los recortes en inversión y en gasto social mermará aún más el ya reducido camino hacia la igualdad, porque las fuentes de empleo para las mujeres están en el sector servicios y en las administraciones públicas. En la situación actual cualquier recorte en gasto público que redunde en una reducción o eliminación de los servicios públicos dirigidos al cuidado y atención de menores o personas dependientes supone un retroceso para las mujeres que seguirán viéndose obligadas a continuar asumiendo el doble papel de mujer trabajadora y cuidadora.

Las  trabajadoras fuera del hogar dedican a su familia y hogar de media 9 horas más a la semana que los hombres. Además son las que llevan el peso de 9 de cada 10 familias monoparentales. Y en los pueblos, cuando una mujer convive con una persona en situación de dependencia mayoritariamente suele ser ella su cuidadora y una de cada tres mujeres mayores de 65 años dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de los nietos.

Por otra parte la disminución del gasto social, además de los ámbitos mencionados, está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes se están aplicando a muchos servicios específicamente destinados a cubrir sus necesidades o intereses como el Ministerio de Igualdad anteriormente mencionado, los Institutos de la mujer, los servicios de ayuda jurídica o los destinados a luchar contra la violencia de género. En cuanto al mandato de ampliación por la Ley de Igualdad del permiso de paternidad a cuatro semanas, las políticas de recortes han suspendido dicha ampliación.

En estos años la participación de las mujeres en el mercado aumentó, pero las condiciones bajo las cuales se insertan son desfavorables. Condiciones que antes de la crisis capitalista y con más crudeza y contundencia durante ésta desregularizan, eliminan legislaciones protectoras e instituciones con la excusa de que constituyen barreras para la flexibilidad y la competitividad. La mujer en el mercado de trabajo se ve atrapada en una jornada interminable, a causa del aumento del trabajo gratuito e invisible del hogar y ahora, además, accede al mercado de trabajo como trabajadora “genérica”, flexible, con capacidad de adaptación a horarios y a distintas tareas, sustituible por otra que acepte las condiciones de sobreexplotación. Porque todavía a finales del año 2012 las mujeres en España sufrimos una desigualdad retributiva de más del 25% con respecto a los hombres; nuestra tasa de actividad es menor; duplicamos la permanencia de tiempo en búsqueda de empleo; no tenemos las mismas posibilidades de cobrar prestación por desempleo por lo precario de nuestros contratos; además esa prestación es de cuantía inferior a la de los hombres en la misma medida que lo es el salario; soportamos el 76% del ahora más ampliamente bonificado contrato a tiempo parcial, por no poder encontrar un trabajo a jornada completa; la mayor parte del trabajo feminizado se encuentra en el sector servicios, un sector con  más alto índice de temporalidad. Todas esta discriminaciones se mantienen vigentes y son apoyadas por las dos últimas reformas laborales que se han llevado a cabo por el PSOE y PP cuyos objetivos fundamentales son una mayor flexibilidad de la regulación laboral, ampliación de los poderes empresariales en la gestión de trabajo, en detrimento de los trabajadores y que supone un ataque directo a la posibilidades de conciliación al dar al empresario poder para distribuir la jornada de trabajo o para aplicar la movilidad geográfica de los trabajadores y trabajadoras, abaratar el despido, abaratar los costes laborales de la contratación precarizando al máximo algunas modalidades de contratos dirigidos a colectivos en desventaja en el mercado laboral (bonificando el contrato a tiempo parcial y flexibilizando el contrato de formación), entre los que se encuentran las mujeres. Sin tener en cuenta el retroceso que estas medidas implican para la igualdad de oportunidades.

Otro grupo de medidas de recorte han ido dirigidas a la congelación de las pensiones o a subidas irrisorias que han sido luego absorbidas por el aumento de la carga impositiva, a las rentas medias y bajas, a través de impuestos como el IRPF o el IVA. Además señalar que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incrementó los años que se tiene que estar trabajando y la edad  de jubilación, lo que aumentará la discriminación de las mujeres, cuyas vidas laborales tienen “lagunas de cotización” (periodos en los que no has estado dada de alta) por la precariedad laboral y la feminización de los trabajos domésticos y de cuidado. España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres excluidas del mercado de trabajo por tener que cuidar de hijos y familiares dependientes. Prescindir del impacto de género que tendrán los recortes del sistema de pensiones, el alargamiento de los períodos mínimos de cotización, las nuevas imposiciones y requisitos representará una medida que ahondará las desigualdades. Las diferencias contributivas son las causantes, junto a la feminización de las pensiones no contributivas, de que una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza, es decir que tiene unos ingresos menores de lo que se consideran necesarios para poder subsistir.

Como estamos viendo, se está produciendo una contraofensiva capitalista-patriarcal, en la que el sistema capitalista está en un proceso de imposición de restricción de derechos y recursos a las y los trabajadores y el sistema patriarcal ligado a ese sistema capitalista hace que esas restricciones estén afectando de forma mucho más cruenta a las mujeres. Pero además en nuestro país se une la entrada de un gobierno con una fuerte ideología patriarcal, eclesiástica y de domino-mando lo que está dando como resultado una reversión a situaciones pre

constitucionales. Tales medidas serían la posibilidad de segregación de género en las escuelas, eliminación o reforma del material educativo igualitario como la Educación para la Ciudadanía, no garantía del derecho de interrupción voluntaria del embarazo en las Comunidades que gobierna, así como intención de modificar la actual Ley de plazos, no venta de forma adecuada de métodos anticonceptivos, custodia compartida impuesta judicialmente.

“Las mujeres constituyen la mitad de la población en todos los países. Apartar a las mujeres y excluirlas de la participación en la vida política, social, económica y cultural significaría, de hecho, tanto como privar a la población de cualquier comunidad de la mitad de sus capacidades”. Shirin Ebadi, abogada y activista iraní.

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